El caso del mega fraude que tenía preparado Peña Nieto con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco , aún no llega a su fin,- pese a que está sepultado como proyecto-, pues existen víctimas que reclaman justicia, con una persistencia que es digna del máximo reconocimiento, pues no hay que olvidar que se inicia con el gobierno de Vicente Fox y ante las agresiones sufridas y la confabulación en la impartición de la justicia, el asunto se traslada a las instancias internacionales y éstas han condenado al Estado mexicano , que hoy representa el presidente López Obrador, quien tendrá, obligadamente, a cumplir que es vinculante.
Resulta que Fox , en abierta alianza con el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto , se proyecta la monumental e histórica construcción del aeropuerto y para ello se afectarían varios ejidos y cuando parecía todo era miel sobre hojuelas,- salvo el pueblo de Santiago Atenco- que, en abierta oposición resistió la presión del poder presidencial y de las policías federales y estatales, la primera dirigida por el hoy ministro de la suprema Corte de Justicia Medina Mora y la segunda por el gobernador de ese Estado en ese entonces y con violencia sexual, como práctica represiva, ocasionó daño a los derechos humanos de varias mujeres y once de ellas, con dignidad extrema, dan la batalla y, aunque tarde, desde el 2006, tendrá que indemnizarlas con un millón 496 mil dólares, además de 30,000 dólares para su defensa.
El atropello monumental se consumó a grado tal que los campesinos y sus esposas, fueron detenidos y violadas – más de treinta mujeres- y su encarcelamiento duró hasta que el poder no pudo hacer más por mantenerlos en prisión, sin embargo, ante la violación a los derechos humanos que no protegió la Suprema Corte de Justicia, se acudió a las instancias internacionales y la Corte Interamericana de derechos humanos ha condenado al país a que se castigue a los responsables, a la indemnización respectiva y a la no repetición de esos abominables actos.
Sin embargo, si bien ya la secretaría de gobernación , en representación del Estado mexicano ha hecho pública condena y reconocido su responsabilidad en los hechos, no se ha procedido penalmente contra los que encabezaron esta infamia, de ahí que, se siga exigiendo justicia, de manera tal que las once mujeres ultrajadas, que participaron en Ginebra, sede del comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT) y los organismos de derechos, no quedaron satisfechos con lo expresado por la representante del gobierno de México, pues existen constancias de denuncias por esos actos que, de entrada, el Estado debe reconocer y castigar y en el caso de Atenco, es cosa juzgada.
En este orden de ideas, si pende la sentencia de la ONU sobre el caso de Lydia Cacho contra el gobierno mexicano y ya existe un procedimiento de investigación e integración para castigar a los responsables de las agresiones que sufrió la periodista y escritora, ahora se está en espera de que se ahonde en las sanciones que la Corte Interamericana de derechos humanos ha ordenado contra los responsables de Atenco , en donde, obviamente, se encuentra el expresidente Fox, el procurador general de la República, el secretario de seguridad pública federal, el gobernador Peña Nieto y sus policías, así como las autoridades municipales, abriéndose el caso y, con una investigación exhaustiva de la responsabilidad federal y estatal, se sienta el precedente que el estado mexicano tiene el deber de esclarecer la participación de la cadena de mando en estos
acontecimientos y castigar estos actos de tortura, no solo desde el punto vista sexual sino de los que ocasionaron a quienes fueron detenidos.
Si en el caso de la periodista Cacho ya existe orden de aprehensión contra el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, no es remoto que pronto se anuncie lo procedente contra Peña Nieto por sus actos en el caso de las mujeres violadas y demás actos de tortura que se integra en una cadena amplia de responsabilidades.
Con los principios torales de presunción de inocencia , legalidad de la detención y debido proceso el estado mexicano tendrá que cumplir con esta condena en donde, sin contemplaciones, serán llamados a juicios todos los involucrados, hecho histórico que enorgullece a todo país democrático y de derecho, pero sobre todo a quienes resistieron esos embates deleznables . limacobos@hotmail.com
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