Entre los cambios concretados o en marcha el de la austeridad gubernamental es lo más promisorio y útil que se puede hacer. Todavía es más discurso, aunque se tendrá que reflejar en los nuevos presupuestos; sin embrago, ya se volvió un tema central en el debate e interés público. Es bastante sano que por medio de la austeridad se recupere el sentido auténtico del servicio público y se deje en el pasado la concepción de la actividad política como medio de enriquecimiento. No debe ser vista como moda o como pose, se correría el riesgo de la simulación y el histrionismo. Como elemental complemento también deben ser más vigilados el amiguísimo, la improvisación y el nepotismo a la hora de integrar equipos de trabajo en el servicio público. La austeridad por sí sola trae ahorros e implanta un nuevo espíritu de servicio pero no garantiza honradez y eficacia; hacen falta otras cualidades de los servidores así como la consolidación de mecanismos de control. Eso es básico y propio de las democracias. La austeridad se aplica, no se anuncia; siempre habrá el riesgo de volverse rollo demagógico, por lo cual debe tratarse con seriedad.
Ahora que se presentó el presupuesto de egresos de la federación han obtenido gran visibilidad algunas zonas de nuestras instituciones, como son el Congreso, el Poder Judicial y las Universidades. Se propone ahí un recorte de sus recursos para el próximo año. Solo se conocen las cifras en lo general. En esos términos es fácilmente censurable dicha propuesta; si se conocieran los detalles, es decir, exactamente a qué actividades afectan, se podría tener un criterio firme. De todos modos no es ocioso que se abunde en una deliberación social sobre las condiciones económicas de esas instituciones y se conozca su realidad. De haber excesos y privilegios, altamente probable en sus cúpulas, tiene que haber alguna consideración de ajustes. Lo más sano es que haya un auto iniciativa, que se genere un acto de conciencia y, en consecuencia, hagan lo correcto en el sentido de ubicar percepciones y gastos tanto conforme a la ley como al contexto económico del resto de nuestro país.
Se puede decir siempre, porque su necesidad y urgencia es de mucho antes, porque es clave en todo, que la participación ciudadana es indispensable para el desarrollo democrático de una sociedad. Antes y ahora, con o sin autoritarismo, con o sin democracia plena, la participación de la gente en los asuntos públicos es fundamental para los cambios progresistas. Necesitamos una participación permanente y básica, que no se reduzca al acto electoral o a algún tipo de fugaz manifestación, por ruidosa que sea. La formación de CIUDADANIA es un proceso que involucra a las instituciones públicas y sociales y requiere protección de la dignidad y ejercicio de la libertad. Un ciudadano es una persona que cumple con sus obligaciones y ejerce sus derechos. En tanto vive en sociedad es parte del colectivo pero nunca deja de ser individuo. CIUDADANIA no es masa ni clientela. Pensar en pueblo como receptor de mensajes y consignas, como algo homogéneo, es degradar a la ciudadanía y a la democracia. El cambio verdadero para ser tal tiene que hacerse cargo de nuevas concepciones y renovadas prácticas donde se fortalezcan los derechos y se respete, sobre todas las cosas, la dignidad de las personas.
La única garantía de que la nueva realidad política de nuestro país tome un rumbo positivo es, además de los contrapesos de toda democracia, la participación ciudadana, informada y constante. Avanzar es dejar atrás el paternalismo, se envuelva como sea, es asumir una condición de derechos, lejos de lo asistencial y el clientelismo. Habría cambios y algo nuevo si se abandonan esas prácticas históricas en nuestro autoritarismo del partido oficial y poder hegemónico. Habrá que ver el talento y las convicciones de los nuevos gobernantes en todos los niveles.
Recadito: por lo menos en el año que llevan no se ha notado el cambio verdadero en Xalapa.
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