Finalmente ocurrió lo que se esperaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Plan B de la Reforma Electoral, el ministro Javier Laynez Potisek en su resolución tiro la iniciativa presidencial para reformar leyes secundarias en materia electoral. El asunto no tuvo una discusión de fondo, no era necesario ante la aplastante mayoría de 9 ministros alineados a la presidenta Norma Piña. Es un asunto de costumbre en las últimas resoluciones; liberar delincuentes, liberar cuentas congeladas por el gobierno federal de familiares de procesados, permitir acceso a resoluciones –fundadas en la ley- que afectan la justicia vista esta desde un punto de vista social, es decir de un enfoque que sea para el beneficio ciudadano. Eso sí que no, y si provienen del jefe del Ejecutivo Lic. Andrés Manuel López Obrador, con mayor razón, las iniciativas se rechazan sin discusión.
La presidencia y mayoría de los ministros de la SCJN están alineados con sus benefactores, es decir desde quien los propuso para llegar a esa posición como de los múltiples nexos que mantienen con un mundo en extinción, si con un México en extinción; me refiero al país que sus voceros dicen que AMLO destrozó –lo cual es cierto- ese país de la gran desigualdad, donde los pobres no existían o si los había era mejor esperar a su extinción, política social simplemente no existía.
Esta mayoría de ministros de la SCJN no representan ni al pueblo (concepto que no existe en sus mentes) ni a los intereses de grupos mayoritarios, el único valor de referencia para ellos es el valor económico, el sostenimiento de una élite de privilegios y privilegiados; así pueden defender a delincuentes procesados y sus familiares como Genaro García Luna, por citar un ejemplo.
El presidente López Obrador tiene en sus facultades modificar la corte; al presidente Ernesto Zedillo no le tembló la mano, el 1 de enero de 1995 cerró por un mes la SCJN y por medio de la figura de jubilación inmediata separó de su cargo a sus 26 ministros, todo sucedió en un mes; Zedillo firmó la iniciativa y promulgó reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, proceso que tomó 52 días (del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995). En aquellos días no se escucharon expresiones de corrupción, tráfico de influencias, compadrazgos, plagio de tesis, liberación judicial de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices, o algo por el estilo. El argumento formal fue: es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. La interpretación generalizada fue: Zedillo no quiere una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Los medios de comunicación eran parte de la oligarquía, estaban bien comprados. La reforma redujo de 26 a 11 en número de ministros de la SCJN; creó el consejo de la Judicatura,; incorporó recursos como la controversia constitucional y acciones de incunstitucionalidad, jubilación inmediata de los 26 ministros y estableció el límite de 15 años para ocupar el cargo de ministro que antes era vitalicio. Algunos académicos consideraron como un golpe de Estado la reforma de Zedillo. En aquel momento solo dos de los 26 ministros cesados fueron propuestos por Zedillo para integrar la Corte renovada; Mariano Azuela Guitrón y juan Díaz Romero.
Esto ocurrió en 1994-1995, hoy son otros tiempos completamente diferentes; hoy López Obrador es el presidente más legítimo y fuerte en la historia moderna, incluso concentra el liderazgo y fuerza política mayor a la que tuvo el expresidente Lázaro Cárdenas. El liderazgo de Obrador viene de luchas populares de izquierda, de una trayectoria vertical. Su posición tiene una característica singular que es la pedagogía política, es decir convence para vencer y en ese ejercicio no hay quien le gane, hoy la SCJN se ha convertido en un bastión de la oposición de derecha, desenmascararla con sus desatinos le lleva a ser cada día más cuestionada y rechazada; convirtiéndose también en un instrumento del discurso político que le va demoliendo pausadamente en una ruta de lo electoral y que –obviamente- es utilizada para incentivar al voto más “parejo” o demoledor en 2024. El Plan C significa eso, invitar a los ciudadanos a votar indistintamente por la posición de Obrador, de Morena, obtener mayoría calificada –dos tercios- en el Congreso y terminar de una vez con algunos lastres como la SCJN. Es cuestión de tiempo.
PD. Agradezco la lectura y me disculpo por excederme en el espacio, dejo temas pendientes.
@raulcaraveo
*Raúl Caraveo Toledo es licenciado en ciencia política por la UAM, ex catedrático de las Facultades de Psicología y de la Facultad Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, ha sido analista de estudios económicos de PEMEX y Consejero electoral del IFE-INE de Quintana Roo de 2005 a 2015, ex asesor de la XIII legislatura de Quintana Roo, Corresponsal en México de La Prensa de Chicago, EEUU, escribe para Chicago, Illinois en www.laprensaus.com y www.vocesmigrantes.us y en México para www.insurgentepress.com.mx www.gobernantes.com www.quintanaroohoy.com www.revistadigitalqr.com.mx www.diarionoticias.mx www.sinlineamx.com
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