En México los casos de indulto otorgados por el poder Ejecutivo no son nuevos, lo más cercano es 2013 cuando existe ya una figura jurídica que permite –de manera excepcional- el indulto a un preso con sentencia, siempre y cuando existan indicios de violaciones breves a sus derechos humanos. Modificación al Código Penal Federal, adicionando el artículo 97 Bis, aprobadas por el Congreso de la Unión donde se establece que el Presidente de la República podrá conceder dicho recurso por cualquier delito del orden federal o común, por iniciativa propia o a petición del Pleno de alguna de las cámaras del Congreso.
La historia nos recuerda casos de indulto significativos como el del caso del general José Ma. Morelos en su lucha por la independencia al ejército realista de Calleja, quien creyéndolo débil le ofrece el indulto a él y su ejército si a cambio se rendía y reconocía al gobierno Español, a lo que Morelos contestó; “Nosotros hemos jurado sacrificar nuestras vidas y haciendas en defensa de nuestra… patria. Ya no hay España, porque el francés se ha apoderado de ella. Ya no hay Fernando VII porque él quiso ir a su casa de Borbón en Francia y entonces no estamos obligados a reconocerlo como rey, o lo llevaron a la fuerza, y entonces ya no existe. Y aunque estuviera, a un reino conquistado le es lícito reconquistarse y a un reino obediente le es lícito no reconocer a su rey, cuando es gravoso en sus leyes que resultan insoportables, como las que de día en día nos iban cargando a este reino los malditos gachupines. Os diré por último que nuestras armas están pujantes y la América se ha de poner libre, queráis o no queráis vosotros”.
“Ante la tenaz resistencia insurgente y el fracaso de los intentos por derrotarla, Calleja determinó después de consultar con el virrey hacer circular el bando de indulto en cuyo reverso Morelos anotó: “Otorgo igual gracia a Calleja y los suyos”. A pesar de que la oferta fue rechazada, Venegas emitió una proclama el 11 de mayo de 1812 ofreciendo el perdón a los insurgentes y una recompensa a quien entregara a Morelos. Durante la gesta independista mexicana el virrey Apodaca tuvo mucho éxito la vía del indulto, porque muchos de los principales jefes se acogieron a esa gracia. Poco después se ofreció una amnistía más amplia dirigida a rebeldes que estuvieran ocultos o sometidos a proceso. Entre los principales jefes que se indultaron estaban Andrés Quintana Roo y Carlos María Bustamante.”(1)
Susana Hernández Espíndola sobre el tema menciona sobre “el modernismo de Díaz” su famoso “mátalos en caliente”; Díaz en 30 años olvidó olímpicamente que tras su sublevación del Plan de la Noria, 1871, contra la reelección de Juárez, a la muerte de éste, él mismo fue indultado con la Ley de Amnistía promulgada por el nuevo presidente Sebastián Lerdo de Tejada. La pena de muerte se previó en la Constitución de 1917, por homicidio con alevosía, parricidio y traición a la patria, la última ejecución civil ocurrió en 1937 y, en el ámbito militar, en 1961. Para 1975, todos los estados de la república mexicana habían abolido la pena de muerte aunque a nivel federal seguía existiendo, hasta el 2005.
David Alfaro Siqueiros aprehendido en agosto de 1959 por disolución social, siendo presidente del “Comité de Presos Políticos y la Defensa de Libertades Democráticas”; miembro toda la vida del Partido Comunista permanece 4 años en Lecumberri, a los 68 años de edad pide clemencia y el presidente López Mateos le devuelve la libertad.
Ernesto Zedillo al final de su mandato concede el indulto –bajo muchas contradicciones- conmuta pena de muerte por prisión extraordinaria de 20 años a tres marinos; Hermenegildo Pichales Campechano, Venustiano Valdés Santiago y José Guadalupe Ramos Gómez; los tres fueron sentenciados a pena capital por el Supremo Tribunal Militar culpables de violencia contra vigilantes, insubordinación e infracción de deberes comunes ocurridos en las instalaciones de la Marina en Chetumal, Quintana Roo el 21 de octubre de 1994.
Vicente Fox da indultos -más publicitarios- a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a luchadores sociales de Michoacán y hasta militares. El impresentable Felipe Calderón quien gobernó a punta de bayonetas, causando más muertes que la colonia, admirablemente también da indultos; “La primera vez fue en diciembre de 2007, para Michael Huesca Arias, acusado de robo calificado por un juez de la Ciudad de México. Extrañamente, ni la secretaría de gobernación ni la Presidencia de la República dieron mayores detalles sobre el caso. El 12 de septiembre de 2011, Antonio Ortega Gallardo, quien había sido sentenciado a 11 años de prisión por violar a dos menores en una preparatoria de la Ciudad de México, fue el segundo ciudadano que recibió el perdón presidencial. Sus abogados argumentaron que el juicio que lo llevó a esa condena se sustentó en irregularidades, por lo que promovieron un “incidente de reconocimiento de inocencia” que, al final, implicó el indulto calderonista.
Ortega Gallardo fue detenido en mayo de 2007 tras la difusión de su retrato hablado, hecho por una de sus supuestas víctimas, quien logró huir. Pero durante su proceso no hubo careo con las acusadoras ni se presentaron pruebas periciales, sino que fue juzgado teniendo como única prueba el retrato hablado.”
Quizá la mejor estrategia de Calderón fue evitar indultos espectaculares, publicitarios a cambio de poner al servicio de algún cártel a las fuerzas armadas, como el tiempo lo comprobaría más tarde. Sin embargo la descomposición siguió a ese nivel:
Enrique Peña Nieto le otorga el perdón a Othón Cortés Vázquez, acusado de cómplice de Mario Aburto Martínez en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio; solo permaneció un año preso, pagó 18 millones, como él declaró; “Yo le debo 18 millones de pesos al Estado Mexicano, por haber demandado”, dijo al regresar, en marzo, a Lomas Taurinas. “Desde que salí de prisión demandé a la Procuraduría, al presidente Zedillo, al procurador Lozano, al fiscal Pablo Chapa y a los de la Policía Judicial Federal, que me torturaron. Pedí reparación de daños por 7 millones de pesos, pero luego me demandaron de la Corte Suprema por el pago de 18 millones de pesos”.
“El gobierno federal”, continuó, sigue dando ‘atole con el dedo’ a la ciudadanía porque sabe muy bien que el autor intelectual de la muerte del político sonorense fue el ex presidente Carlos Salinas de Gortari”.
Otro caso interesante del sexenio de Peña Nieto es el de Alberto Patishtán, en junio de 2000, en Simojovel, Chiapas, cuando un comando emboscó a una patrulla de nueve personas –siete murieron y dos resultaron heridas- entre ellas Rosemberg Gómez Pérez, hijo del presidente municipal, Manuel Gómez Ruiz, con el que el profesor tenía diferencias políticas. A pesar de haber demostrado Alberto que no pudo estar en ese sitio a esa hora y día, fue sentenciado a 60 años de prisión; en julio de 2012 encarcelado sufrió problemas de la vista que requerían cirugía urgente; su abogado llevó el caso hasta el Poder Judicial Federal, pero la SCJN rechazó atraerlo; para el 12 de septiembre de 2013 un tribunal en Tuxtla Gutiérrez negó la libertad a Patishtán aduciendo que nunca aportó elementos suficientes para invalidar las pruebas que sustentan la sentencia que se le decretó. Sin embargo, al entrar en vigor las reformas al Código Penal Federal quedo de inmediato en libertad por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto.
El 24 de diciembre pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que preparaba algunos indultos para que salgan de la cárcel, según dijo, “gente mayor, enfermos, mujeres indígenas” y el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Las evidencias de detalladas investigaciones por parte de la Comisión Especial para el caso de Mario Villanueva conformada por el Congreso local de Quintana Roo abona de forma unánime pruebas suficientes para otorgar el indulto a Mario, no es suficiente la prisión domiciliaria; se trata de resarcir en la medida de lo posible el daño causado por casi veinte años del resultado de una venganza política al más alto nivel. Como podemos ver la historia nos muestra que en un sistema de una justicia amañada, simulada y corrupta, por la misma naturaleza de los orígenes la facultad del indulto también no es justa ni bien administrada. Evidencias circunstanciales y de contexto lo demuestran cada día con nuevos hallazgos, nuevas declaraciones, nuevas investigaciones.
Quintana Roo en su conjunto confía en la sensibilidad y juicio del Presidente López Obrador, hoy el presidente en funciones con mayor aceptación y arraigo en la población.
(1) Lenin Bocanegra Priego, Indulto a la mexicana.
(2) Susana Hernández Espíndola, El indulto presidencial.
La petición formal en la plataforma change.org http://chng.it/Jm5GVRK6mB
@raulcaraveo
*Raúl Caraveo Toledo es licenciado en ciencia política por la UAM, ex catedrático de las Facultades de Psicología y de la Facultad Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, ha sido analista de estudios económicos de PEMEX y Consejero electoral del IFE-INE de Quintana Roo de 2005 a 2015, ex asesor de la XIII legislatura de Quintana Roo, Conalep Quintana Roo, escribe para www.sdpnoticias.com www.sinlineamx.com www.gobernantes.com www.revistadigitalqr.com.mx www.todoincluidolarevista.com www.noticaribe.com www.insurgentepress.com.mx y en Chicago, Illinois en www.laprensaus.com y www.vocesmigrantes.us |
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