Las imágenes proporcionadas por personal delincuente en que se ven a soldados del ejército mexicano maltratados por una turba en una comunidad de Michoacán, han despertado una ola nacional de preocupaciones y condenas. Hay un consenso en el repudio a estas agresiones hacia las fuerzas armadas pero, sobre todo, una sensible inquietud sobre lo que pueda seguir pasando al respecto. Por sentido común se concluye que al pasar eso con los militares, poco se puede esperar para la ciudadanía. Es importante analizar estos hechos para tratar de entenderlos y tomar la postura respectiva. Este tipo de comportamientos masivos de parte de la base social de la delincuencia en general y del narcotráfico en particular no son exclusivos del estado señalado, ocurren en varias zonas donde se ha consolidado un modo de vida ligado a actividades ilícitas; es el caso de amplias regiones de Guerrero, así como en Guanajuato, Morelos, Chihuahua, Chiapas, etc.. Decir que se trata de autodefensas es un eufemismo y una auténtica tomadura de pelo. En realidad son grupos armados que imponen su ley y, por obviedad, no se rigen o van a la par de los procesos políticos de nuestro país; para ellos es lo mismo el color y características de los gobernantes, les da igual; su interés tiene que ver con la debilidad o complicidad de los representantes de la autoridad.
Es irrelevante hablar o no de guerra, incluso decretar unilateralmente su desaparición. Se le puede nombrar de otra manera, la que sea, pero, en esencia, el enfrentamiento de las bandas armadas y el Estado tiene muchos rasgos de una guerra. No convencional ni declarada, pero reafirmada día a día con actos de violencia brutal y terrorífica. Hablamos de grupos (cárteles) con poder económico y alto nivel de fuego, integrado por ejércitos privados, tipo guerrillas, dominantes de territorios y explotadores de la ciudadanía en las más diversas actividades. Son otro poder, cobran impuestos, aplican reglas, controlan lo ilegal y atemorizan a la población. Ante ellos las policías municipales y estatales pueden hacer muy poco. En tanto funciona la Guardia Nacional, una estructura intermedia entre el ejército y la policía, solamente las fuerzas armadas les pueden hacer frente, constituyéndose en las instancias fundamentales de protección de la sociedad. Si el ejército y la Marina se inmovilizan o envuelven en meras estrategias políticas, su papel será irrelevante.
Ante las humillaciones a los soldados de México, es vital la claridad sobre esos problemas y asumir una postura sería y eficaz para defender los intereses de la sociedad, garantizándole seguridad y paz. No se deben permitir por ningún motivo las agresiones a las fuerzas armadas, así provengan de supuestos movimientos sociales. Se debe asegurar la dignidad y alta moral de la tropa. En el intercambio de fuego se emplean armas, en los motines y asedios de turbas debe utilizarse equipo adecuado de carácter disuasivo. Hay que entender que un ataque a nuestro ejército es también una agresión a la sociedad. No se debe llamar prudencia cuando son golpeados los elementos castrenses, tampoco es muestra de valentía. Sí son víctimas de circunstancias y órdenes absurdas. No hay ninguna razón para que se permita que sean vejados y exhibidos perversamente. Tan solo aceptarlo manda el mensaje de debilidad y hace posible que se reproduzca en todas partes del país. Si los soldados hacen lo que saben, impiden ser golpeados y enfrentan a turbas que colaboran con la delincuencia, eso no debe definirse como autoritarismo. No debe utilizarse esa expresión para un hecho como el recién vivido en Michoacán, no tiene nada que ver con algo parecido al autoritarismo. Las fuerzas armadas existen para la defensa nacional, sin embargo, de facto se les empleó para la seguridad pública, ahora llamada ciudadana. Pronto serán relevadas en esas tareas por la Guardia Nacional.
La disyuntiva no es prudencia contra autoritarismo en una situación como la que vivieron un grupo de soldados en Michoacán, y que se ha visto también en otras regiones de México. Más bien es la aplicación de la ley y la fuerza legítima ante una abierta agresión, agravada por secuestros y uso de armas de alto poder. Nadie está pensando en que masacren a esa base social de la delincuencia peros sí que les marquen el alto, que les apliquen la ley y decomisen las armas. Lo qué pasó ahí es gravísimo para la imagen y convivencia armónica de nuestro país. Es una invitación tajante a desafiar a la autoridad. Por ningún motivo se debe permitir ni justificar. Hay una tendencia a buscar solo lo popular desde los gobiernos, eludiendo o escondiendo lo oscuro de la violencia. Eso debe evidenciarse, debe rechazarse. Para nuestra seguridad y La Paz es urgente desterrar todo tipo de demagogia en estos asuntos.
Recadito. Sin pudor en la SEV continúan abusando de su efímero poder.
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