En plena Semana Santa, dos temas de la agenda política nacional han centrado la atención de los mexicanos, por un lado, la cancelación de la Reforma Educativa por parte de López Obrador y el segundo, el aumento de la violencia en nuestro país, en tres meses de nuevo gobierno. Quien puso el dedo en la llaga fue el periodista Jorge Ramos durante la conferencia matutina del primer mandatario de la nación, el viernes pasado; nadie creyó que ese duelo de personalidades tuviera repercusiones tan fuertes, como el haber puesto a Veracruz como el primer lugar en crímenes violentos cuando, lo que se pretende, es hacer de la entidad un destino turístico cien por ciento seguro para los vacacionistas. La cancelación de la Reforma Educativa se entiende, gracias a la presión que ejercieron los antiguos aliados de López Obrador, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al grado que, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ha exigido a AMLO que rectifique sobre la suspensión de la misma, después de que, Andrés Manuel López Obrador envió un memorándum a los secretarios de Educación, Hacienda y Gobernación para que dejen sin efecto la reforma educativa. El titular de la CNDH advirtió que nada debilita más al Estado de Derecho que se promueva desobedecer la ley desde el gobierno. Pero la máxima en política nos recuerda que, “en política, los acuerdos se cumplen” y el presidente de la República, lo que menos quiere, en estos momentos en los que, el índice de violencia en nuestro país ha rebasado lo tolerable, es tener un enfrentamiento con quienes, a base de marchas y plantones, desequilibren la paz social.
El presidente de la República, sin duda, tiene una papa caliente que enfriar de alguna manera, el crecimiento económico que prometió en campaña, no se está viendo y los especialistas en el tema, sostienen que no habrá un 4 por ciento sino, apenas, un muy apretado uno por ciento de crecimiento económico y quienes no ven con buenos ojos lo anterior, son los empresarios y los industriales, que siguen quejándose de una política que sólo está beneficiando a los más grandes. La cancelación de la llamada Reforma Educativa, no es tan sencillo como mandar un memorándum porque, legalmente, “implica una clara transgresión a la protesta que rindió como presidente de guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen, contenida en el artículo 87 y obligatoria para todos los funcionarios públicos”.
De acuerdo con el Consejo General de la Abogacía Mexicana, que ha hecho circular el documento donde explica que el presidente de la República está actuando inconstitucionalmente, con el memorándum citado, López Obrador está violando el principio constitucional de la división de poderes, invadiendo atribuciones “no sólo del Poder Legislativo, sino del Constituyente permanente, al arrogarse facultades extraordinarias para legislar”.
Este Consejo señala:
1.- Nos preocupa sobremanera que el instrumento administrativo, no se encuentre debidamente fundamentado, puesto que todos los actos de autoridad deben fundarse y motivarse en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3.- El memorándum emitido por el presidente viola el principio constitucional de la división de poderes...
4.- Adicionalmente, el Poder Ejecutivo no puede abstraerse de una de sus principales atribuciones constitucionales que es “promulgar y ejecutar las leyes que emita el Congreso de la Unión”. No hacerlo, es un franco desacato al artículo 89 de la Constitución.
5.- Finalmente, si los funcionarios a los que el presidente instruye el incumplimiento de la Constitución se allanan a su petición, correrían el riesgo de hacerse acreedores a responsabilidades administrativas, e incluso penales, al impedir la ejecución de una ley, lo cual transgrediría lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 109 de la Constitución que dispone que los servidores públicos serán sancionados “cuando n el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en prejuicio de los intereses públicos fundamentales”.
Pero López Obrador DIJO que: “Entre la justicia y la Constitución, prefiero la justicia”, lo que no dijo o se le olvidó, es que, La Constitución REGULA el comportamiento de los individuos y es algo que, se puede decir como oposición PERO, como presidente, se tiene que apegar a la Constitución pues, de lo contrario, se convierte en dictador.
Por otra parte, el aumento innegable en el índice delictivo, pone a López Obrador en una posición en la que, de no tomar las medidas necesarias y pertinentes, la división que ha creado entre “fifis” (sus adversarios) y el pueblo (sus aliados) “chairos”, va a terminar agrandando la brecha entre hermanos que, el mismo presidente de la República, ha querido cerrar hablando de que, hay que dar “abrazos, no balazos”.
Las preguntas de Jorge Ramos, quien durante la conferencia matutina del viernes sacó a relucir los más de 8.000 asesinatos que se han registrado en México de enero a marzo de 2019, lo que supone un crecimiento de un 4 por ciento en comparación al mismo periodo del año pasado, según cifras oficiales de Secretaría de Gobernación. 2018 ya es el año más violento en la historia moderna del país con un total de 33.369 homicidios dolosos, logró poner a AMLO en entre dicho. De estas cifras, el Estado de Veracruz es el que más está siendo azotado por la gran ola de violencia, que no encuentra comparación en cifras, con lo que otros Estados de la República vivieron en años anteriores, en el mismo periodo ¿Pero qué se está haciendo en realidad, ya no a nivel nacional, donde López Obrador siempre tiene otras cifras, sino en Veracruz, donde la batalla que se libra en las calles, nos mantiene a los veracruzanos, secuestrados en nuestras casas y en un, prácticamente completo estado de indefensión? El combate a la violencia se hace difícil cuando, los grupos delincuenciales, tienen gente al interior de las fuerzas policíacas, situación que hace más difícil combatir a la delincuencia pues, cuando se trata de efectuar un operativo, mientras que, desde la fiscalía, a pesar de que los datos fluyen, Jorge Winckler Ortiz, se desentiende de sus obligaciones y abandona sus deberes, situación que, nos lleva a pensar, quien sabe, ojala estemos equivocados, que está protegiendo a los delincuentes.
Los colectivos de búsqueda de desaparecidos, acusan que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) no está mandando la información clara, las rutas, accesos a los procedimientos reales como lo habla la ley, además, los colectivos no reciben información de manera clara y precisa sobre lo que se está llevando a cabo, por parte de dicha institución. Mientras tanto, quienes se encargan de mantener la seguridad en la entidad, se enfrentan a situaciones que hacen muy difícil bajar los índices de violencia, por un lado, tienen que realizar investigaciones internas, para dar con quienes, dentro de las corporaciones policíacas, le pasan información a los maleantes y por otro lado, realizar investigaciones que logren llevar a la captura de los maleantes. Todo esto ocurre en un momento en el que, a la entidad veracruzana, están por llegar miles de turistas nacionales y extranjeros que, debido a lo que ocurre, podrían perder la confianza en un Estado cuyo potencial se encuentra en la industria sin chimeneas.
En esta semana, la FGEV dio a conocer el hallazgo de una mega fosa de la que, se evitó dar a conocer la ubicación, por cuestión de seguridad y para no entorpecer la búsqueda y sin embargo, el acceso al lugar, hace que las fosas marcadas con troncos y varillas hundidas en el suelo, estén al alcance de la fauna nociva (animales carroñeros) y hasta de sicarios que busquen borrar evidencias de sus crímenes multitudinarios. Situación de la cual, representantes de los diversos colectivos de búsqueda de desaparecidos, han dado a conocer su desacuerdo y exigen que, el titular de la dependencia, haga su trabajo, conforme a lo que marca la ley. Esta situación ha llevado a que, el Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura veracruzana, hiciera la petición formal de excluir, a Jorge Winckler Ortíz, de todas las reuniones que, sobre seguridad pública, se efectúen por parte del gobierno del Estado de Veracruz, situación que, de aceptarse, va a sentar un precedente muy importante a nivel nacional.
Es prácticamente difícil que, mientras no exista coordinación entre las fuerzas del orden y los encargados de hacer cumplir la ley, se puedan efectuar investigaciones que den pistas para dar con el paradero de los autores de estos crímenes y también, detener a quienes, con lujo de violencia, siguen apoderándose de Veracruz, a balazos.
Finalmente, no queríamos decirlo pero, la mala planeación del ayuntamiento de Xalapa, ha logrado que, la capital del Estado, se quede sin 18 MDP destinados a obras prioritarias, gracias a que, el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, no sabe como invertir los recursos de los xalapeños, además de que, para que se vea que trabaja, intenta hacer obras, no de relumbrón, ni de lujo, sino de colocar una señalética adecuada para identificar a la capital veracruzana pues, en el colmo de su desconocimiento, ha puesto en el parque Juárez, las letras distintivas de Xalapa, utilizando para ello, colores partidistas y un diseño, totalmente fuera de los lineamientos de lo que marca la ley de turismo al respecto, es tal el desconocimiento del académico que, incluso, ha lanzado un concurso en redes sociales para que, la gente, diga que le gusta más: "El H. Ayuntamiento de Xalapa a través de #Turismo Municipal, te invita a participar en la siguiente encuesta: ¿Cuál diseño prefieres para las letras de la Ciudad, el actual o el ya conocido de colores?", dice el mensaje y muestra una fotografía de las letras actuales y las de la ciudad y puerto de Veracruz, a cargo de Fernando Yunes Márquez. La encuesta concluye en 6 días y en lo que lleva de circulación en redes sociales, va arrasando el puerto de Veracruz.
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