Duro golpe ha recibido el Fiscal General de Veracruz (FGE), Jorge Winckler Ortíz, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el caso del bloqueo en twitter, del que fue objeto el periodista Miguel Ángel León Carmona, desde el año 2017. "Debe dejarse claro que los comentarios o expresiones, críticas severas, provocativas o chocantes que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa de ninguna manera deben ser considerados comportamientos abusivos", es lo que dictaron los cuatro ministros de la segunda sala de la SCJN, León Carmona, quien, el 30 de noviembre, en rueda de prensa realizada en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), fue declarado ganador del Premio Nacional de Periodismo 2017 en la categoría “Noticia” por el trabajo “El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó”, en el que habla sobre el hallazgo de fosas clandestinas en el rancho “La Gallera” ubicado en la comunidad Rancho Viejo, municipio de Tihuatlán del citado Estado, en pleno apogeo del yunismo. El tema parecía no tener la menor importancia, sin embargo, las reacciones de grupos internacionales de periodistas, como Artículo 19 respecto a la decisión que tomó la SCJN sobre el mismo, nos hacen reconsiderar el papel que juegan las redes sociales en la comunicación actual. "Por primera vez en una resolución de la Corte se reconoce que la protección de estos derechos también es aplicable en el ámbito digital", afirma Luis Knapp, de Artículo 19. Pero a Jorge Winckler, no sólo lo está castigando la SCJN, sino que, la legisladora federal de Morena, Carmen Medel Palma, lo acusó, a través de su cuenta de Twitter, de estar revictimizando a su hija, asesinada el noviembre del año pasado en un gimnasio, después de que el FGE presumiera la detención del victimario que, en realidad, ya se encontraba detenido desde enero “es vergonzosa la procuración de justicia de Jorge Winckler”, publicó la diputada federal pues, Winckler Ortíz dijo, en conferencia de prensa, que “elementos de la policía ministerial, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Diego “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado”, Medel Palma señaló que, el supuesto responsable, fue capturado por la fuerza civil y entregado a la Fiscalía General de la República por delitos federales.
Pero en el ámbito estatal, también se sienta un precedente sobre el desempeño de los funcionarios públicos, electos o no, sobre lo que publican en sus redes sociales y casos así, abundan, de los más recientes, el viaje a Las Vegas, realizado por el legislador local panista Sergio Hernández Hernández, quien subió a su cuenta de Facebook una foto con su esposa, durante su estancia en un hotel que cobra 20 mil pesos diarios la estancia ¿Con sueldo de diputado? Hoy, Hernández Hernández está en el ojo del huracán, al saberse de un probable millonario faltante de la cuenta pública 2017, destinado al Congreso del Estado, cuando el congresista fungía como Presidente de la Junta de Coordinación Política (JuCoPo) de la LXIV Legislatura veracruzana y se avecinaba la elección en la que, participó para reelegirse y perdió. También, a través de las redes sociales, se ventila el caso de la diputada local por el distrito VII con cabecera en Martínez de la Torre, Adriana Esther Martínez Sánchez, de quién, mediante la red WhatsApp, se difunden unos audios en los que, da a entender que sostenía una relación más “íntima” con su asesor José Luis arcos y da pie para que se confirme que, la legisladora, habría colocado a su asesor, ganando un sueldo de 56 mil 756 pesos en el Congreso del Estado de Veracruz; los citados audios que circularon en esta red, también confirman que, la congresista de la bancada del Grupo Legislativo de Morena, habría sido la causante de destruir un matrimonio. Curiosamente, fue gente de esta asambleísta quien, también por whatsapp, difundieron, hace unos meses, la foto del compañero de bancada de la multicitada, Juan Javier Gómez Cazarín, sacándole la lengua por la espalda a una conferenciante de su propia bancada, en una broma de camaradería que, la misma diputada se encargó de aclarar. Tras la difusión de dicha foto, Gómez Cazarín fue atacado por grupos feministas, que lo acusaron de misógino, al mal interpretar una acción captada en imagen y que, gracias a un texto, desvirtuó lo que en realidad sucedió ese día en palacio de gobierno del Estado y del que, los representantes de los medios de comunicación, hicieron escarnio público, gracias a la mala fe de otro de los asesores de Martínez Sánchez.
Las redes sociales, nos queda claro, son un arma de dos filos pues, por un lado, no son un medio de comunicación y, dadas sus características, nunca lo serán, tal y como ha quedado demostrado por la difusión de una enorme cantidad de noticias falsas que hacen circular a través de estas, sin embargo, si pueden ser una herramienta muy útil, para la difusión de información verás, que publican los medios de comunicación serios y que, han encontrado en estas plataformas, la mejor manera de vender el producto de un trabajo colectivo que, a últimas fechas, se ha convertido en, quizá, el más peligroso del mundo, el de ser periodista.
Dejando atrás lo anterior, nos seguimos enterando de los yerros que hay en el gobierno del Estado de Veracruz, no sabemos, producto de qué situación pero, queda claro, causan un daño que, de no ser atendido a tiempo, puede terminar siendo fatal para el gobernador y el partido Morena, al menos en Veracruz; resulta que, en el DIF estatal, que encabeza Verónica Aguilera Tapia, comenzó su labor echándose encima a los trabajadores al servicio de dicha institución quienes, en rueda de prensa, dieron a conocer que, Aguilera Tapia, desde que tomó posesión de su cargo, a estado hostigando constantemente a los trabajadores, además de contravenir a la ley, reduciendo, arbitrariamente, los salarios de los trabajadores. Ha habido violaciones al contrato colectivo, incumplimientos en el reconocimiento de los derechos laborales que han sido reconocidos por antigüedad laboral, de trabajadores que son sindicalizados, no se ha llevado a cabo la parte de la prestación administrativa, todos estos trabajadores que han sido reconocidos no se les ha cumplido pero que, las declaraciones que da a los medios de comunicación son, mentiras. Cabe recordar que, Verónica Aguilera Tapia, también violó la ley, al tomarse fotos con niños de albergues de la institución que representa y difundirlas, tanto en medios de comunicación, como en redes sociales, actuación que, aún no ha sido completamente aclarada conforme a derecho y que, de no haber sido un funcionario, el culpable de tal situación, estaría enfrentando un juicio por la omisión a la ley de protección a menores. Pero eso no es todo, trabajadoras de esa institución, denunciaron que, el subprocurador de Albergues y Casas Asistenciales, Edgar Zavaleta, “un hombre que cuenta con el total apoyo y respaldo de su muy amiga Verónica Aguilera Tapia, directora General de dicha Institución y del subdirector de Recursos Humanos, Eleuterio Márquez, para hacer y deshacer a su antojo y solicitar el despido de personal que quien como él dice ‘no le cae bien’ o que ‘no accede a sus propuestas’, vulnerando en su totalidad sus derechos humanos y su derecho a una vida libre de violencia, la no discriminación, al trabajo y a una vida digna”. Las trabajadoras denunciaron también que, a Verónica Aguilera Tapia, quien se ha caracterizado por su prepotencia hacia el personal, le ha quedado grande el cargo de directora general del DIF y que no se ha preocupado por iniciar ningún programa en favor de la niñez o de la población vulnerable del Estado y que pocas veces se encuentra en las instalaciones de DIF estatal, además de que, ya hicieron del conocimiento del gobernador, las inconsistencias y aberraciones que ocurren dentro de las instalaciones de esta institución y que “no es posible que en el DIF Estatal, las trabajadoras de dicho plantel no se encuentren seguras y estén siendo hostigadas por personal masculino, que valiéndose de su posición jerárquica, asedian a las trabajadoras amenazándolas con su despido o renuncia voluntaria”. También en el DIF ocurre una situación que no queda del todo clara con el manejo de los albergues, que están a cargo de Geraldine Carrera Santos, que sustituyera en el cargo a Fabiola Razo Zafra, poblana que se encuentra inhabilitada para la función pública en Puebla y aún así, fue traída por Miguel Ángel Yunes Linares y, siguiendo los pasos de su antecesora, Carrera Santos, al parecer, también está realizando malos manejos financieros, bajo la complacencia de Verónica Aguilera Tapia. Geraldine es señalada de tener bajo amenaza a los trabajadores y de ponerlos a disposición de personal, además de que la susodicha, pasa mitad de su día no en el albergue atendiendo las necesidades de la población albergada, sino en el DIF Estatal tomando café con el subprocurador de Albergues y Casas Asistenciales; aseguran trabajadores de la institución de que es bien sabido que Geraldine Carrera Santos, maltrata psicológicamente y discrimina a las menores que se encuentran en el albergue de Migrantes No Acompañados, negándoles la comida y dándoles un trato indigno. Verónica Aguilera presta oídos sordos ante esas inconsistencias señaladas constantemente, por tratarse de personal de su “equipo de trabajo” mientras que, quienes tratan diariamente de mantener un equilibrio y sacar adelante el trabajo del DIF Estatal los mantiene “congelados”, les ha restado autoridad y los ha hecho a un lado, con tal de imponer a “su gente”. |
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