Cuando no lo hicieron con Miguel Ángel Yunes, hoy, Jorge Ramos, dirigente de la Asociación de Transportistas de Veracruz (ASTRAVER), anunció que seguirán presionando al gobierno del Estado para que atienda sus demandas, después de haber efectuado un paro en la prestación del servicio urbano en la conurbación Veracruz – Boca del Río, supuestamente, de manera pacífica y que, este domingo, violando las garantías individuales de usuarios y prestadores del servicio de pasajeros no afiliados a esa organización, de forma violenta, impidieron que, continuaran laborando e incluso, obligaron a los usuarios a abandonar las unidades, llegando a la agresión, como ocurrió con un pasajero que, al inconformarse por la acción y exigir una explicación, fue agredido por los afiliados de ASTRAVER. Como era de esperarse, el líder de los transportistas se desligó de la agresión ocurrida en el municipio donde, junto con el puerto de Veracruz, todavía mantiene el control la familia del ex gobernador Yunes; no creemos en la falta de convocatoria del llamado pulpo camionero para que sólo en el municipio citado se presentara esta situación pues, sin duda, el ex mandatario veracruzano ha estado buscando, por todos los medios a su alcance, incluidas redes sociales, whatsapp y plumas a sueldo, hacer quedar mal a la actual administración que encabeza Cuitláhuac García; sobre todo, ahora que se viene la revisión de la cuenta pública 2017 y será llamado a comparecer el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), pues se ha puesto ha descubierto que, 63 ayuntamientos cuyas cuentas fueron aprobadas por la aplanadora yunista que encabezó Sergio Hernández Hernández desde la Junta de Coordinación Política (jucopo) en la LXIV Legislatura veracruzana, presentan serios errores y millonarias inconsistencias. No es para menos que, las demandas y contrademandas de uno a otro lado se van a poner interesantes, sobre todo, en los meses por venir, sobre todo cuando se busca dejar las cuentas claras y meter a uno que otro yunista a la cárcel, por corrupción; quizá, empezando por Sergio Hernández Hernández o José de Jesús Mancha Alarcón, quien actualmente tiene a su esposa, Monserrat Ortega Ruiz, como diputada plurinominal en el Congreso del Estado, después de que ésta, a su paso por el Registro Civil, hiciera desmanes y moviera gente a su antojo para que, no se supiera, por ejemplo, que cobraba más de mil pesos por boda realizada afuera de las oficinas de esa institución, sin olvidarnos, de los manejos de los que ha sido acusado el dirigente estatal de Acción Nacional, en contubernio con el entonces titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y hoy senador Julen Rementería.
Un ejemplo de lo que decimos está en el ayuntamiento de Comapa, presidido por María del Carmen Cantón Croda, donde existen acusaciones por falsificación de documentos oficiales y demandas por irregularidades que datan del año 2017, para simular, ante el Orfis, la entrega de obras públicas que no fueron ejecutadas durante el ejercicio citado; de acuerdo con la información disponible en el Sistema de Consultas de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER), se ejercieron 319 mil 563 pesos y 24 centavos, para un trabajo que se reportó como terminado el 13 de noviembre de 2017; sin embargo, conforme al soporte documental aportado, no se ejecutó ningún trabajo técnico. El Orfis reporta, además, dos denuncias con folios de ingreso ORFIS118054 de fecha 7 de agosto de 2018 y ORFIS120174 de fecha 22 de octubre de ese mismo año, donde se observa que en el COMVER, operado por la autoridad fiscalizadora, el ayuntamiento citado dio por “terminada y pagada”, cuando menos dos obras públicas que no ejecutó pero reportó la aplicación total del recurso económico presupuestado. En la queja se enuncia a Isa Cantón, funcionaria del Ayuntamiento en administraciones recientes y sobrina de las alcaldesas Aurora y Carmen Cantón, decir a los vecinos de la localidad que no se ejecutaría la obra y que serían ellos quienes pondrían la mano de obra, a pesar de que la documentación señala que se contrató el trabajo completo de rehabilitación al sistema de agua potable. Por otro lado y mediante oficio número 97/2018 del 13 de Diciembre de 2018, Janet Solís Salinas, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del mencionado municipio, informó al ORFIS que realizó una verificación física de la obra, “encontrándola terminada”, situación que, de acuerdo con publicaciones de los medios locales de la zona, es totalmente falsa.
No podemos hacer de lado dos cosas, por una parte, los rumores que hicieron circular los mismos alcaldes de la alianza PAN-PRD en su momento de que, el gobernador les exigió, para la elección de 2018, una cuota en votos y recurso en efectivo para que se quedaran con la gubernatura de Veracruz, mientras que, por otra, el daño patrimonial que, hasta el momento, los auditores del Orfis, han descubierto en las cuentas públicas 2017 y 2018 del gobierno del Estado, Congreso, Poder Judicial y 63 ayuntamientos (los que fueron beneficiados con la aprobación de sus cuentas en el pleno del Congreso de Veracruz bajo la responsabilidad de la LXIV Legislatura, en su momento encabezada por Sergio Hernández) no ha podido ser comprobada y se encuentra ya, bajo la investigación de la autoridad respectiva. Por cierto, el pasado viernes, durante lo que empezó como reunión abierta de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado y que preside el diputado Eric Domínguez Vázquez, a petición de Rodrigo García, hijo del ex contralor Ricardo García Guzmán, se tuvo que hacer cerrada para discutir el asunto de las finanzas aprobadas “Fast Track” y de las que, los mismos panistas Rodrígo García Escalante, Bingen Rementería, María Graciela Hernández Íñiguez, hija del presidente municipal de Misantla, Othón Hernández Candanedo y esposa de Luis Fernándo Rodríguez Pérez, involucrados en un escándalo de compra de votos en la pasada elección, y ambos, también, involucrados en oscuros asuntos que culminaron con la muerte de un inspector escolar de forma dudosa, así como el boqueño José Manuel de Unanue, abandonaron la reunión de la comisión, al no lograr ponerse de acuerdo para que, el titular de la Comisión, les permitiera que, el titular del Orfis, no asista a comparecer pues, desde nuestra perspectiva, el camaleónico titular del mismo, ya soltó la sopa para poder seguir al frente de este.
Es así como podemos entender que, la semana pasada, los mismos involucrados en este tipo de actos de corrupción, busquen distraer la atención, denunciando a funcionarios del actual gobierno, alegando que cometen un delito grave cuando, ha sido la mayoría en el Congreso, la que ha reafirmado la permanencia de los mismos en sus cargos; que triste es ver a gente que, es capaz de agarrarse de un clavo ardiendo para no caerse, aunque su caída sea inminente.
Finalmente, estamos viendo un buen cambio en las oficinas de tránsito del Estado, donde Enrique Meneses García, está poniendo orden en donde, la indisciplina y la corrupción eran, el pan de cada día; aunque a paso lento, se ve que ha llegado a poner en marcha las instrucciones del primer mandatario del Estado: Acabar con la corrupción, Meneses García va en serio en ese aspecto.
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