Se le vino la noche al dirigente del Sindicato de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) José Luis Hernández López, quien de acuerdo a las denuncias de más de 500 trabajadores –entre eventuales y de base- se habría apropiado de por lo menos 6 millones de pesos de la caja de ahorro, recurso que debió ser repartido el pasado 20 de diciembre. Furiosos, los trabajadores se plantaron afuera del edificio ubicado en Aldama y desconocieron a la dirigencia. Ya se sabía que de antaño, José Luis Hernández se agenciaba los recursos. El viernes, sus representados no lo bajaron de “pillo”.
El gobierno municipal de Xalapa que encabeza el ambientalista Hipólito Rodríguez no da una. Resulta que además de fallar en un tema tan importante como lo es la seguridad pública, ahora dio su brazo a torcer y gran parte del centro de la capital más sucia del país fue invadido por vendedores informales. Se ignora cuáles fueron los requisitos para que estas personas que ocupan un buen tramo de calles y avenidas se hayan apoderado de los pocos espacios que hay en la ciudad, pero ahora se les ve en todas partes. Pareciera que hubiéramos regresado a la época en que gobernó Reynaldo Escobar Pérez cuando otros grupos de ambulantes sometieron a la sociedad xalapeña, de manera particular a los empresarios. ¿Qué pensará sobre esto el senador Ricardo Ahued, por ejemplo?
Además de los despidos de personal en muchas áreas del gobierno estatal, muchos trabajadores están siendo presionados por los nuevos jefes para que firmen sus renuncias y se vayan, no sólo sin un finiquito, sino que tampoco les quieren pagar sus quincenas y aguinaldos. Los primeros que salieron “como tapón de sidra” fueron los trabajadores de contrato que, de acuerdo a prestigiosos abogados como Luis Alberto Viades y Juan José Llanes Gil del Ángel, no pueden ser despedidos si por lo menos permanecieron seis meses en las dependencias. El caso es que en cada dependencia actúan por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el mismo que declaró tras su triunfo en julio que ningún trabajador resultaría afectado.
La bancada de Morena en el Congreso local se ha dado vida aprobando juicios políticos y dispensas a varios funcionarios del gabinete de Cuitlahuac García, sobre todo para aquellos que no son veracruzanos. Tocó el turno a la titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno, exdiputada que nació en Tlaxcala y que ocupa el lugar de un veracruzano. Claro está que al mandatario le han impuesto a cuantas personas han querido y no es la excepción en el caso de Osorno. Lo curioso es que la funcionaria o no parece estar muy interesada en el cargo o le viene valiendo todo, pues en la última conferencia que dieron elementos del área de Meteorología de Protección Civil, tenía una cara de fastidio que no podía con ella. Esperamos que en realidad sí tenga ganas de trabajar.
A pesar de que Morena se convirtió de la noche a la mañana en una aplanadora en las elecciones, sobre todo porque supo canalizar el descontento ciudadano al polarizar el ambiente, no creemos que vayan a apoderarse de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. En los informes que dieron tanto Fernando Yunes Márquez como Humberto Alonso Morelli se vio el buen trabajo que han realizado ambos. La zona conurbada es muy distinta a otros municipios que están bajo la tutela del partido que es propiedad de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a reportes de compañeros periodistas tanto Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica son un asco, pues además del desempleo y falta de oportunidades, hay demasiada inseguridad. Ojo con eso.
El pleito entre el fiscal general Jorge Winckler y el gobernador Cuitláhuac García continúa. Lo peor del caso es que esa contienda se da en momentos en que la inseguridad ya rebasó al mandatario. Van más de 100 ejecuciones que incluye por lo menos 15 feminicidios, además de una decena de secuestros y eso que el Cuitláhuac no cumple un mes de haber asumido el cargo. Pero en lugar de atender ese tema, sigue de orgulloso y no dialoga con el fiscal para elaborar un plan de trabajo que vaya acorde a lo que merecemos los veracruzanos. Por lo pronto, el fiscal ya se amparó y sus derechos están protegidos. Nadie podrá quitarlo, por lo menos no tan pronto.
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