Con motivo del aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se aventó una perla de esas que vale la pena recordar.
Dijo que debido al “debido proceso” (violaciones), se cometían muchas injusticias, como que imputados probables responsables de estos lamentables hechos hubieran quedado en libertad; se refiere al debido proceso, como “debido pretexto”, y sostuvo que “ok, estaba bien, pero antes que eso, estaba la justicia (sic)”.
Alguno de sus asesores (seguramente por eso abrieron a Julio Scherer), debería decirle que, nomás por no dejar, el famoso “debido proceso”, es parte medular de nuestro sistema de justicia penal, que precisamente por haber sido violentado, Florence Cassez –por mencionar un ejemplo y sí, ya vi el documental y que quede claro que NUNCA se dice que haya sido exhonerada y con eso me quedo- quedó en libertad, pues uno de los principios de este sistema penal acusatorio, es el respeto al debido proceso, entre lo que se encuentra la presunción de inocencia y por eso las autoridades –TODAS-, deben tener cuidado de no hablar alguna idiotez que pueda comprometer el caso.
Y esto a López Obrador le ha importado un carajo y en este caso ha crucificado a quien ha querido y sin defender a nadie, pues no meto las manos al fuego, el exfiscal general Jesús Murillo Karam, ya fue sentenciado en el tribunal mañanero, sin derecho a la defensa, así de fácil, pero bueno, si la hizo que la pague y ya…, en fin.
Otro de los principios del sistema de justicia es la publicidad, es decir que se publique, difunda y no haya opacidad, por lo que las audiencias deben ser públicas, peeero (ese maldito “pero”) hay reglas que deben observarse para entrar a una sala de juicio oral, donde el juez es la máxima autoridad.
Pues bueno, resulta que, una vez más, a fiscales de la FGE del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta norma, les valió madre y metieron su celular.
El tema se torna singularmente delicado, pues se trata de una cuadrilla de fiscales especializadas en Atención a Delitos Cometidos Contra la Mujer, Niños, Niñas, Adolescentes y Trata de Personas (así de largo es el nombre y directamente proporcional es el tamaño la responsabilidad).
Resulta que Rubí Caraza, Ethel Santiago Hernández, Yesenia Zavaleta Méndez, Rosa Isela Gallardo, Astrid Galicia Reyes, Dulce Janeth García y Jossu Flores Sánchez (que aparece en primer plano en las selfies), además de haber violado el reglamento del Poder Judicial al meter al menos un teléfono celular, estas jóvenes tomaron la Sala de Juicio Oral de Pacho Viejo como un escenario para hacer una especie de minifestejo (a juzgar por el ambiente festivo) y tomarse selfies, imágenes que quedaron grabadas en el video oficial de la sesión de ese día, que para sorpresa de usted, estimad@ lector@, fue el mismo día de las declaraciones del señor presidente, es decir el 27 de septiembre.
No es asunto para soslayar, pues además de que este grupo de irresponsables fiscales están bajo el mando de la titular del área Roberta Luna Ayala, de quien fuentes al interior de la Fiscalía aseguran que Luna no ata ni desata, que no tiene ni la más mínima idea de ser una Fiscal de altura y todo su trabajo es revisado por otros mandos de la FGE, los delitos de género en Veracruz están al alza, feminicidios impunes y policías que actúan como bandas delincuenciales, estas fiscalitas (así, en diminutivo) tienen tiempo para la selfie, llevando la irreverencia a la mesa de debate de una sala de juicio oral, donde precisamente, uno de los principios es “no celulares, no cámaras”.
¿Estará la fiscal general Verónica Hernández Giádans enterada de esto?, ¿qué hay de eso Josefina?
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No todo son malas noticias y aunque dicen los gringos “bad news, good news” (las malas noticias, son buenas noticias, porque venden (de nada) –explicación y traducción simultánea para Ivan Joseph Moon-) y lo bueno también hay que publicarlo; resulta que el diputado al Congreso local por el distrito de Veracruz Miguel Hermida, desde que fue regidor en la comuna jarocha, promovió la regularización en la tenencia de la tierra para 32 escuelas, de las cuales el Congreso acaba de autorizar siete de ellas en la anterior sesión de la Comisión Permanente, con lo que se da certidumbre jurídica y con ello el apoyo oficial (federal y local), dinero, pues.
El mismo Hermida el 22 de septiembre, acudió al jardín de Niños “Genoveva Jiménez Palaceta”, donde entregó la documentación para que pueda tener ya ya, su título de propiedad.
El asunto de la falta de certidumbre jurídica en las escuelas, es serio y lo desarrollaremos en próxima entrega, por mientras, ¡bien por Hermida!
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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