Por Omar Zúñiga
La chamba de una ombudsperson, así en femenino, dista mucho de ser fácil y mucho menos cómoda, sobe todo si su elección ha trascendido al gobierno en turno, es decir, que las autoridades pueden verla como un lastre de anteriores administraciones; eso es lo que dictan las reglas no escritas de la política mexicana.
Sin embargo, no es el caso de Veracruz.
Namiko Matzumoto, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos especialista en el tema, con nivel de doctorado (a diferencia por ejemplo de la tristemente célebre Rosario Piedra Ibarra, ombudsperson nacional que a duras penas puede articular un par de frases seguidas y hace honor a su apellido) ha transitado por tres gobiernos estatales y reconoce que de esta administración no ha tenido ningún problema, “mucho menos presión de algún tipo”.
Por otro lado, explica de manera puntual y profunda que “el diseño constitucional del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, que es al que pertenecemos todas las comisiones del país, incluida la nacional, hace que las resoluciones no sean vinculantes y no existan herramientas para ejecutarlas de manera coaccionada”.
“Inciden varios factores para hacer que una autoridad acepte una recomendación y que además la cumpla. Si la acepta, nace el deber jurídico de cumplirla, porque tiene la potestad de no aceptarla. La ley dice que son eso, recomendaciones, y que la autoridad tiene la potestad de aceptarlas o no, pero si las acepta en el ejercicio libre de su competencia y funciona, pues evidentemente tiene el deber jurídico de cumplirlas”.
Detalla que la Comisión jarocha tiene un índice muy pequeño de no aceptación de las recomendaciones y que la mayoría de ellas son del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
“Nosotros estamos sobre el 90 por ciento de aceptación de las recomendaciones, es decir, que el 10 por ciento restante no han sido aceptadas y curiosamente, la mayoría de las que no han sido aceptadas han sido por parte del Poder Judicial, no de las instancias de la administración pública estatal, sino de un Poder aparte”.
A pregunta expresa, asegura que han hecho dos recomendaciones a la Secretaría de Gobierno, de las cuales una fue aceptada y la otra “nos comunicaron que estaban de acuerdo con la víctima para su cumplimiento”.
“Lo que hace falta realmente, es que la autoridad comprenda que asumir las recomendaciones no es un ataque, ofensa o una exhibición pública, sino como una posibilidad de mejorar su actuación. Porque en realidad la CEDH les hace la tarea, pues señala dónde están fallando, quiénes son los servidores públicos que la están regando porque están vulnerando derechos humanos”.
“Imagínate lo que significaría, no sólo para las víctimas, sino el mensaje general para la sociedad, que si hay malos servidores públicos, decirles que aquí no sólo no se van a tolerar, sino que además se les va a sancionar para que el resto sepa que aquí no estamos jugando y que no vamos a permitir que haya violaciones a los derechos humanos”.
Caso contrario, “cuando no se acepta una recomendación, se tiene la posibilidad de recurrir a la Comisión Nacional, y va a venir una recomendación de la CNDH y el mensaje es mucho más fuerte, porque si –por ejemplo- alguna de las secretarías dependientes del Ejecutivo estatal vulneró los derechos humanos, cuando llega la recomendación Nacional, va dirigida para el Gobierno del Estado no para una dependencia, y entonces vinculan al Ejecutivo”.
Lo dicho, no es chamba fácil, pero Namiko ha podido sacarla y bien, superando gobernadores como Duarte y Yunes y lidiando con gente como el secretario de Gobierno Eric Cisneros.
¿Sobre la relación con la Nacional?... mmm, bien.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano.2020@gmail,com
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