Por Omar Zúñiga
Xalapa ha sido olvidada por sus diputados, tanto federales como locales. En un breve sondeo, pero mejor que las encuestas de López Obrador, los ciudadanos simple y llanamente no conocen a quienes se supone son sus representantes.
Incluso son desconocidos en sus mismos lugares de trabajo, donde eso sí, cobran sagradamente cada quincena sus salarios, “dignos” de su investidura, como Ana Miriam Ferráez Centeno y Rosalinda Galindo Silva diputadas al Congreso local y Rafael Hernández Villalpando (a) paleta chupada y la aspirante a senadora Claudia Tello, (mucho gusto a todos ellos), que sólo se presentaron en sus distritos a pedir el voto y de repente regresan invitados a algún acto público, aunque nadie sepa quiénes son, como Ana Miriam Ferráez que llegó al informe del alcalde Ricardo Ahued con ínfulas “de gran señora” y fue mandada, literalmente, a la penúltima fila.
En este contexto, lo que hace falta son representantes populares con arraigo y simpatía, entre el electorado por supuesto, pero también en la sociedad en la que se desenvuelven, que es SU sociedad.
La elección que viene es complicada per sé, hacen falta diputados que se fajen, pero que conozcan, al menos, lo que es el proceso legislativo (¿verdad, Ana Miriam?)
Perfiles como una licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, con Diplomado en Derecho Electoral por la Universidad de Xalapa; Diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres por la Universidad Veracruzana, además de una Maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Xalapa y una Maestría en Derecho Notarial Por el Colegio de Veracruz (Elcolver).
Que además haya sido colaboradora en asuntos legales en el Despacho de Consultoría Jurídica en Xalapa; asesor Jurídico del Grupo Legislativo del PAN en las LVII y LVIII legislaturas locales; Gerente de Relaciones Públicas de la empresa SEACON Global Productions, S. de R. L. de C. V.,
Presidenta de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja Xalapa, miembro del Voluntariado del DIF en el Ayuntamiento de Xalapa, además de Diputada a la LX Legislatura del Estado de Veracruz por el Partido Acción Nacional y representante del blanquiazul ante los órganos electorales en el Estado; Secretaria General del Comité Directivo Municipal del PAN en Xalapa 2000-2003 y Secretaria de Asuntos Electorales del CDE del PAN en Veracruz. Actualmente Consejera Estatal y Consejera Nacional.
Y por si fuera poco secretaria general de la AC Mujeres Empresarias del Estado de Veracruz, Peralta del 2022 ha la fecha y Directora General de Fundación Olmeca AC.
Para acabar, con pedigree político-social, al ser hija de Eugenio Orestes Pérez Cruz y Clemen Silva, me refiero a Cristina Pérez Silva, que evidentemente, tiene experiencia profesional y legislativa, además de las tablas suficientes para gestionar lo que Xalapa necesita.
Con el apoyo de la coalición Fuerza y Amor por Veracruz, seguro será la candidata por el distrito de Xalapa rural que pueda devolverle el brillo legislativo que la capital jarocha no debió perder nunca y para eso se necesita que se sumen voluntades.
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“El Tribunal Superior de Justicia se negó a acatar un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje que ordena la reinstalación de Gustavo Cadena Mathey, despedido de manera injustificada hace seis años directamente por el entonces presidente Edel Álvarez Peña”, esta información fue publicada el 6 de septiembre de 2022.
La nota en aquel entonces, proseguía “La diligencia que se realizó en presencia del actuario de la JLCA, fue encabezada por un representante de la Dirección Jurídica -que no quiso dar su nombre- se negó a cumplir el laudo, bajo pretexto de que “la (magistrada) presidenta (Isabel Inés Romero)” no se encontraba en el edificio para poder reinstalar a Cadena Mathey, que a la fecha cuenta con 70 años de edad y afecciones de salud”.
“El representante legal del quejoso, el abogado laborista Viliulfo Olivares, sostuvo que “el Tribunal Superior de Justicia” está incurriendo en desacato por segunda ocasión, y que una eventual sanción por esta circunstancia, es la destitución del titular, en este caso, sería la magistrada presidenta Inés Romero”.
“El periodista Gustavo Cadena dijo que continuará su lucha, pues es insólito que en la que se supone debe ser la casa de la justicia, “hoy es la casa de la injusticia”.
Eso fue lo publicado hace un año y medio. Pues bien, recientemente nos enteramos que el buen Tavo Cadena finalmente fue reinstalado en su trabajo en el Poder Judicial del estado, al que se integró en el ya lejano año 2010 en Comunicación Social, a invitación del prestigiado, hoy magistrado en retiro, Alberto Sosa Hernández, que dicho sea de paso es una persona de impresionante e intachable labor y que proyectó durante los seis años que encabezó ese complicado poder del estado. Realizó una obra incomparable.
A su salida, el sucesor impuesto por Miguel Ángel Yunes Linares, Edel Álvarez Peña le rascó hasta debajo de las piedras para encontrar en qué afectaba la envidiada buena reputación de quien alguna vez fue designado juez del año. Incluso le ordenó una auditoría externa, que por cierto ejecutó personal de un despacho del propio Álvarez Peña.
Lo único que halló fueron los millones de pesos que dejó Alberto Sosa en caja, de los que como la canción, después nunca más se supo nada. Ante la frustración, desquitó su enojo y despidió arbitrariamente a muchos ex colaboradores de Sosa, entre ellos a Tavo, que era personal de base, como asesor en Comunicación Social.
De inmediato, ese 2017 Cadena Mathey presentó demanda laboral que ganó cinco años después, en marzo de 2022. La entonces presidenta la septuagenaria Isabel Inés Romero y la hasta no hace mucho directora general de Administración exconsentida de la cúpula del poder hoy en el ostracismo, Joana Marlen Bautista, le hicieron pasar un calvario por cinco ocasiones, en que el Tribunal de Conciliación intentó reinstalarlo, a pesar de haber ganado el laudo meses atrás.
Sin embargo, al final llegó al TSJ, y siete años después, muy tarde, pero se le hace justicia a un periodista de larga trayectoria, que sabe lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente desde chamaco, hace muchos ayeres. Bien por la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, que al menos no se dejó llevar por las filias y fobias de sus antecesores y dio cumplimiento a un mandato de ley. Aplausos.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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