El escándalo que se provocó con la reforma a la ley de Amparo y la elección por del Poder Judicial de jueves, magistrados y ministros ha puesto en claro y se irá evidencia, una vez con solidez plena e irrefutable , del grado de corrupción que imperaba en algunos niveles de ese Poder, pero sobre todo de los ministros de la misma que, en clara impunidad del fuero y sus decisiones inatacables, hicieron los que le vino en gana, aliándose , no solo con la oligarquía interna y extranjera  como se comentara en las siguientes reflexiones que , al hacerse públicas está sujetas a su análisis y sobre todo a la crítica  en observancia al contenido de los artículos constitucionales que garantizan la libertad de expresión y la seguridad plena para hacerlo. 
 Resulta que la nueva integración de la Suprema Corte, acaba de dictar un acuerdo, que  es producto de una determinación, libre y soberana ,de la presidenta Norma Piña ,de aceptar o no un recurso de revisión constitucional, que si bien está permitido sólo cuando la determinación está en contraposición de lo que la Constitución  señala y que es de relevancia y trascendencia , puesto que la decisión que se analiza viene a dejar sin efectos una sentencia de un  tribunal Colegiado que, con base en el artículo 107 de la Constitución sus resoluciones son firmes e inatacables, luego entonces, si el nivel llega a es extremo, lo analizado es  la excepción  y no la  regla, de ahí  deviene una seria decisión, que tiene que ser castigada severamente y más cuando es un atraco a la nación. 
 Lo anterior se afirma, porque la anterior ministra aceptó el recurso de revisión a la empresa minera, filial de  la canadiense  de First  Majestic  Silver Corp , que alegó la inconstitucionalidad  del artículo 92 fracción II de la ley del ISR (2012) por vulnerar  sus derechos a la seguridad jurídica, confianza legítima y acceso a la justicia y, observándose  que dicho recurso es una táctica dilatoria, la nueva  integración lo rechazó y dejó firme la sentencia dictada por un tribunal colegiado, mismo que ordena pagar  un crédito fiscal  por más de dos mil millones  de pesos , correspondientes a impuestos sobre la renta , impuesto empresarial a tasa única, actualizaciones , recargos y multas del ejercicio fiscal 2012 , sin dejar de observar que el 23 de octubre, el pleno de ese tribunal , en su intento la empresa de dilatar  la  resolución del  juicio mediante el recurso de impedimento que presentó contra la ministra  Yasmin  Esquivel Mossa, al acusarla de imparcialidad. 
 En ese orden de ideas, se tiene presente que el impedimento alegado  con esa ministra, el 23 de octubre ,la SCJN  multó con casi ocho mil pesos por promover un recurso infundado para retrasar el  juicio, es una práctica dilatoria que antes no se castigaba y que es hora se castiga como en el caso  de los jueces , magistrados y ministros que han quedado fuera de la impunidad que tenía y que actuaban como señores de horca y cuchillo, ahora  sus lágrimas se justifican y su retiro voluntario les permite ahora que no se puede aplicar retroactivamente la ley, pero si podían hacerlo sin consecuencias. 
  
 Hay casos paradigmáticos que se puede nadar y se podrá observar hasta donde llegaba esa autonomía judicial que al final se traducía en la negación al aplicar solo su criterio que hacia , por ejemplo el caso de Luis María Aguilar -ahora goza de impunidad y su riqueza obtenida de una actividad que le dio lo que tiene y seguirá disfrutando que guardó en su gaveta el expediente de Salinas Pliego – el de los abonos chicos, y que cobra intereses caros con la complacencia de las autoridades- para que impedir que este individuo no pagara más de 27 mil millones de pesos de impuestos y que se benefició del Fobaproa de Zedillo, y  no fue hasta que el presidente López Obrador , de  manera pública lo señalo como un claro defraudador fiscal , cuadro dicho ministro soltó un expediente que ya tiene sentencia a favor del SAT para que y pronto, si no en la cárcel de aquí, pero si en los  Estados Unidos del Norte lo tendremos a tiro de canate porque traficante que, si bien salvo su libertad mediante 25 millones de Dólares, próximamente lo tendremos declarándose en quiebra para que el gobierno lo rescate, por aquello de que crea empleo y reparte riqueza para todos, tipo Larrea o Slim y los carteles inmobiliarios que hacen su agosto ante la “inocencia supina” de los gobiernos estatales, municipales y federales. 
 La bendita corrupción está en serio riesgo con la nueva  integración de los magistrados , ministros  y jueces elegidos que, si bien se puede afirmar- salvo prueba en contrario - que son ignorantes, al menos utilizan el sentido común e   interpretan,  las leyes a favor de las grandes mayorías, como las hicieron los  grandes  ignorantes que expidieron las  constituciones políticas del 57 y 17, que han sido tasajeadas por los que si  saben  derecho y con vicios  propios, han hecho  del país el oxímoron  del bienestar de una oligarquía que se resiste a morir. 
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