Cuando tuve el alto honor de ser diputado en el H. Congreso del Estado de Veracruz, presenté diversas iniciativas de reforma, la gran mayoría fueron analizadas por las comisiones respectivas y remitidas al pleno las cuales fueros aprobadas por unanimidad.
Sin embargo, al alertar quejas ciudadanas recurrentes sobre la calidad de las obras realizadas y, observar que los despachos responsables de auditar dichas obras que se elaboraban muchas veces eran despachos que no contaban ni con el perfil, ni experiencia y mucho menos con el compromiso social, donde la gran mayoría su único aval dependía de los gobernantes estatal y municipales.
Es por ello, que me permití elaborar una iniciativa de reforma que pretendía reformar los artículos relativos a las obras pública que tenían que ver con las haciendas estatal y municipales, por lo que la iniciativa pretendía responsabilizar a los despachos que auditaban el financiamiento y la obra pública técnica, que por ley son contratados por el estado y ayuntamientos, obligándolos a cumplir con todas las disposiciones legales, normas, catálogos, precios y calidades establecidas, para qué en consecuencia, el gran beneficiario con esa determinación fuera el ciudadano común, iniciativa en cuestión y que a la fecha guarda el sueño de los justos.
La iniciativa elaborada, buscaba que los despachos responsables cumplieran con el compromiso social, honestidad probada, el perfil y experiencia adecuada, más allá del visto bueno del gobernante en turno, para que posteriormente fueran sometidos al congreso estatal y este, bajo sus facultades legales, pudiera sugerirlos a la o el responsable del órgano de fiscalización superior del estado, quién debiera renovarlos o registrarlos, de no existir, en su padrón, lamentablemente el compromiso de estos despachos era con quién los recomendaba, y más aún, con la finalidad de que sus contratos fueran renovados, se convertían en serviles de la autoridad en turno y de existir algunas observaciones, eran a satisfacción a quién le servían, afectando la obra realizada y consecuentemente a la ciudadanía.
En ese sentido, me permitiré poner un ejemplo común: En virtud de que el órgano superior de fiscalización del estado dispone, entre otras cosas, de los catálogos que establecen los costos y características de los materiales a utilizar, a ese respecto si algún catálogo obliga al responsable de realizar la obra con el material y grosor especificado, regularmente es realizada con materiales de menor calidad y con otras especificaciones, regularmente los despacho responsable de auditar la obra hacen caso omiso y, por consiguiente las autoridades competentes también, por lo que los afectados con esa determinación siempre son los ciudadanos, destacando que si los despacho responsable de auditar tuvieran alguna sancionado legal, no fueran omisos.
Por todo lo anterior, es fundamental que el órgano de fiscalización superior del estado, más que un instrumento de represión política, se convierta en garante de un ejercicio correcto en la aplicación de los recursos públicos como se lo mandata la ley, dándole a los despachos las herramientas necesarias para que las obras que se realicen sean de calidad en beneficio de los ciudadanos.
No obstante, fue una iniciativa que por algún motivo no se presentó para su análisis a las comisiones respectivas y en consecuencia pasar al pleno para su aprobación o no y sigue esperando que alguien la retome, sería bueno que algún integrante en el próximo congreso del estado, pueda adecuar la iniciativa a los nuevos tiempos, presentarla para ser turnada en comisiones, para que posteriormente pueda subirse al pleno para ser aprobada o no por al menos la mayoría. De aprobarse, los que se beneficiarán de ello serán, desde luego, las autoridades correspondientes, pero fundamentalmente los ciudadanos. ¿Usted qué Opina?
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