A unos días haberse celebrado la primera consulta popular, en apego a la ley, los resultados obtenidos en cuanto a la participación ciudadana fueron un rotundo fracaso, ya que apenas acudieron a votar el 7.11%, aunque el solicitante, que por cierto no acudió a votar, día a día señala que para ser la primera en celebrarse en apego a la Constitución fue exitosa.
¿Pero por qué fue la primera en celebrarse en apego a la Constitución?, porque las anteriores consultas que se han celebrado fueron opuestas a lo que dicta la ley, se llevaron a cabo a mano alzada y las indicaciones las ordenó el titular del poder ejecutivo federal.
Ahora bien, es importante diferenciar lo que es la democracia participativa con la democracia representativo: en la democracia participativa se vota por una propuesta que impacte a favor de la ciudadanía; y, en la democracia representativa, el ciudadano emite su sufragio por quién será su representante; ya sea presidente de la república, senador, diputado federal, gobernador, diputado local o edil, según sea el caso.
En los dos casos el responsable de organizar todo lo relativo para recibir la votación que emitan los ciudadanos es el Instituto Nacional Electora (INE) y el responsable de autorizar los recursos económicos que se emplearán para llevar a cabo estas votaciones son las y los diputadas (os) federales, de existir alguna impugnación el responsable de determinar lo que proceda es el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), donde sus resolutivos son inapelables.
Pretenderé brevemente señalar el procedimiento que se siguió sobre la pasada consulta: la petición inicial la debieron realizar el 3% de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en los tiempos señalados por la ley, al no reunirse ese porcentaje, tuvo que ser el ejecutivo federal él que emitiera la solicitud respectiva incluyendo lo que se consultaría.
Una vez autorizada la consulta, de existir alguna impugnación, como fue el caso, ya que las diputadas (os) y senadoras (es) de los partidos políticos de oposición recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronunciara sobre la inconstitucionalidad o no de la pregunta formulada por el presidente de la república; ante esa solicitud, fueron los ministros integrantes de la SCJN quienes por mayoría se pronunciaron al respecto, al observar la probable inconstitucional de la pregunta, redactaron una nueva pregunta; por cierto confusa, difusa, profusa y obtusa, ordenándole al INE hacer lo necesario para celebrar dicha consulta el primer domingo de agosto del 2021.
Asimismo, el TRIFE ordenó al INE realizar la promoción y difusión de dicha pregunta y la celebración de la consulta durante 15 días antes a la celebración de la misma. Por lo que el INE inició su promoción y difusión a partir del 16 de julio del 2021 en diversos medios de comunicación; cabe destacar que el partido que inicialmente se pronunció por llevar a cabo dicha consulta, así como algunos militantes y simpatizantes de ese instituto político, su promoción y difusión fue totalmente distinta a la pregunta que redacto, aprobó y ordenó la SCJN.
La instalación de las poco más de 50 mil mesas receptoras para recibir la votación de alrededor de 92 millones de ciudadanos, así como lo representantes institucionales en cada una de ellas, fue el presupuesto que dispuso el INE para cumplir lo ordenado tanto por los ministros de la SCJN como del TRIFE; es más, según señalaron los consejeros del INE, para cumplir lo ordenado, recurrieron a ciudadanos que estuvieron al frente de las casillas en las elecciones del pasado 6 de junio.
El que hoy se diga que la consulta fue un éxito, que se presentará una iniciativa al congreso federal para crear la comisión de la verdad, que tanto los recursos económicos empleados y las mesas receptoras fueron insuficientes, que el bloqueo de todo lo concerniente a la celebración de la consulta fue culpa de la autoridad electoral, entre otras cosas, lo único que se está logrando con estos dimes y diretes es confundir y dividir aún más a la ciudadanía y, que en la eventual consulta sobre la revocación de mandato que deberá celebrarse en el primer trimestre del año entrante, es que la ciudadanía no acuda a votar en el porcentaje que exige la ley. ¿Usted qué Opina?
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