En virtud de que la reforma en materia electoral no lograra los votos suficientes para que fuera Constitucional. El ejecutivo federal envió inmediatamente a la cámara de las y los diputados su conocido “plan B”, reformas que modifican leyes secundarias a diversas disposiciones electorales, donde el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) requería solo de los votos de mayoría simple (50+1) tanto de las y los diputados de la cámara de origen como de las y los senadores como cámara revisora. Por lo tanto, el grupo legislativo de Morena requerirá de los votos de los legisladores de sus partidos aliados como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Si bien las coaliciones legislativas están permitidas, lo lamentable fue que ningún legislador de la cámara de origen (diputadas y diputados de todos los partidos políticos) no tuvieron el tiempo necesario para leer las disposiciones señaladas en el “plan B”´ ya que con esta acción no tan solo se violentaron algunos procesos legislativos, sino que al ser votada sin haber leído siquiera su contenido, trajo como resultado que la cámara revisora, como lo es el senado de la república, realizara algunas modificaciones a dicha iniciativa, pretendiendo evitar con ello algunas violaciones a nuestro marco Constitucional, lo que trajo como consecuencia que se devolviera a la cámara de origen y que las y los diputados en el pleno la volvieran a votar.
En este segundo momento; de igual manera, se hizo evidente que su aprobación por las y los diputados en la cámara de origen tuviera que ser votada a favor vía fast-track, ya que, si no hubiera sido así hubieran tenido que esperar al siguiente periodo legislativo que da inicio en el mes de febrero del año entrante. Asimismo, de haber esperado hasta el mes de febrero, se hubieran escuchado, por lo menos, los puntos de vista de todos las legisladoras y legisladores de los partidos de oposición al partido gobernante, el no haberlo hecho así, quedaran en duda algunos puntos del “plan B”; por lo tanto, las elecciones del 2023 y 2024, gane quien gane, quedarán cuestionadas.
Por el bien de la insipiente democracia del país, lo deseable hubiera sido que este plan “B” hubiera sido consensado con todos los partidos políticos, llámese sus dirigentes, diputadas y diputados, senadoras y senadores, así como los conocedores del tema. Ya que el no haber sido así, ante la eminente acción de inconstitucionalidad que se presentará, el tema se judicializará y serán las Magistradas y los Magistrados integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes se pronuncien al respecto, debemos confiar que el resolutivo que emitan convenza a la gran mayoría de mexicanas y mexicanos. Sin embargo, ante el retiro de una disposición por parte de diputadas y diputados del PVEM de la reforma aprobada, el senado deberá volverla a votar y aprobar en su caso, confiando que en este tiempo se realicen los acuerdos necesarios para que el tema no se judicialice ya que con esta modificación el senado de la republica realizará la enmienda hasta el mes de febrero del próximo año para que posteriormente el ejecutivo lo publique en el Diario Oficial de la Federación; por lo tanto, existe tiempo suficiente para consensar la iniciativa. ¿Usted qué Opina?
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