El presupuesto de ingresos y egresos de la federación que prepara y envía año con año el ejecutivo federal a la cámara de las y los diputados, ascenderá para el ejercicio fiscal 2024 aproximadamente a los 8.5 billones de pesos, presupuesto que una vez analizado, adecuado y aprobado, en su caso, por la mayoría simple (50+1) de las y los diputados presentes se distribuirá.
Del 100% de los recursos que se pretende ejercer en 2024, de acuerdo al pacto federal y a la población se distribuyen a las 32 entidad de la república aproximadamente 1.7 billones de pesos que representan +/- el 20% del total de los recursos federales.
Para no distraer el tema central, no mencionaré otro tipo de activos que ingresan a la hacienda federal y que se distribuyen a los 32 estados, si bien no en su totalidad si en cantidades importantes. Por lo tanto, en esta oportunidad solo me referiré al presupuesto enviado y aprobado, en su caso, por las y los diputados federales. Para no mencionar tantas cifras, pretenderé hacer un ejercicio generalizando de los recursos asignados a cada estado de la república.
Anualmente se les distribuirán a cada uno 54.4 mil millones de pesos, por lo que cada ejecutivo estatal realiza la planeación de esos recursos, posteriormente al ejercicio anteriormente mencionado, remite el proyecto de presupuesto al congreso estatal para su revisión, adecuación y autorización en su caso, posteriormente lo distribuyen y ejercer de la siguiente manera: a los ayuntamientos con que se disponga se les dispersa +/- un 20%, se cubren las deudas o intereses con que cuenta, la burocracia, las secretarias y órganos autónomos con que disponga, los otros dos poderes, así como los programas y proyectos que haya definido, entre otras conceptos.
Lo que quiere decir que el ejecutivo federal ejercerá los restantes 6.8 billones de pesos, recursos que deberán ser dispersados similarmente a como lo hacen los estados, es por ello que las gestiones que realizan los ejecutivos estatales y municipales se vuelven no tan solo necesarias e importantísimas, yo diría determinantes para el desarrollo y fortalecimiento del estado y/o municipio de que se trate; por lo tanto, se deben aplaudir las gestiones que se realicen, en virtud de que con los recursos con que se disponen, la mayoría de veces son insuficientes para resolver las
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grandes y graves demandas y necesidades que existen en sus pueblos y máxime si las deudas que heredaron son cantidades elevadas.
Por esas y muchas razones más, las gestiones que realizan los ejecutivos estatales y municipios a favor de sus pueblos juegan un rol determinante. Por lo tanto, quién o quienes opine lo contrario se les pudiera definir de dos formas:
1.- Ignorancia y/o,
2.- Descalificar por descalificar, ya sea por no formar parte del gobierno de que se trate y/o por
no percibir las dadivas a las que se les tenían acostumbrados (a), ya que las descalificaciones
sin ton ni son, muchas veces lo único que se pudiera lograr es confundir y mal informar a
la ciudadanía.
Es por ello que todas las gestiones que se realicen y obtengan con recursos proveniente de otras fuentes financieras vendrán a sumarse al estado o municipio de que se trate; por lo tanto, en lugar de criticar, se debieran celebrar todas las gestiones logradas, máxime que son obras o acciones que no se obtienen en efectivo, ya que regularmente quién la contrata y ejecuta es quién lo autoriza.
Por todo lo anterior, en esta relatoría concretamente me referiré a los ejecutivos estatales, los informes anuales que presentan por escrito a los congresos locales es por ley. Ahora bien, si no es obligatoria, ni mucho menos legal el informar públicamente a su pueblo sobre el estado que gurda la administración pública estatal a su cargo, si es moral.
Por lo tanto, las comparecencias o glosas que posteriormente a los informes se realizan por las secretarias ante los congresos locales, donde las y los diputados deben conocer bien el ejercicio de los recursos de ese año fiscal al haberlo tenido por escrito con el tiempo suficiente; es por ello, que sé debe tener muy claro el cuestionamiento que se pretenda hacer por quién o quienes por ley están autorizados para hacerlo, de otra manera solo será difamación o protagonismo.
Para el caso de los ayuntamientos, las inversiones que se realizan durante el año lo aprueban los cabildos, quienes mes con mes firman la aplicación y ejercicio de los mismos; sumado a lo anterior, corresponde a los órganos de fiscalización de los estados revisar anualmente las cuentas públicas de cada uno de los ayuntamientos, posteriormente emiten un informe sobre la aplicación de los recursos municipio por municipio a las y los diputados locales, finalmente, son ellas y ellos los que en el pleno (ante todo las y los diputados presentes por mayoría simple), aprueban o no el informe recibido por el órgano de fiscalización.
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Por todo lo anteriormente expuesto, concluyo diciendo que lamentablemente un estado o municipio regularmente no tienen la capacidad financiera para la realización de obras y/o acciones de gran impacto a favor de sus representados, ya que lo que se invierte a la obra pública de manera general, más allá de la discrecionalidad, es de aproximadamente entre un 13% a un 15% de los recursos con que se disponen. Por lo tanto, entre más obras y acciones se gestionen y se logren de fuentes financieras diferentes al presupuesto autorizado, vendrán a sumarse más beneficio a la población. ¿Usted qué Opina?
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