° por Lic. Mario Ulises Pereyra Esquivel
La profundización de la democracia y la reforma de los sistemas políticos determinan el desarrollo de los pueblos. La gobernabilidad democrática supone la legitimidad de las instituciones políticas, económicas y administrativas, mismas que contienen diversos atributos:
a.- Es participativa y transparente en el proceso de toma de decisiones;
b.- Dispone de mecanismos para la exigencia de responsabilidades por parte de la sociedad;
c.- Es eficiente en la utilización de recursos para logar los fines previstos;
d.- Es equitativa y promueve el Estado de Derecho;
Es parte fundamental del desarrollo humano y exige una ampliación en las oportunidades de las personas.
“La gobernabilidad democrática se refiere a las capacidades de una sociedad para enfrentar sus retos y oportunidades. Una estrategia de oportunidad democrática es una estrategia de construcción de capacidades propias para fortalecer la interrelación entre el sistema institucional existente, las habilidades de los actores políticos, económicos y sociales, y la calidad de liderazgo transformacional existentes” (Joan Prats, David Osborne, Izakhel Dror y Antony GIddins)
La gobernabilidad es en este campo una de las herramientas más importantes para crear un contexto adecuado a la puesta en práctica de un paradigma que, como el del Desarrollo Humano Sostenible, se centra en mejorar las condiciones de vida de las personas. La gobernabilidad incluye entonces la dimensión institucional (jurídica y político-social) del desarrollo humano.
En éste contexto cabe aquí perfectamente la interrogante--nuestras autoridades, representadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están aportando sus respectivas cuotas para que en unión de la sociedad veracruzana, podamos manifestar, que en nuestra entidad contamos con un
Desarrollo Humano Sostenible, que todos los veracruzanos gozamos de acceso a la educación laica gratuita y obligatoria como señala nuestra Constitución política, que todos tenemos acceso al sistema de salud pública, que se tiene garantizada la seguridad y la integridad física a través de una paz social proporcionada por una eficiente y honesta Institución de Seguridad Pública, que todos los veracruzanos en edad laboral contamos con un trabajo digno y bien remunerado sin ser diputado, que los servicios que presta el Estado son de calidad, que nuestras calles, avenidas, carreteras y caminos son transitables y no tienen un solo “bache”, si la procuración y administración de justicia se está aplicando adecuadamente o solamente a los que no estamos de acuerdo con la forma de gobierno? Invito respetuosamente a quienes se tomen la molestia de leernos a reflexionar si nuestras autoridades están cumpliendo cabalmente con lo que juramentaron cuando tomaron posesión de su cargos.
A los Abogados nos corresponde estar vigilantes de que el Estado de derecho se cumpla, mediante el control de la calidad institucional, con la participación en las reformas normativas, educativas, políticas, de integración regional e internacional, homogeneidad de currículas profesionales y en especial del derecho, garantizar la defensa y el acceso a la justicia, defensa de la Abogacía libre e independiente, propender los colegios y asociaciones de abogados con rango legal, incorporación de la problemática de la previsión y seguridad social, en otras palabras PARTICIPAR DIGNIFICANDO A LA ABOGACIA.
La Abogacía es una de las llamadas profesiones centrada en su propio origen en la defensa de los derechos de los ciudadanos en todo tiempo. Parecería entonces que su actividad quedaría acotada a la defensa de los derechos individuales vinculados a la libertad y la propiedad. La historia desmiente que este sea el principal rol del Abogado, pues la instauración del Estado de Derecho como solución política fundamentada en el imperio de la ley conlleva la inmediata y paulatina objetivación de las relaciones públicas y mas concretamente, política, donde la Abogacía se encuentra plenamente identificada con el programa político de transformación social.
Desde la creación del Estado Constitucional, el ejercicio del derecho como un cometido profesional está ligado al nuevo concepto de Estado figurando así los abogados entre los actores colectivos que le dan forma al mismo y a la Nación, a través de la defensa de la libertad de la persona, de la opinión pública
y de la dinamización de las libertades, en cuanto “ser libre es no depender mas que de la ley” (Voltaire). “el individuo obedece a las leyes y sabe que tiene su libertad en esa obediencia (Hegel) y, “se logra la paz por medio del derecho” (Emmanuel Kant).
El Abogado se compromete con un modelo de organización política y sociedad civil que garantiza los derechos individuales y colectivos con un firme mensaje ético, recto, activo, severo, capaz de enfrentar a los poderes dominantes con un efecto de transmisión, hacia la sociedad para garantizar sus libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho.
La presencia del Derecho y del Abogado es para auxiliar a cualquier ciudadano cuando los propios poderes públicos o los más poderosos estamentos profesionales actúan de manera injusta arbitraria o con desviación del poder, tal y como está sucediendo en nuestro Estado con la aplicación de la Ley de agravios a la autoridad que es violatoria de toda garantía constitucional pues se está aplicando para perseguir y encarcelar a los enemigos y adversarios políticos, aquí es donde la participación de todos los abogados se hace necesaria para lograr la derogación de tan injusta e inconstitucional ley.
La situación actual de la sociedad contradice riqueza y consumo con pobreza endémica, generando inequidad. La abogacía debe atender el acceso a la justicia, la ética, el control de gestión, la capacitación y la renovación tecnológica; En cuanto a la ”Democracia” afianzar el compromiso de velar por los intereses sociales además de los sectoriales.
Finalmente, en cuanto a lo institucional debemos reflexionar sobre la calidad de la educación, civilidad, postulados tales como Presunción de inocencia, mas y mejor defensa pública, defensa del juez natural, división de poderes, derechos humanos y bien común; nuestra responsabilidad como Abogados, deriva hoy en la consolidación del Estado de Derecho.
Xalapa, Ez. Ver., Diciembre 15 de 2021
° Vice presidente de Colegiados del Derecho en Defensa de la República “Todo el Esfuerzo por México” Sugerencias: 1942mapes@gmail.com mario.ulises.p@hotmail.com |
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