° por Mario Ulises Pereyra Esquivel
Desde las primeras clases de derecho penal que recibimos en la Facultad de Derecho, nos indican que Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, no causar daño a otros y vivir con honestidad respetando el Estado de Derecho.
Sion embargo ya en el pleno ejercicio de la profesión, nos encontramos con un sistema de justicia viciado, con Jueces y Magistrados corruptos, Fiscales y ministeriales que viven de la dádiva para cumplir con las obligaciones laborales para las cuales fueron contratados por el Estado, mientras que la delincuencia avanza por todos los ámbitos de la vida nacional.
Da terror leer las páginas de los periódicos tanto locales como nacionales, pues en sus páginas diariamente dan a conocer la serie de delitos que van desde el robo simple, fraude, violaciones sexuales, feminicidios, hasta los más horrendos crímenes donde aparecen gráficas, de cuerpos destazados, cercenados, o quemados, por los victimarios, y las declaraciones tanto de las autoridades de la Fiscalía como del Presidente o del Gobernador o Presidente Municipal, es la misma cantaleta “ante tan grave acontecimiento se llevarán las investigaciones hasta las últimas consecuencias y se hará justicia caiga quien caiga” cuantas veces hemos escuchado estas palabras y el resultado es el mismo o bien se busca un chivo expiatorio a quien le cargan la comisión del delito o bien simplemente se deja pasar el tiempo que finalmente hace que todo se olvide, que se sabe por ejemplo del homicidio del ameritado Dr. Manuel Téllez Martínez, o de la periodista María Elena Ferral, o de la Rectora de la Universidad “Valladolid” para solo citar unos cuantos casos.
Tenemos que aceptar que el sistema de Procuración de Justicia y el fenómeno de la inseguridad en nuestro País, poseen dos vertientes relevantes: una que tiene que ver con una anquilosada conformación del aparato institucional que de llamarse Procuraduría cambio únicamente de nombre a Fiscalía con la Reforma Penal de 2008, pero conservando todos los vicios y esquemas
respecto a las funciones tanto de los Agentes del Ministerio Público, Secretarios, policías judiciales y Peritos, esto se encuentra tanto en materia federal como del fuero común, pues las peticiones y cobros tanto para agilizar el trabajo, como para logar un acuerdo para que sea devuelto algún objeto propiedad del solicitante previo a que ya presentó facturas y todo tipo de documentos originales y el número de copias solicitadas que acreditan la propiedad si no entregan determinada cantidad de dinero en efectivo ese acuerdo nunca se logra y traen al ciudadano y hasta a los propios Abogados dando vueltas y solicitando documentos inexistentes, todo con el fin de justificar la petición de numerario, es de justicia comentar que esta práctica es más frecuente en el fuero común.
La segunda vertiente está representada indiscutiblemente por el resultado de actuar, decidir y determinar los medios de ejercitar cada una de las funciones bajo un marco referencial con carácter de arbitrio propio, con o sin apego a la ley y en su defecto ,bajo una ley orgánica que no se ajusta a los cambios y exigencias del control y prevención del delito, así como todas la medidas, funciones y facultades que engloban a este aparato institucional, esto es, que esta segunda vertiente es la consecuencia directa e inmediata del mal funcionamiento y sistematización técnica legal de la primera, que hablando de una independencia operativa, en la realidad sigue estando sometida a los designios y decisiones del ejecutivo en turno.
Parecería fácil y casi lógico el poder determinar lo anterior, esto es, el conformar la conjunción de estas dos vertientes; sin embargo, hasta ahora, pese a observaciones, críticas y comentarios doctrinarios o pragmáticos, poco se ha logrado al respecto, dado que no es fácil arrancar el mal de raíz o establecer ya un cambio en todo el esquema de procuración de justicia; no obstante ello, nos hemos olvidado de la labor más trascendental de la que incluso ya también se remarca de manera constante y reiterada para todo servidor público, me refiero a la educación y nivel cultural, aspectos con los que debe conformarse intrínsecamente el personal actuante con las instituciones, desde el intendente, el chofer, hasta el o la Fiscal General.
Nivel educativo que dista mucho de una praxis cotidiana, no basta ser Abogado para desempeñar tan digna función, se requiere indefectiblemente un cambio interpersonal, y técnico metodológico especializado, de actualización,
capacitación, de perspectiva salarial y de una inminente profesionalización, para lograr la máxima “a mayor estudio o mayor profesionalización, mayor salario”, ---aunque para algunos sea mejor contratar como Fiscal a un joven recién egresado de la facultad sin experiencia y conocimientos y no un Abogado delincuente--- para así lograr los nuevos lineamientos en este sistema, que como lápida pesada, se está desmoronando ante la vista y crítica constante de nuestra sociedad, es por ello que ahora mas que nunca, la procuración de justicia, amen de considerarse como un sistema, debe cambiar y modernizarse para bien de los mexicanos y sobre todo de los sufridos veracruzanos.
En siguientes colaboraciones seguiremos ampliando el tema y abordaremos el relativo a la administración de justicia.
° Vicepresidente Surde Colegiados del Derecho en defensa de la República AC
“Todo el Esfuerzo por México” Sugerencias: 1942mapes@gmail.com mario.ulises.p@hotmail.com |
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