Con mucha frecuencia al escuchar hablar a funcionarios, académicos, estudiantes, oímos que se debe respetar el “Estado de Derecho”, pero ¿que debemos entender por este término?, es la forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, que por medio de un marco jurídico, ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de una Nación.
O sea de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, debe entenderse como un principio de gobernanza, en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual, y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, su igualdad ante ésta, separación de poderes, participación en la adopción y, toma de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal. Siendo uno de sus objetivos fundamentales, “crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia, y el respeto a las obligaciones emanadas, de los tratados y de otras fuentes del Derecho Internacional “.
Si nos permitimos abordar éste polémico tema es debido a que a partir del fin de la semana pasada hemos podido observar en ciudades como Guadalajara, ciudad de México, y aquí mismo en Xalapa, una serie de actos vandálicos, realizados, en protesta por abusos cometidos en el ejercicio del poder que les otorga el Estado por Policías lo mismo, municipales que ministeriales, es indudable que todo tipo de abuso es reprobable independientemente de quien lo realice, pero es más reprobable aún que en aras de protestar se realicen actos criminales, se causen daños, a terceros inocentes, ajenos a la problemática, a edificios públicos y privados, se perturbe el orden público, pero sobre todo que introduzcan individuos delincuentes declarados de otras
ciudades o entidades específicamente contratados para efectuar éste tipo de actividades delictivas, siendo peor aún que si los mandos superiores ordenan a la policía intervenir, los envían sin armas, les dan instrucciones de no reprimir únicamente de contener, mientras que los agresores, utilizan todo tipo de armas para atacar a la policía, desde garrotes, piedras, botellas, granadas, bombas de fabricación casera conocidas como “ molotov”, hasta prenderles fuego como observamos que sucedió en Guadalajara, y si llegan a realizar algunas detenciones, a las pocas horas se les libera como sucedió también en esta ciudad según declaración del propio Gobernador Enrique Alfaro, bajo el argumento, que se hace para evitar mayores enfrentamientos.
Ante todos los acontecimientos violentos que estamos observando y padeciendo lo único que podemos preguntar es ¿ dónde está el Estado de Derecho?, en un Estado democrático como se supone que es el nuestro el objetivo que el gobierno ha expresado respecto del sistema de justicia penal es que “ haya justicia para todos a través de la condena y castigo de los culpables, de brindarles apoyo para que dejen de delinquir y al mismo tiempo procurar la reparación de los daños causados y dar la protección adecuada a las víctimas de los delitos”.
Podemos preguntarnos, el Estado mexicano está cumpliendo realmente con estos principios fundamentales, cuando observamos que los objetivos principales de la justicia penal son ” ayudar a reducir los índices de la delincuencia, aumentando la confianza pública respecto a la equidad del sistema y a los beneficios que conlleva para los ciudadanos respetuosos de la ley que por fortuna, somos la gran mayoría del pueblo mexicano, considero que no, es urgente realizar cambios sustantivos, en el sistema de justicia, penal, en las corporaciones policiacas, en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia no basta con cambiar de titular, los cambios deben de hacerse hacia el interior, implementar una verdadera capacitación al personal pero sobre todo revisar los expedientes de cada servidor público a fin de conocer su comportamiento personal y su entorno familiar, pues solo así se podrá garantizar un Estado de Derecho. O bien vamos hacia un Estado fallido, donde la anarquía sea quien guie los pasos de la ciudadanía, considero que ninguna persona consciente quiere que este estado de cosas prevalezca en nuestras ciudades en perjuicio de la niñez y juventud.
Xalapa, Ver. Junio 10 de 2020
· Vicepresidente Sur de Colegiado del Derecho
· En Defensa de la República A.C.
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