La propuesta del presidente de la México de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular ha levantado ámpula.
Como se recordará, luego que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte de su llamado Plan “B” electoral por violaciones en el proceso legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Poder Judicial “está podrido” y anunció que, en septiembre de 2024, una vez electo un nuevo Congreso, propondrá una reforma para que los ministros sean electos por voto popular directo.
En consonancia, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que para este propósito se realizará una consulta popular para que sea el pueblo de México quien decida si los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos por el voto directo. El legislador morenista explicó que la ruta sería para que la consulta popular se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral. Incluso, propuso realizar un parlamento abierto con la participación de expertos en la materia, juristas, ex ministros de la Corte y académicos que han expresado su rechazo a someter a consulta popular la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante voto.
Más allá del enojo presidencial y de la guerra y el hostigamiento en que se ha enfrascado en contra de la ministra Norma Piña, la nueva presidenta de la SCJN, y desde luego sin detenernos en la polarización del debate público sobre el sometimiento del Poder Legislativo, el avasallamiento de organismos autónomos y el freno que la actuación de la Corte ha significado a los afanes autoritarios presidenciales, lo cierto es que nadie puede negar que el Poder Judicial requiere una profunda reforma.
Es ofensivo, ni duda cabe, en un país de desempleados, de trabajadores informales o de asalariados que apenas ganan el mínimo o un poco más, el monto de los sueldos de los ministros de la Corte, de aproximadamente 300 mil pesos al mes, sin contar con el aguinaldo por 586 mil pesos, primas vacacionales de 95 mil pesos, viáticos por más de 723 mil pesos y otros beneficios como pensiones vitalicias al retiro.
De acuerdo al diagnóstico que hacen legisladores del partido en el poder, y con el que coincide mucha gente, es que existen muchos privilegios en el Poder Judicial, no solo en términos salariales, sino en el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados, y más en los que tiene que ver con competencia económica o con cuestiones de carácter administrativo, que son la constante en la justicia a la mexicana.
Ello sin olvidar la colusión de jueces con intereses mafiosos o la abierta protección y liberación de presuntos delincuentes o culpables de delitos varios que han estado presentes desde siempre en el proceso de impartición de justicia.
Son las lacras de un sistema judicial que garantiza que las cárceles estén llenas de pobres, que se politice la justicia para perseguir opositores, inventar delitos o utilizar la prisión preventiva oficiosa alegremente para mantener cautivos a muchos inocentes, como es notorio en los años recientes.
La cosa es que, véase por donde se le vea, efectivamente es necesaria una limpia en el Poder Judicial.
Lo que se ha planteado hasta ahora en cuanto a la necesaria reforma de este poder va en tres sentidos: a) avanzar hacia la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial, y dejar en el pasado el hecho de que el presidente en turno de la Corte es en automático quien encabeza el Consejo de la Judicatura, además de dar mayores facultades de investigación y sanción a este Consejo para poder actuar incluso en contra de los ministros; b) eliminar el hecho de que la SCJN y sus ministros son el único poder público de la República que no rinde cuentas a nadie y que no puede ser investigado por nadie más que por ellos mismos, sin olvidar, desde luego, eliminar los privilegios salariales y de prestaciones exorbitantes que tienen actualmente los ministros; y c) llevar a las urnas la elección de los ministros.
De estas líneas que se rescatan de lo planteado por el oficialismo la que más polémica reviste es la elección de los ministros de la Corte por voto popular, pues se argumenta y no sin razón que este proceso electivo contaminaría y vincularía a los ministros a los intereses político partidistas que se ponen en juego en cada elección, puesto que es evidente que para lograr un asiento en la SCJN habría que hacer campaña, mover mucho dinero para convencer al electorado, ser un elocuente orador, tener dotes de político, más allá de las capacidades profesionales y técnicas en materia jurídica para aspirar a este cargo. Y lo más grave: exponer a los aspirantes a ministros a los riesgos de la infiltración del narcotráfico en sus tareas proselitistas, como lamentablemente acontece en las campañas políticas en cada elección en México. Se contaminaría, pues, de principio a fin el proceso electivo.
De ello advierten muchos expertos que subrayan la politización de la justicia que ello supone y señalan, como lo ha hecho Diego Valadés Ríos, ex procurador general de Justicia e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esto lejos de ser democrático, es demagógico.
Creo que la mayoría está de acuerdo en que los ministros dejen de ser intocables –como la ministra plagiaria por todos conocida-, que dejen de vivir en la opulencia, a años luz de las preocupaciones de la gente de a pie, y que se remueva y castigue a jueces venales o a los que sirven a intereses oscuros, facciosos o a consignas político-partidistas. Pero de ahí a que los ministros de la Corte se elijan por el voto popular hay un gran trecho. Con mucho cuidado debe analizarse esta idea, una de las nuevas cruzadas del gobierno de la Cuarta Transformación.
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