Uno de los calificativos más utilizados para cuestionar la integración, funcionamiento o resultados de los organismos autónomos que operan en el país y en nuestra entidad es acusar su partidización.
Estas instituciones en teoría deben permanecer ajenos al trajín y los particulares intereses y luchas de las fuerzas políticas presentes en la arena electoral. Sus tareas técnico-administrativas no deben contaminarse con el sesgo partidista y con los apetitos de poder que mueven a los políticos de todos los colores del espectro partidario. De ocurrir así se desnaturaliza su función y se da al traste con la más relevante de sus tareas: servir como órganos de defensa constitucional y de la democracia.
Los organismos autónomos son órganos constitucionales creados primordialmente para controlar o equilibrar a los poderes tradicionales. Su objetivo primario es el de “despartidocratizar” el funcionamiento del Estado. De ahí su carácter de órganos técnicos, de alta especialización administrativa, que cumplen tareas que no deben estar sujetas a la coyuntura política, pero que son parte de las atribuciones naturales del Estado. El ejemplo más acabado lo constituyen los órganos e institutos electorales, obligados –al menos conceptualmente- a brindar garantías de imparcialidad en los procesos comiciales y con ello a hacer efectivo el ejercicio sin cortapisas de las más importantes prerrogativas ciudadanas.
En nuestro país es más que evidente que la apoliticidad, responsabilidad y transparencia que deben tener han brillado por su ausencia las más de las veces. Y todo empieza con la elección de quienes los integran, pese a los farragosos procedimientos que se utilizan en tal cometido. Véase si no, el álgido debate que supone la elección de los consejeros electorales, de los titulares de los órganos de fiscalización o en el caso de los fiscales anticorrupción, donde las presiones y el consiguiente jaloneo de las bancadas legislativas siempre se hacen presentes.
Pero ya en funciones los órganos autónomos, ¿sabemos los ciudadanos con precisión lo que ocurre tras bambalinas en la toma de decisiones en estas instituciones? La respuesta es obvia y se complementa con la percepción generalizada de que al amparo de arreglos entre las cúpulas partidistas o bajo la férula del gobernante en turno la fiscalización de los recursos públicos se hace a modo. Y ahí está para comprobarlo el caso del ORFIS en Veracruz que “no detectó” a tiempo el desvío monumental de recursos durante la administración de Javier Duarte o lo que ocurrió durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares hasta que llegó el gobierno actual y solo hasta entonces se dio cuenta de lo que no vio esos años.
La crisis de credibilidad y confianza que se vive en nuestro país y en nuestro estado deriva no solo de las insuficiencias o distorsiones en el funcionamiento de nuestro entramado institucional, sino que la gente no se ve representada ni en los partidos políticos ni en las instituciones tradicionales de la democracia representativa, en cuyas manos está el nombramiento de los titulares de los órganos autónomos y el establecimiento de sus reglas de operación.
Existe una expectativa de la ciudadanía que no encuentra reflejo en las instituciones, porque quienes están al frente de las mismas tienden a desvincularse de la función social que tienen y a brindar resultados aceptables solo para la lógica del acuerdo partidista o del interés político del gobernante.
Aquí es donde se presenta la necesidad de avanzar en la construcción de instituciones realmente autónomas y que generen certeza, transparencia, legalidad y que no planteen dudas en cuanto a su legitimidad.
La percepción de que los partidos políticos anteponen sus intereses a los de la población en general, y que los legisladores solo van tras los suyos, los de carácter personal y de movilidad en sus carreras en las burocracias partidistas y en los cargos públicos, está plenamente instalada en el ánimo colectivo. Por eso la crisis de confianza y la calificación negativa de políticos y legisladores en todos los sondeos de opinión y en los estudios sobre cultura política.
Por eso cuando decimos que las instituciones, los organismos autónomos, las universidades, las fiscalías o cualquier política pública se partidiza, nos referimos inequívocamente a que algo se desvirtúa y va en contra del interés general.
Se partidiza porque se echa a perder, ¿o a ganar? Saque usted sus conclusiones.
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