Este 23 de marzo se firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia al que convocó a las y los mandatarios estatales el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo central del compromiso suscrito por todos los gobernadores con excepción de los de Sinaloa y Jalisco es que las autoridades federales y locales se comprometen a no intervenir en el proceso electoral en curso a favor de ningún candidato o partido político, y que tampoco usarán el presupuesto público para apoyar campañas electorales.
Lo pactado se extiende a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar trampas; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas u otras prácticas ilegales y antidemocráticas.
Se comprometen en suma a garantizar elecciones libres, legales, limpias y respetar la voluntad del pueblo. Ojalá que así sea.
No obstante, se observa lo obvio: los compromisos y objetivos incluidos por el Presidente en su acuerdo ya son tutelados por la ley. Y lo que deben hacer los mandatarios de los estados y el propio López Obrador es cumplirla, aplicarla y no transgredirla. Ni más ni menos.
Aunque dado el ambiente de polarización que se vive y el clima de violencia política que marca ya este proceso electoral, donde de acuerdo a diversas mediciones entre septiembre pasado y principios de marzo se contabilizan 205 agresiones contra “personas políticas” con un saldo de 55 víctimas de homicidio doloso, 14 de ellas aspirantes a puestos de elección, no es desdeñable un compromiso explícito de los gobiernos para frenar esta sangría, donde parece que la máxima en la competencia política en México se ha convertido en la de “plata y plomo”.
Una cuestión importante que se deriva de la firma de este Acuerdo es si el compromiso a no interferir en las elecciones también vendrá del propio Presidente o si simplemente quiere controlar a los gobernadores para que él pueda actuar de una manera mucho más libre, percepción a la que abona el llamado de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, a su militancia a movilizarse en las calles y vigilar que los gobiernos locales realmente cumplan con el acuerdo.
Ya lo veremos.
En el camino a la firma de este Acuerdo a nivel nacional, en Veracruz se convocó a los dirigentes de las fuerzas políticas, a las titulares de los poderes Legislativo y Judicial, a los presidentes del órgano electoral y del jurisdiccional a hacer lo propio y sumarse a ese catálogo de buenas intenciones.
Fue un evento celebrado el día lunes en el Palacio de Gobierno que al final quedó como una reunión entre los de casa y los aliados y que, como sabemos, fue desairado por los representantes de las verdaderas fuerzas de oposición.
Se trató, en todo caso, de cumplir una instrucción presidencial sin aprovechar el momento, la temática o el escenario para iniciar un verdadero proceso de diálogo tendiente a distender el enrarecido ambiente político que se vive de cara al proceso electoral. Objetivo quizá imposible habida cuenta que en materia de política interna ha prevalecido el lenguaje y la actitud belicosa en el arte de la guerra hacia quienes ellos consideran opositores al régimen de la Cuarta Transformación.
Con todo, más allá del horizonte electoral, un llamado a la concordia entre los actores políticos y sociales de la entidad y el gobierno no estaría nada mal si de mostrar madurez e inteligencia políticas se trata y para zanjar de una buena vez las disputas estériles entre los bandos en pugna, pues sin acuerdos políticos la gobernabilidad queda en el aire y se pavimenta el camino a la violencia política y la inestabilidad.
Se requiere, pues, que sean los valores del diálogo, la tolerancia y el respeto al adversario en los que se sustente el accionar del gobierno y se cierre con tres candados la puerta a los resortes autoritarios, a la pretensión de imponer un pensamiento único y descalificar sin más a quien piense diferente, a quien ejerza la crítica o cuestione el rumbo de la actual administración.
Para que funcione cualquier acuerdo por la democracia se necesitan demócratas.
Eso es lo que realmente nos hace falta en Veracruz.
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