El drama de los migrantes siempre es sobrecogedor y expresa en muchos sentidos el fracaso del modelo económico y de las políticas públicas de los gobiernos de sus países para ofrecerles alternativas dignas de vida. Sufren no solo la separación de sus familias y sus comunidades para correr el riesgo de cruzar la frontera del vecino país del norte y sortear la persecución de las autoridades migratorias estadounidenses, sino que en años recientes deben enfrentarse a peligros mayores: los secuestros, desapariciones, torturas, la leva del crimen organizado para sumarlos a sus filas ante la tolerancia de autoridades corruptas de los tres niveles de gobierno de nuestro país, ruta obligada en su búsqueda de mejores condiciones para ellos y sus familias en sus países de origen.
Los medios de comunicación han dejado constancia de cómo un elevado número de connacionales de países centroamericanos y caribeños, lo mismo de Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras o Guatemala, han encontrado la muerte en el camino a Estados Unidos por la violencia criminal de las bandas delincuenciales que asolan al país, las complicidades entre autoridades y polleros, pero ahora, el triste final lo encontraron estando bajo la custodia del gobierno mexicano.
El incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la secretaría de Gobernación, en Ciudad Juárez, que hasta el momento ha dejado un saldo de 39 personas migrantes muertas y decenas de heridos, reflejó la ausencia de protocolos en materia de seguridad y protección civil al interior de dichas instalaciones, y es, a no dudarlo, la más reciente muestra del fracaso de la política migratoria de nuestro país, una política sujeta a las necesidades del gobierno norteamericano de contener en México a los millones de solicitantes de asilo o de permisos para ingresar a su territorio. No en albergues ni en espacios que ofrezcan condiciones dignas en su estancia, sino en verdaderas cárceles con celadores criminales como se ha demostrado.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el flujo migratorio se ha incrementado a niveles históricos: sólo en la frontera entre México y Estados Unidos en 2022 fueron detenidos 2,76 millones de personas indocumentadas. Y a México le toca jugar el triste papel de policía migratorio en el patio trasero del imperio del norte.
Esta tragedia que pudo y debió evitarse se dimensiona mejor al ver el video que capta el momento en que el personal del albergue del INM en Ciudad Juárez encierra a los migrantes cuando ya se les acerca el fuego y el humo se intensifica hasta cubrirlo todo. Un acto criminal que es la mayor tragedia migratoria desde diciembre de 2021, cuando 56 migrantes murieron en la caja de un tráiler, en Chiapas.
Este terrible hecho es el corolario de las restrictivas y crueles políticas de migración que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos y ante ello debemos preguntarnos quién asume la responsabilidad tras lo sucedido. Por las terribles condiciones de hacinamiento en esos centros de detención, por las violaciones a los derechos humanos que ahí se cometieron, por la inacción de las autoridades inmediatas. Lo acontecido desnuda la deplorable política migratoria de nuestro país orientada a contener el éxodo desde Centroamérica.
Sin embargo, tras el pasmo inicial gubernamental y el intento de minimizar las cosas, de esta noticia que dio la vuelta al mundo y que generó condenas de la ONU y de Amnistía Internacional, entre muchas organizaciones, que consideró "insensible y ofensivo" que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el INM en un inicio le hayan restado gravedad al incendio y hayan culpado a los migrantes de estos hechos, obligó al gobierno federal, dos días después de la tragedia, a que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezara una conferencia de prensa para ofrecer detalles alusivos a los primeros avances en la investigación. En el encuentro con los medios la funcionaria señaló la “mala actuación de servidores públicos” como causa del trágico acontecimiento y adelantó que han sido identificadas ocho personas como presuntas responsables. De ellas, dos son agentes federales, una es agente estatal de migración y los cinco restantes son elementos de una empresa de seguridad privada. ¿Y en la cadena de mando hacia arriba, no hay responsabilidades? Es la pregunta que muchos nos hacemos.
Un abogado presentó una denuncia en la fiscalía federal en la que aseguró que el titular de la agencia migratoria en Chihuahua dio la orden de no abrir la celda del centro de detención de Ciudad Juárez. Según la denuncia, citada por la agencia de noticias AP, el titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, el contraalmirante en retiro Salvador González Guerrero, "dio la orden por llamada telefónica para que las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo". De ese tamaño sería la responsabilidad. Y qué me dice del Comisionado Francisco Garduño, amigo cercano de López Obrador, quien antes de llegar al INM se encargaba de la red de cárceles y de los programas de reinserción en el país, de quien muchos, desde luego, piden ya su renuncia; cosa que apostamos no ocurrirá.
Además, no olvidemos que la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, es la encargada de la contención y persecución de migrantes sin papeles. Por lo que es fácil concluir que la militarización de la política migratoria, en contra de lo que dice el presidente de México, de humanista tiene ya muy poco.
El INM tiene una larga historia de abusos hacia los migrantes en México y la rendición de cuentas por esos abusos ha sido exigua y desde luego que podría haber evitado esta tragedia.
Son muchas las historias que vinculan al INM, a agentes migratorios, con el secuestro de centroamericanos y connacionales para entregarlos a bandas de narcotraficantes; imputaciones que se han hecho en diligencias ministeriales y donde ha quedado acreditada la complicidad de agentes en el hecho y en mandos del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo a diversas investigaciones periodísticas las complicidades van desde la tramitación de documentos apócrifos del INM, hasta la simulación de operativos oficiales en los que autoridades de ese instituto aseguran a migrantes y los entregan a las bandas delictivas, cobrando cuotas de miles de pesos por cada uno.
Recordemos que cuando ocurrió la tragedia de San Fernando, Tamaulipas, con la desaparición, asesinato e inhumación en fosas clandestinas de decenas de migrantes hace más de diez años, la prensa consignó que existían pagos a funcionarios del INM que apoyan a bandas del crimen organizado en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas. Los ceses entonces de los delegados de migración en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo, evidenció la magnitud del problema. Ello en tiempos de Calderón y por lo visto, en plena regeneración de la vida pública, como se argumenta, la cosa poco, muy poco, ha cambiado.
Desde hace años se ofreció sanear esa instancia gubernamental y con la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación la promesa no se hizo esperar. Pero todo quedó, como muchas ofertas transformadoras, solo en el discurso.
Además, el ofrecimiento hecho por el presidente de México recién tomó posesión del cargo de que en nuestro país se darían permisos de trabajo para todos los migrantes que lo solicitaran, disparó obviamente las olas migratorias. Pero a estas buenas intenciones se le atravesaron las exigencias del gobierno de Trump de frenarlas y el calvario de los migrantes no hizo sino aumentar. Las múltiples vejaciones que sufren al ingresar a territorio mexicano y que quedan impunes están a la vista de todos.
La situación de violencia y maltrato hacia los indocumentados es la constante.
Por todo ello, no podemos voltear la vista hacia otro lado ante el terrible fin de 39 migrantes calcinados en un centro de detención en Ciudad Juárez.
No podemos inscribir lo que sucedió en el guion de la polarización, de que es cosa de los adversarios que quieren lucrar con la tragedia, o del amarillismo de los medios que ahora sí se preocupan por los derechos humanos.
No es tolerable que se politice este drama para ver a quién beneficia o perjudica de los aspirantes de Morena a la presidencia o que la insensibilidad campee entre funcionarios de gobierno o seguidores acríticos del primer mandatario.
Que no se instale de manera definitiva la banalización del mal entre nosotros en aras de sacar ventajas políticas o partidistas.
Hacer como que no pasa nada o seguir nadando de a muertito nos condena. Porque los muertos, las víctimas de las autoridades, de las bandas criminales que controlan amplias zonas y territorios del país, y sobre todo de una fallida y penosa política migratoria, son verdaderos y se siguen acumulando
Todos somos migrantes.
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