De Veracruz al mundo
DE INTERÉS PÚBLICO
Emilio Cárdenas Escobosa
2021-05-28 / 19:03:46
Garantizar la legalidad o dar gusto al presidente, el reto de los tribunales electorales
En la antesala de la jornada de votación de las elecciones más grandes de la historia reciente la judicialización del proceso electoral es ya un hecho indiscutible.



A unos días de que concluyan las campañas electorales se han incrementado las denuncias penales por delitos electorales. Desde que inició el proceso electoral el 7 septiembre de 2020 y hasta el pasado 14 de mayo, se habían promovido 600 denuncias a nivel nacional, y en 450 de éstas se abrió una carpeta de investigación por lo que pueden concluir ante un juez. Esto es, un promedio de 75 por mes o 2.5 por día de acuerdo con los datos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, organismo dependiente de la Fiscalía General de la República.



De todos los casos denunciados ante esta Fiscalía Especializada solo ha revelado avances y confirmado las acusaciones en contra de los candidatos de Movimiento Ciudadano y PRI al gobierno de Nuevo León, casos que fueron ventilados en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador donde prácticamente dio línea a la FGR para investigar el presunto reparto de tarjetas entre el electorado por parte de esos candidatos y que acreditarían una supuesta compra de votos.



Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra bajo todo tipo de presiones, las que se agudizaron luego de que su Sala Superior adoptó en semanas recientes decisiones que molestaron a Morena y al presidente López Obrador, como confirmar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que dejó fuera de la contienda a dos candidatos de ese partido a los gobiernos de Guerrero y Michoacán y validar por unanimidad las reglas dictadas para limitar las bancadas en el Congreso y evitar la sobrerrepresentación de los partidos, fijada por la Constitución en un 8%. Esas resoluciones del máximo tribunal electoral del país fueron la gota que derramó el vaso. El presidente y sus seguidores optaron por redoblar sus críticas al Tribunal Electoral y continuar sus cuestionamientos a las decisiones del INE que no son de su agrado.



Los siete magistrados que componen el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —quienes llegaron al cargo propuestos y votados por los partidos políticos en 2016— pueden anular cualquier proceso y revertir los resultados de la competencia. Esta gran responsabilidad la tienen las salas regionales del propio Tribunal federal y desde luego, para el caso de las elecciones locales, los tribunales electorales estatales que trabajan a marchas forzadas, con un mundo de expedientes, con juicios de protección de derechos político-electorales de los ciudadanos y recursos diversos promovidos por partidos y candidatos. Y después del 6 de junio se viene un alud de recursos de inconformidad que buscarán revertir o anular resultados electorales. Y por lo mismo la presión a los órganos jurisdiccionales se intensificará. La pregunta central que debe hacerse es si los tribunales están para dar certeza y garantizar la legalidad de las elecciones o para dar gusto a partidos y gobernantes.



En el actual proceso electoral se han incrementado los litigios de los que debe conocer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus salas regionales y su sala superior, así como los Tribunales Electorales estatales. A la fecha se han presentado ya 4 mil recursos, pero que, a partir de las experiencias de años anteriores y con base en modelos actuariales, se estima que se podrían alcanzar hasta 25 mil recursos en todo el proceso electoral.



Como instituciones encargadas de hacer valer las reglas del juego el tribunal electoral federal y los locales deben actuar bajo los parámetros de la ley y rechazar sugerencias o indicaciones para dar gusto partidos o gobernantes que desarrollan una intensa presión y que hacen juicios paralelos y generan percepciones y veredictos sociales.



En Veracruz la resolución del Tribunal Electoral del Estado que retiró la candidatura al aspirante de la coalición Veracruz Va a la alcaldía del municipio de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, y que fue ratificada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por incumplir el requisito de residencia efectiva en el municipio que aspiraba a gobernar, actualizó el debate sobre las presiones a las que supuestamente se ven sometidos los magistrados para definir el sentido de su voto. El cerrarle el paso al hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares era asunto prioritario para la administración estatal dada la confrontación de Morena con el ex mandatario que ha marcado los tres años de gobierno en Veracruz.



En su momento la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, aseguró que la decisión de anular la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la presidencia municipal de Veracruz puerto, se tomó sin presión de ningún tipo y le recomendó al candidato panista que recurriera a la instancia federal para que revisara la decisión del colegiado local, lo que hizo con los resultados ya conocidos que lo dejan fuera de la contienda.



El trabajo de los tribunales es pues fundamental para dar certeza a los ciudadanos y garantizar que se cumpla la legalidad en los comicios. Su prestigio se pone a prueba en cada elección, pero más cuando se trata de procesos muy competidos y que generan una gran expectación ciudadana, como es el caso de la elección en curso.



Hay que tener en cuenta la carga enorme de trabajo que tienen los tribunales electorales para desahogar miles de recursos que presentan ciudadanos, aspirantes a cargos de elección, candidatos y partidos en la fase de organización de las elecciones que se incrementa enormemente luego de la jornada de votación. Y es ahí donde crecen las presiones, los cuestionamientos y las críticas de los jugadores a los órganos jurisdiccionales para que resuelvan según convenga a los intereses de los partidos. Es una historia que se repite proceso a proceso pero que en este 2021 amenaza con desbordarse por la fuerte presión del presidente de la República convertido en líder de campaña de su partido y por las exigencias que seguramente habrá de partidos y candidatos que buscarán revertir los resultados o invocar las causales de nulidad de que la ley prevé.



Un elemento que seguramente será una papa caliente para los magistrados electorales es la abierta intromisión del presidente de la República en la contienda, confesada por él mismo, y la forma en que tratarán este polémico tema, además de las denuncias y recursos interpuestos ante el evidente uso de programas sociales y recursos públicos que han hecho gobernadores y ediles de Morena para buscar entregarle buenas a cuentas al primer mandatario Andrés Mánuel López Obrador.



Sin duda la etapa del litigio poselectoral estará de antología y lo que resuelvan los tribunales electorales será fundamental en dos sentidos: para dotar, como dispone la Contitución y las leyes en la materia, de legalidad y certeza a las elecciones, o para pavimentar el camino para su renovación de fondo o su eventual desaparición (lo mismo de los organismos públicos locales electorales de los estados del país), en la reforma electoral anunciada por el presidente y que vendrá una vez que concluya el proceso electoral. Ello, claro está, si Morena obtiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en las elecciones de este 6 de junio.



Se vienen tiempos complejos sin duda, y más si persiste la visión de que las decisiones de las instituciones y de los tribunales electorales, de los organismos autónomos y de todo aquel órgano o instancia que difiera de la narrativa oficial, se inscriben invariablemente en la conjura de los conservadores contra la Cuarta Transformación.



jecesco@hotmail.com



www.deinterespublico.com



Nos interesa tu opinión

>
   Más entradas
ver todas las entradas
• La reforma judicial o la politización de la justicia 2023-05-16
• La mayoría parlamentaria no puede estar por encima de la Constitución 2023-05-09
• Ódiame más 2023-04-27
• Militares empoderados 2023-04-19
• La prisión preventiva oficiosa debe terminar en México 2023-04-12
• Todos somos migrantes 2023-03-30
• Enemigo al acecho: el periodismo incómodo 2023-03-15
• 8 de marzo, día de lucha y concientización 2023-03-07
• ¿Ciudadanía informada? 2023-02-24
• La corrupción, nuestro eterno retorno 2023-02-09
• El alarmante diagnóstico del INE sobre el Plan B 2023-01-27
• Los reacomodos del morenismo veracruzano 2023-01-12
• Sí se tocó al INE 2022-12-07
• Se acabó el sueño mundialista 2022-12-01
• Se acabó el sueño mundialista 2022-12-01
• La reforma electoral va, pese a marchas y marchantes 2022-11-15
• El fin del TEJAV, el acoso al ORFIS y la simulación del combate a la corrupción 2022-10-25
• Tras el lopezobradorismo, ¿Podrán los civiles domar a las fuerzas armadas? 2022-10-05
• Ayotzinapa: crimen y encubrimiento 2022-09-26
• Adiós a la prisión preventiva oficiosa 2022-08-30
• El negro panorama económico 2022-08-12
• La Morena se echó a perder 2022-08-03
• Las prácticas políticas de Morena 2022-07-28
• Políticos ricos y pueblo pobre: los ofensivos salarios 2022-07-20
• ¿En verdad irán tras Peña Nieto? 2022-07-07
• Justicia a la carta 2022-06-21
• La nueva disputa por la Nación 2022-05-24
• La crisis de la procuración de justicia en Veracruz 2022-05-18
• Adiós al Acuario de Veracruz 2022-05-18
• La necesaria reforma electoral (II) 2022-05-10
• Negociar, la clave para la reforma electoral (I) 2022-05-06
• México, territorio feminicida 2022-04-25
• ¿Se pudo haber evitado el rechazo a la reforma eléctrica? 2022-04-18
• El informe de la ONU sobre desaparecidos en México 2022-04-13
• La consulta para la revocación de mandato se pervirtió 2022-04-06
• ¿Se puede alcanzar la transformación del país al margen de la ley? 2022-03-31
• El costo de la guerra 2022-03-23
• El mal fario del Sistema Anticorrupción 2022-03-15
• La lucha de las mujeres 2022-03-07
• El principio de autoridad ¿por encima del estado de derecho? 2022-02-28
• La reforma electoral que viene 2022-02-22
• La Casa Gris y su daño al discurso presidencial 2022-02-16
• El movimiento por la justicia alimentado por la cerrazón gubernamental 2022-02-08
• ¿Y las víctimas del delito de ultrajes a la autoridad? 2022-01-31
• El periodismo: la profesión más peligrosa 2022-01-26
• 2022, un año que nos pondrá a prueba 2022-01-11
• Al Tribunal Electoral de Veracruz nadie lo vigila 2021-12-14
• El enojo presidencial y el papel de los medios 2021-11-29
• La Cuarta Transformación después de AMLO 2021-11-21
• Gutiérrez Luna y el enojo de Cuitláhuac 2021-10-26
• ¡Viva la impunidad! 2021-10-12
• Sin redes sociales no hay vida 2021-10-07
• El gobierno de la 4T contra la ciencia 2021-09-23
• Lo que el viento nos dejó 2021-08-26
• La consulta amañada 2021-08-02
• El país se pinta de guinda 2021-06-09
• La transformación de la esperanza por la que millones votaron 2021-05-06
• La polémica de los libros de texto gratuito 2021-04-26
• Morena pone al presidente de la SCJN en el ojo del huracán 2021-04-18
• Campañas ¿Entre la indiferencia o el rechazo ciudadanos? 2021-04-04
• Para que funcione el Acuerdo por la Democracia se necesitan demócratas 2021-03-23
• Protesta social y libertades bajo amenaza 2021-03-17
• Feminismo en tiempos de la 4T 2021-03-04
• La fiscalización fallida y la opacidad en el uso de los recursos públicos 2021-02-25
• Elegir a ciegas 2021-02-03
• La violencia criminal no cesa en Veracruz 2021-01-20
• Las lecciones del escándalo americano 2021-01-07
• El reto electoral no será fácil 2020-12-16
• Combate selectivo a la corrupción 2020-12-09
• La terca memoria: el crimen de Regina Martínez 2020-12-07
• La pandemia interminable 2020-11-30
• ¿Habrá consecuencias en Veracruz tras el fallo de la Corte que invalida la reforma electoral? 2020-11-23
• A dos años del gobierno de la 4T en Veracruz 2020-11-15
• ¿En verdad de acabó la corrupción en Veracruz? 2019-11-19
• La interminable curva de aprendizaje 2019-10-21
• Información ciudadana y debate público 2019-08-06
• La sujeción de los órganos autónomos 2019-07-09
• La corrupción, el origen de nuestros males 2019-06-16
• ¿Debemos acostumbrarnos a convivir con la violencia criminal? 2019-03-18
• El nepotismo y la captura de los puestos públicos en Veracruz 2019-03-05
• Llegó la hora de la verdad para Cuitláhuac García 2018-11-30
• El final se acerca ya 2018-09-17
• El cambio de gobierno y el combate a la corrupción 2018-07-29
• El fin del régimen y la madurez democrática 2018-07-06
• Esa loca pasión por el fútbol 2018-06-19
• Este arroz ya está a punto 2018-06-12
• La libertad de expresión es de quien la trabaja 2018-06-07
• ¿Tendrá impacto electoral el caso Karime? 2018-05-28
• Las campañas de odio 2018-05-16
• Jóvenes víctimas y victimarios: la tragedia que no se quiere ver 2018-04-27
• El clavo ardiente de los debates 2018-04-20
• No más tolerancia social a los corruptos 2018-04-17
• Sergio Pitol domó a la divina garza 2018-04-13
• El derroche electoral 2018-04-09
• El ensayo para la elección de gobernador en Veracruz 2018-03-20
• La subordinación de los órganos autónomos 2018-03-12
• El empoderamiento de las mujeres 2018-03-08
• Anaya y la estrategia fallida del PRI 2018-03-01
• El fin de las ideologías y la crisis de los partidos políticos 2018-02-25
• La guerra electoral 2018-02-11
• El poder muestra al hombre 2018-01-29
• La contraproducente guerra sucia 2018-01-22
• El Veracruz que merecemos 2018-01-07
> Directorio     > Quiénes somos
® Gobernantes.com Derechos Reservados 2010