Este 9 de diciembre se celebró el Día Internacional Contra la Corrupción.
Largo ha sido el camino recorrido en nuestro país para combatir ese pernicioso fenómeno.
Los esfuerzos para moralizar la vida pública en México en los años recientes han sido desiguales y titubeantes.
Se ha avanzado sí en legislar para cerrarle el paso a este flagelo, pero es poco lo que se ha logrado.
Persiste la simulación y la reticencia de instituciones y actores de la vida pública para transparentar sus actos.
A pesar del vehemente discurso contra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador, México llega a este Día Internacional Contra la Corrupción sin una clara estrategia gubernamental para combatirla y con escándalos familiares que manchan su imagen.
“Vivir en una sociedad mejor es lo que estamos buscando, pero para eso hay que acabar con la corrupción, hay que acabar con el influyentismo, hay que acabar con la impunidad y eso cuesta a algunos entenderlo”, expresó este miércoles el presidente y nadie puede estar en desacuerdo con sus dichos.
Con todo, el combate a la corrupción en este gobierno ha sido discursivo, poco efectivo y selectivo.
Es una justicia muy selectiva.
Para muchos en realidad no se está combatiendo la corrupción sino que se combate a los enemigos políticos. Grandes corruptos muchos de ellos, sin duda, y merecido tienen que se les investigue y procese.
Pero la pregunta que muchos nos hacemos ¿Por qué solo se investiga a gente que no es parte del régimen actual?
El gobierno de Morena ha sido evidenciado en presuntos casos de corrupción sin que pase nada: las propiedades y el tráfico de influencias de los Bartlett; los contratos del IMSS a la familia de Zoé Robledo; los contratos multimillonarios al compadre de Rocío Nahle, la Secretaria de Energía y aspirante al gobierno de Veracruz; el nepotismo de la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde; los desvíos de Ana Gabriela Guevara en la CONADE; los videos de su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo; y apenas hace unos días la revelación de los contratos de su prima Felipa Obrador con PEMEX, son solo unos cuantos ejemplos.
Quizá por ello mismo, en la práctica el Gobierno de López Obrador ha dejado sin efecto el Sistema Nacional Anticorrupción, un conjunto de instituciones independientes diseñado en el año 2015 por la presión de la sociedad civil.
Hemos visto el zigzagueante y tortuoso trayecto para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el ninguneo que ha sufrido por parte del gobierno federal y el franco torpedeo y debilitamiento presupuestal para que operen las instancias estatales en la materia, acciones que en Veracruz han sido sistemáticas y persistentes.
El divorcio de los gobiernos de Morena y las organizaciones de la sociedad civil tiene clara expresión justamente en el desdén hacia el Sistema Anticorrupción, instancia que fue impulsada por organizaciones sociales y que por ley debe ser presidida por un comité de ciudadanos.
Y además, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, el gobierno federal ha optado por desaparecer programas, desmantelar instituciones, imponer una draconiana política de austeridad en el sector público, suprimir 109 fideicomisos independientes que gestionaban fondos para ciencia, cultura y derechos humanos, mientras, adjudica casi el 80 % de los contratos públicos de manera directa.
¿Y en Veracruz cómo están las cosas?
La población veracruzana, lo sabemos, ha sufrido los lamentables costos del impacto de la corrupción y la impunidad.
Y las cosas no han cambiado mayormente, igual que en el gobierno federal, salvo en el discurso.
Lo que es real es que no se ha avanzado gran cosa en materia de combate a la corrupción. Ahí están los casos de nepotismo, tráfico de influencias, la improvisación de servidores públicos, el uso de recursos públicos para proyectos político partidistas, entre una larga lista de temas que nos muestran que seguimos en las mismas.
Los ejemplos abundan pero para muestra un botón.
Es revelador lo dicho por la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, en el marco de su comparecencia ante la LXV Legislatura del Congreso del Estado con motivo de la Glosa del 2º Informe de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, de que de los 19 mil 592 contratos públicos celebrados el presente año por el gobierno de Veracruz, 99% -noventa y nueve por ciento, leyó usted bien- se han asignado por adjudicación directa sin licitación, esto es, un total de 19 mil 400.
El 99% de los contratos han ido a manos de empresas que no concursaron para ganar licitaciones. Lo que es obvio abre la puerta a la operación de “empresas fantasmas”, empresas armadas al vapor para favorecer a personajes ligados a funcionarios gubernamentales o beneficiar a empresas vinculadas al proyecto de la pretendida Cuarta Transformación.
¿Sirve de algo el papel de la Contraloría, que no previene que esto ocurra? Ello explica sin duda las reiteradas descalificaciones hechas por la titular de esta dependencia al Sistema Estatal Anticorrupción, del que paradójicamente forma parte, y al que se busca reducir a un puro membrete sin mayor trascendencia y útil solo para organizar pláticas, foros y tomarse fotos.
¿Hablar de una Política Estatal Anticorrupción, que es una de los productos que por ley debe generar el Sistema? Ni soñarlo. No mientras se crea que con decir que se combate la corrupción basta.
Desde que López Obrador asumió la presidencia su narrativa anticorrupción se centra en una sola premisa: si él es honesto, los demás integrantes de la administración pública lo serán, y por extensión los legisladores, gobernadores, alcaldes y todo funcionario de los gobiernos de Morena.
Yo sí creo en la honestidad de Andrés Manuel López Obrador, ¿pero los amigos, parientes, correligionarios y muchos oportunistas compañeros de viaje lo serán también?
El camino al infierno, recordemos, está pavimentado de buenas intenciones.
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