Una consulta para la revocación de mandato es un ejercicio por el que se pregunta a los ciudadanos si el presidente o un servidor público elegido por votación debe dejar su cargo por pérdida de confianza. Es una de las formas de participación ciudadana directa que prevén las leyes en muchos países.
Desde que inició su gobierno Andrés Manuel López Obrador ofreció que a la mitad de su gobierno preguntaría a los ciudadanos si desean que siga hasta concluir su encargo o quieren que se vaya.
No obstante, nadie ha pedido que se vaya el presidente.
No hubo promotores para activar la revocación de mandato por pérdida de confianza, y en cambio los más interesados en que se realizara la consulta fueron, paradójicamente, el presidente de la República y los suyos. El México surrealista en todo su esplendor.
Por ello, la consulta solo ha servido para agudizar la polarización política en el país.
Entre los adversarios del presidente decididos a descarrilar este ejercicio y calificarlo como un acto de egolatría de López Obrador y en consecuencia llamando a no participar el próximo domingo. Donde hay, desde luego, algunos de entre sus acérrimos opositores que candorosos llaman a votar para que se vaya, sin caer en la cuenta de que los niveles de aceptación del presidente son tan altos que es ingenuo pensar que alcanzarán la votación que establece la ley para que sean vinculantes los resultados, esto es, 37 millones de votos. Y más cuando han carecido de la capacidad de construir un discurso medianamente creíble, más allá de sus arrebatos viscerales en redes sociales o en medios de comunicación antilopezobradoristas, de las razones válidas y compartidas por una amplia mayoría, para sacar al mandatario.
Y del otro lado, están los adeptos a López Obrador, los funcionarios de su gobierno, los gobernadores, legisladores, ediles y todos los militantes activos de Morena que han convertido la consulta en un torneo para demostrar quién es el más obradorista de todos.
Y en esta competencia no han tenido reparos en crear asociaciones de dudosa procedencia y con millones de pesos para promocionar lo que llaman la ratificación del presidente, o en utilizar recursos públicos, presionar a empleados de gobierno para hacer proselitismo, recabar firmas, credenciales de elector, hacer acto de presencia en marchas y eventos y alistarlos para el acarreo de votantes el próximo domingo, so pena de ser despedidos.
La consulta se ha desnaturalizado a tal grado que, convertida en una elección de Estado, con la imagen de un solo candidato en espectaculares, bardas, promocionales y donde se podía, se ha acreditado un dispendio de recursos inexplicable en un gobierno como el de López Obrador y en los de los estados donde gobierna Morena, en los que se supone que prima la austeridad, y donde el control del gasto público, los recortes presupuestales y la desaparición de programas, fideicomisos y demás han sido la norma en estos tres años.
Pero llegó la famosa consulta para la revocación de mandato y todo ello se olvidó.
Eso es lo lamentable en los días que corren y de cara a lo que pudo haber sido un ejercicio de participación ciudadana para fortalecer nuestra democracia, al que convirtieron entre todos en un factor de división.
Entendible en los adversarios del mandatario, movidos por sus añejos prejuicios y odios, pero fuera de lugar en un gobierno que en cada momento subraya que no son iguales a quienes los antecedieron en los cargos públicos. Pero resulta que sí, tal y como ha quedado acreditado en esta competencia, donde se han pasado por el arco del triunfo ordenamientos constitucionales y legales, y sin pudor alguno luchan por exhibirse en mítines, concentraciones y desde luego en redes sociales como los más férreos defensores y seguidores del presidente.
Ya en la víspera de la realización de la consulta para la revocación de mandato el Congreso de la Unión publicó un decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, por lo que se eliminaría la prohibición a funcionarios públicos, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, de opinar y promover la consulta. Una forma tramposa de evadir la limitación legal sobre propaganda gubernamental en tiempos electorales.
Esta reinterpretación del concepto de propaganda gubernamental siguió generando polémicas e impugnaciones, y que llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a considerar que el decreto que permite la promoción de la consulta de revocación de mandato no aplica para los procesos electorales en marcha, ni en el propio ejercicio que se realizará el próximo 10 de abril.
Desde luego que esta resolución llevó al INE a solicitar a todos los políticos de Morena que tienen propaganda en favor de la consulta a retirarla y a no hacer más promoción de la misma; exhorto que llega tarde y que no ha sido ni será atendido.
La impresión colectiva es que la consulta del próximo domingo es solo un ejercicio inútil y costoso para medir la popularidad del presidente y un termómetro o la súper encuesta cuyos resultados permitirán a López Obrador tomar decisiones rumbo al 2024.
Pero a mi juicio, al final del día los resultados de la consulta del próximo domingo 10 de abril serán el punto de partida para la ofensiva final contra el INE rumbo a la reforma electoral que comenzará a discutirse.
El árbitro electoral será a juicio del presidente y los suyos el responsable de que no se alcancen las cuotas que se han fijado para el domingo que viene.
Porque de las cifras que obtengan a nivel nacional y en cada estado dependerán las próximas candidaturas de Morena. Por eso el dispendio al margen de la ley y los exabruptos que hemos visto y, sin duda, el masivo acarreo que, al estilo de los tiempos gloriosos del PRI, se espera en la jornada del domingo.
En eso terminó lo que pudo haber sido un ejercicio para fortalecer nuestra cultura cívica y democrática y que se pervirtió al extremo.
¿Usted qué opina? ¿Acudirá a votar este domingo 10 de abril?
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