El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que echó abajo la inopinada y regresiva reforma electoral aprobada en mayo pasado por el Congreso del Estado de Veracruz constituye un severo golpe a la línea de flotación del gobierno de la 4T en la entidad.
Lo sitúa en graves complicaciones no solo porque frena de golpe el intento de controlar el proceso electoral en favor de Morena sino que, lo más grave para ellos, cancela el intento de blindar al gobernador para que no se sujete a la consulta popular para la revocación de mandato.
El voto unánime de ocho ministros de la SCJN que declaró la inconstitucionalidad de la reforma al Código Electoral confirma lo que había sido advertido por un gran número de especialistas en derecho electoral y combatido por todos los partidos de oposición: no es posible confeccionar leyes a modo bajo el argumento de la supuesta austeridad y eliminar de un plumazo consejos municipales electorales, recortar las prerrogativas de los partidos políticos, establecer medios de impugnación distintos a los que prevén las leyes en la materia, suprimir la revocación de mandato, entre otros aspectos que claramente contravenían las disposiciones de la Carta Magna.
Pero lo más notable es que el pleno de la Suprema Corte declarara la invalidez de la reforma en cuanto a que “no podrán ser objeto de consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular”, lo cual, como es evidente, enciende los focos rojos en el Palacio de Gobierno.
Con el argumento esgrimido por el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá al señalar que el decreto 576 aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso local es inconstitucional en razón de que existieron violaciones al procedimiento legislativo y por contravenir el concepto de parlamento abierto al no haber consultado a la sociedad en temas que le competen, generando con ello “una afectación substancial al principio de democracia deliberativa”, queda de manifiesto que la soberbia y la cerrazón son las peores consejeras y que la grave impericia de los asesores jurídicos y políticos que estuvieron tras de la fallida reforma electoral confirma la pobreza de cuadros, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, que en verdad ayuden al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Lo exhibieron y de la peor manera.
Los ministros ordenaron que el próximo proceso deberá revisarse por las normas que estaban vigentes previo al decreto invalidado, esto es, que el Consejo General del OPLE deberá instalarse de inmediato para dar inicio al proceso electoral local, pues el Código Electoral vigente establece que este órgano debió instalarse en la primera decena del mes de noviembre y no en enero como querían, además de que en la organización del proceso electoral deberán instalarse los consejos electorales municipales que pretendían desaparecer, y otorgar a los partidos políticos las prerrogativas que les fueron recortadas desde el mes de agosto de este año, tal y como ordenó la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apenas el pasado viernes 20 del presente.
Un golpe demoledor que deja de manifiesto que Veracruz no es una isla y que por más que Morena crea que cuenta con patente de corso para conducirse en el Congreso local, el control de la constitucionalidad en nuestro país lo tiene, como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada menos.
Por ello el argumento planteado en la exposición de motivos de la fallida reforma de que en ella se establecían “las disposiciones necesarias en la legislación para mejorar la eficiencia del sistema electoral, mediante la eliminación de duplicidades en la organización y funcionamiento de los entes públicos, así como el establecimiento de criterios objetivos con los cuales se armoniza los principios que rigen esta materia, teniendo como finalidad el ahorro de recursos económicos sustanciales”, resultó una falacia, y más si como planteó el dirigente estatal del partido local Podemos, Francisco Garrido Sánchez, ni siquiera se contaba con la cuantificación del pretendido ahorro en algún documento técnico que debió acompañar el dictamen de la malograda reforma cuando se presentó al pleno del Congreso local para su votación.
Mal para la administración del gobernador Cuitláhuac García y peor para la bancada de Morena y asociados en la LXV Legislatura del Congreso del Estado.
¿Dónde estaban los asesores legislativos del titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso o de las comisiones que dictaminaron la propuesta de reforma? ¿Y los responsables de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos de la Secretaría de Gobierno? ¿Y la Consejería Jurídica del Gobernador? Nadie dijo nada o simple y llanamente no fueron tomados en cuenta por los titulares.
Lo dicho: la soberbia es la peor consejera.
Ya los dirigentes de los partidos políticos de oposición se han apresurado en manifestar su satisfacción ante el fallo y coinciden en que al hacerlo se evidenció el autoritarismo con que se conduce Morena en la entidad y se frenó la intentona de “fraude electoral” al echarse abajo una reforma inconstitucional y antidemocrática.
¿Era necesaria la exhibida?
¿Habrá jalones de orejas o rodarán cabezas ante el fallo de la SCJN que pone en riesgo todo el proyecto de la 4T en Veracruz?
Ya lo veremos.
Pero lo que es un hecho es que se acredita con creces que la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz es la peor en décadas.
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