“¿A cuántas mujeres más habrá acosado el director?”, “Ahora trabaja en el Ayuntamiento, tiene un sueldazo, pero no le pasa pensión a sus hijos”, “Violentó y golpeó a varias de sus parejas y ahora hasta Alcalde es”, “¿Cómo es posible que quiera ser candidato, si es un violentador político?”
Estas son algunas de las preguntas y afirmaciones que seguramente usted como yo escucha todos los días en el espacio público y privado. Pero ¿Se está haciendo algo al respecto?
“Es un problema real”, dice la diputada Maribel Ramírez Topete, quien el pasado jueves presentó ante la Legislatura de Veracruz, la iniciativa 3 de 3 contra la Violencia hacia Las Mujeres.
¿En qué consiste?
Maribel explica que retoma la propuesta ciudadana impulsada a nivel nacional por Las Constituyentes Feministas (organización política de izquierda que trabaja por el reconocimiento de los derechos humanos de las Mujeres) que en el 2020 presentó ante el INE un mecanismo para que tanto hombres como mujeres que aspiraran a un puesto de elección popular, no hayan sido condenados o sancionados mediante resolución judicial firme, por cualquier tipo y modalidad de violencia en razón de género, por delitos sexuales como la libertad sexual o la intimidad corporal, y que atente contra las obligaciones alimentarias, además de que no se encuentre vigente en algún padrón de deudores alimentarios.
Ahora, la diputada busca que en Veracruz se eleve a rango constitucional la iniciativa para proteger los derechos de las veracruzanas, pero se incorpora un aspecto relevante: “Que se aplique también a servidores públicos”.
Explica que los servidores públicos en el Estado, en sus Municipios, de cualquier organismo, dependencia o ente público, también deberán cumplir con la 3 de 3 Contra la Violencia.
“El servidor público debe tener un modo honesto de vivir”, dice Maribel, pues en algunos casos se ha perdido, además de que insiste que a los espacios públicos no deben llegar los violentadores.
Aclara que la iniciativa aplicará tanto para hombres como para mujeres, ya que también hay violentadoras, y de lo que se trata es de erradicar la violencia con perspectiva de género.
¿Cómo se piensa hacer todo eso?
Transparentando la violencia, me dice. “Es necesario poner nombre y apellido a los violentadores y deudores alimentarios con un padrón que integre los registros estatales públicos de agresores sexuales y deudores alimentarios”.
Comenta que sería a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres donde actualizaría e integraría el Banco Estatal de Datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres.
“Nadie va a querer estar allí”, afirma, pero es necesario darles justicia a las víctimas.
¿Y qué pasará con los que aparezcan en el padrón? Pregunto.
En el caso de los violentadores políticos no podrán participar en el proceso electoral más cercano; en el caso de los acosadores sexuales se tendrá que dar seguimiento a cada caso en particular. Y con respecto a la de los deudores alimentarios, cuando cumplan con esa obligación, los eliminarán de la lista.
Maribel festejó que los hombres hayan alzado más rápido la mano ante su iniciativa, pues se empieza a hacer conciencia, esa conciencia que debe irse inculcando desde la niñez, para protegerla desde los propios hogares, legislando hacia adentro.
Celebró también que la bancada de Morena se haya adherido a su iniciativa, pues al ser la mayoritaria espera que la 3 de 3 contra la Violencia hacia las Mujeres sea próximamente ley. “Viene los procesos electorales, esperemos sea ya considerada para el del 2024, pues la iniciativa busca impulsar la participación política de las mujeres de acuerdo con la Agenda 2030”.
Actualmente la iniciativa se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales, aunque ella espera se pueda engrosar con el Parlamento Abierto que se celebrará en noviembre, teniendo como invitada, la activista Yndira Sandoval Sánchez. Hace también una invitación a la ciudadanía para que participe y no sea omisa pues está en todas y todos garantizar una vida libre de violencia.
“En una verdadera democracia, no basta con ser un funcionario eficiente, si se es acosador sexual, no basta ser un servidor público destacado, si se es agresor por razones de género; no basta ser un
legislador, un juez, un alcalde o un magistrado honrado y sin vínculos de corrupción, si se es deudor de pensión alimenticia”.
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