¡Te quiero pedir un favor! Fíjate que un familiar del norte me va a depositar 50 mil pesos en efectivo que me debe, pero no puede depositarme a mí, ya que como le debo al banco de la tarjeta de crédito, se puede cobrar a lo chino. ¿Me podrías dar tu número de cuenta para que me depositen allí? ¡Me urge! ¡Anda! ¡Y hasta te puedo dar una comisión!
Si ha escuchado usted esta historia más de una ocasión, es que cada vez se está haciendo más común entre la población el pedir una tarjeta para recibir dinero en efectivo. A esta acción de prestar el número de cuenta se le conoce como prestanombres o testaferro.
Los montos pueden variar, de 5 mil hasta 100 mil pesos o más, donde puede haber o no comisión de por medio o simplemente un “favor de amistad”.
Estos depósitos tienen un denominador común: el efectivo. Y pueden multiplicarse al grado que se conviertan en un verdadero dolor de cabeza para el cuentahabiente al que pueden robarle desde la identidad, generarle reportes bancarios ante la Unidad de Inteligencia Financiera por rebasar los 15 mil pesos mensuales depositados en efectivo en su cuenta bancaria, o hasta ocasionarle problemas fiscales, judiciales y ser señalados por llevar a cabo operaciones de procedencia ilícita, hasta caer presuntamente en lavado de dinero.
Así que por más que aprecie a esa amiga, amigo o familiar no le preste su tarjeta, ni abra cuentas bancarias que no maneje usted, tampoco acepte ser dueño de bienes muebles, inmuebles o empresas porque con toda certeza le podría decir que usted no conoce si el origen de ese dinero es lícito o proviene de alguna actividad delictiva.
No es por intrigar, pero a través de la historia hemos constatado que a los prestanombres o testaferros se les ha asociado con lavado de dinero, fraude fiscal y ocultamiento de actos de corrupción.
La edad de esos prestanombres es variable, aunque más común en adultos mayores y jóvenes.
Y hablando de los jóvenes, mucho tiene que ver que la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, la conocida Dama de Hierro, haya dado a conocer que a partir de 2022 podría ser obligatorio por la reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (se refiere a las reglas en materia del Registro Federal de Contribuyentes) y la Miscelánea Fiscal que los jóvenes que cumplan 18 años deban inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) tengan o no actividades económicas. La verdad aún no queda claro cómo lo harán, si los vincularían al INE, cuando vayan por su credencial de elector o a la CURP porque no creo que vayan solitos al SAT o entren a su portal para registrarse, pero lo que sí dejó claro es que a muchos jóvenes se les está robando su identidad para crear empresas fantasma o para darlos de alta como empleados en 200 ó 300 empresas en todo el país donde “supuestamente trabajan” de manera simultánea.
Claro que no faltó quien dijera que es terrorismo fiscal, a lo que Buenrostro descartó con el argumento de ser una estrategia para proteger a los jóvenes.
Y las dudas empezaron a surgir ¿qué pasa si le transfiero dinero a mi hijo que estudia en otro estado? ¿Y si recibe una beca? ¿Tendrá que pagar impuestos? Buenrostro confirmó que no pagarán impuestos porque no es un ingreso y no hay una factura electrónica de por medio, sin embargo al darse de alta, la autoridad tendrá una radiografía para ver cuando los jóvenes no tengan obligaciones fiscales, tengan un patrón, presten algún servicio, vendan a través de plataformas electrónicas, es decir todos y todas bien monitoreados.
@NumerosRojos_BC
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