Con solidaridad y respeto a Cuitláhuac García Jiménez, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Ricardo Ahued Bardahuil y Manuel Huerta Ladrón de Guevara
Lo he señalado en otras colaboraciones, la expectativa social que condujo al triunfo morenista tuvo como eje el deseo de un cambio radical y profundo, en las formas y los modos de ejercer el poder. La exigencia ciudadana ante la corrupción y la violencia fue el catalizador de la derrota del actual régimen.
Los desafíos que enfrenta la nueva administración y apremiantes en todos los ámbitos, pero el factor social, con su gran carga de inequidad, violencia, pobreza y miedo sigue siendo preeminente. Revertir la inseguridad, acotar el ambiente criminal y su cauda de sangre e impunidad, es el gran reto para quien pretende la refundación de la República. Ya se ha dicho claramente que soldados y marinos seguirán en las calles. La recreación de la Secretaría de Seguridad Pública, por su parte, y la pretensión de absorber en ella a los órganos de inteligencia, ofrece más dudas que certezas sobre el rumbo a seguir, a lo que se suman otros cambios en el discurso y en la acción, que son reminiscencia de pasados tiempos de la más rancia política mexicana. Honrar la palabra debe ser principio de buen gobierno.
La divergencia entre el decir y el actuar puede sugerir, que el mal no ha muerto.
Me llamó la atención de forma particular algunos riesgos del nuevo gobierno, el reformismo sin prioridades: un gobierno que tire muchas flechas y sólo algunas den en el blanco.
El reformismo del nuevo gobierno no distingue que los gobiernos tienen recursos limitados. Escoger las batallas es garantizar su viabilidad.
Abarcar mucho significa apretar poco.
Otro riesgo es el desbalance presupuestario: no alcanza para todo. El margen presupuestario para 2019 es de aproximadamente 50 o 60 mdp.
Este monto ascenderìa quizá a 100 o 120 mil millones de pesos en 2019. La falta de recursos se puede afrontar si se depura la lista de programas o proyectos anunciados.
El siguiente riesgo es la ruptura del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a una república con división de poderes.
Un Legislativo que quiera evaluar, debatir y someter las propuestas del presidente al escrutinio, significa dilación.
El centralismo de AMLO es la desconfianza a las relaciones del federalismo, a sus propios pesos y contrapesos verticales.
El nuevo gobierno tiene enormes oportunidades de realizar una verdadera transformación.
Por lo anterior el principal riesgo de López Obrador es que él mismo se ponga el pie y tropieza en su afán de correr a prisa.
Y continuando con Morena, habrá exámenes para aquilatar el grado de "profesionalización" de los moreneros aspiracionales y ameritar categoría de "mejor perfil" que reconoce que todo nombramiento se amerita, no se regala, como dijo Yeidckrol Polevnsky Gurwitz. Una reivindicación de la meritocracia que era clasista y punitiva y colonialista y racista. Desde ahora los "cuadros" deberán demostrar académicamente que tienen habilidades para amar al pueblo.
Para crear la licenciatura en el perfil, el partido Morena decretó el Instituto de Formación Política (IFP). Página de Internet explica su misión: "tenemos que crear miles de cuadros", pues "nunca en la historia, una oligarquía se ha dejado arrebatar sus privilegios dar la pelea y viene una embestida contra nuestro movimiento".
Cada que comienza un gobierno, surge la interrogante de ¿Cómo se desenvolverá la relación medios-política? No hay democracia sin libertad de expresión y sin libertad de prensa.
Ahí donde las hay, han resultado ser el mejor instrumento para expresar la pluralidad, para que los ciudadanos conozcan sus opciones, partidos políticos compitan y para que los gobernantes rindan cuentas. Pueden, pero esto es sólo una posibilidad uno de los mayores contrapesos del poder. Mucho se habla de la responsabilidad de los medios y de que se requieren normas que permitan hacer efectivo el derecho a estar informados. En México, el Gobierno Federal y en mucho mayor medida los gobiernos locales suelen tener el sartén por el mango, dada la dependencia que la mayoría de los medios tienen de la publicidad oficial. Por eso del gobierno también hay que exigir responsabilidad. AMLO no se ha pronunciado respecto al papel de los medios y su relación con el gobierno. Lo único que sabemos es que el gasto será recortado en un 50%, pero no con qué criterios, que los recursos se centralizaran en la Presidencia y que en lugar de oficinas de prensa de cada dependencia, abra enlaces.
Como candidato, López Obrador fue extremadamente intolerante y tuvo expresiones demasiado desafortunadas contra la prensa, cuando recibió críticas.
Como candidato ganador le espetó al periódico Reforma que era parte de la prensa conservadora y que no odiaba, pero no olvidaba.
Como presidente electo ha dado ya más de un traspié.
Un gobierno que busca la cuarta transformación debe plantear seriamente una política de Estado frente a los medios y asumir un compromiso irrestricto con la libertad expresión. Mientras no los haya, lo mínimo que puede esperarse es prudencia y respeto, no instrucciones, juicios y adjetivos.
De no ser así, la curva de aprendizaje del nuevo gobierno promete ser de pesadilla.
Hemos visto que el gobierno entrante tiene un reto mayúsculo de cara al presupuesto de 2019.
El Presidente electo se ha comprometido a tener un superávit en las finanzas públicas, a no incurrir en mayor deuda y a no elevar los impuestos en términos reales. Al mismo tiempo, está diseñando una agenda social sin precedentes, con apoyos a jóvenes aprendices, adultos mayores, becas para estudiantes, medicamentos gratis, entre otras; así como de un ambicioso plan de infraestructura, particularmente en el sur de México.
Para hacer todo lo anterior de manera eficiente y transparente, en política social, educación, salud y economía, se requiere que tengamos una Clave Unica de Identidad. Tener una base de datos única en el país para niños, jóvenes y adultos, con una clave para toda nuestra vida, es indispensable para darle mayor seguridad jurídica a todo lo que hacemos.
El gobierno de AMLO tiene la legitimidad política que se requiere para destrabar un asunto qué tiene 20 años atorado por falta de capacidad y voluntad política.
Hoy la atmósfera está cargada de mayores ambigüedades, aún frente a sólidas certezas. Desde la campaña y ahora en el período de transición, hemos escuchado una retahíla de propuestas que, muchas de ellas, por irreales y absurdas, ya están quedando en el olvido, suenan más a demagogia que a proyectos viables.
Sin embargo, hay que reconocer que en torno a la austeridad se han empezado a tomar decisiones encomiables desde el Poder Legislativo.
Después de leer la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, qué fue presentada, a través de legislador de Morena Manuel Rodríguez González y suscrita también por el coordinador de ese partido, Mario Delgado, conforme al artículo 134 de la Constitución Política, tenemos la certeza de que lo único realmente claro es prohibir las pensiones de retiro de los expresidentes de la República y los seguros de gastos médicos mayores, de vida y de separacion individualizada.
Y otro punto que será fundamental después de los desvíos de recursos que se han dado en distintas dependencias y gobiernos de los estados, es el artículo 10 de dicha iniciativa, que impide la constitución de fideicomisos, fondos, mandatos, ya sea análogos, públicos o privados.
Pero fuera de eso hay poca claridad en los distintos artículos de la iniciativa, además de que quedaron fuera propuestas como la de eliminar al 70% de las plazas de confianza del sector público.
Reza el documento en cuestión que las disposiciones de este ordenamiento serían aplicables a todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos federales. Los ahorros y economías obtenidos serían destinados a programas prioritarios de atención a la población y planes sociales con asignación de Recursos del Presupuesto de Egresos la federación y demás leyes aplicables.
Es un hecho que se adicionarán otras propuestas de los diputados a esta propuesta de Morena, lo que fortalecerá esta primera piedra de todo el entramado legal que se construye en torno a la austeridad republicana.
Uno de los puntos que más controversia ha causado es el artículo 2 de dicha iniciativa, que señala que "Las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria".
Por supuesto que el próximo gobierno tiene peso político como para hacer las reformas que desee, incluso para no dejar, ni una coma de la Reforma Educativa. Pero primero debe de estar de acuerdo internamente sobre cómo va hacer las cosas; elaborar y presentar las iniciativas correspondientes, aprobarlas, en el caso de una reforma constitucional tener el voto calificado de las dos cámaras y de 17 Congresos estatales, y luego aprobar las leyes correspondientes, en línea con la nueva norma constitucional.
Procesos legales que toman su tiempo y que exigen trabajo y oficio político, acuerdos y elaborar sobre la gama de grises más que en torno a blancos y negros.
Y mientras eso sucede, las leyes vigentes se tienen que cumplir. Desde la oposición se puede proclamar todo, desde el gobierno no se pueden suprimir esos pasos ni ignorar las leyes.
Pacientemente desmantelado durante las últimas cuatro décadas, el Estado Mexicano encuentra en la gobernabilidad acaso el reto mayor, no sólo por sus menguadas capacidades institucionales para combatir la delincuencia y proveer seguridad a los ciudadanos. El gobierno entrante tendrá que recuperar éstas y apuntalar aquellas. |
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