Las víctimas que padecen el abuso de autoridad, para poder acceder a la justicia y la reparación del daño, para que les den atención pasa un tiempo considerable o de plano no les atienden, aun a pesar de que las afectaciones sean considerables y exista evidencia clara y contundente del abuso, deben recorrer un tortuoso camino en busca de justicia y la reparación del daño, particularmente, en el estado de Veracruz no solo no hay prontitud, se puede decir que están en total abandono.
A pesar de que la Ley de Victimas del Estado de Veracruz, obliga en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno del Estado, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones publicas o privadas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral y, que las autoridades de todos ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata, advirtiendo que, caso contrario quedarán sujetos, tal cual, a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas no cumple sus funciones, no apega su accionar a las disposiciones de la ley número 259 a que se sujeta su actuación, pasando por alto las obligaciones que puntualmente están asentadas en el texto referente.
Ni la más mínima atención se presta a las víctimas, por ejemplo, sus solicitudes y quejas ni siquiera son contestadas, mucho menos les convocan para dar seguimiento a su problema o están atentos a las consecuencias que pudieran derivar de su exigencia de justicia.
Lamentablemente en Veracruz, el acceso a la justicia para las víctimas es una misión casi imposible de conseguir y la reparación del daño ni soñarlo, la Comisión Estatal de Víctimas ni tiene independencia para actuar y mucho menos voluntad.
JORGE MARIN BARRAGAN |
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