Los líderes de los partidos integrantes de la coalición Por México Al Frente, Dante Delgado de MOVIMIENTO CIUDADANO, Damián Zepeda del PAN y Manuel Covarrubias del PRD, acudieron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar el uso faccioso de las instituciones en México, alertando además, sobre los altos niveles de violencia que han cobrado la vida de casi 40 candidatos, lo que constituye una amenaza al proceso electoral y para la estabilidad del país.
Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, institución aludida como instrumento ilegal y partidista para entrometerse en las elecciones a realizar este 2018, tratando de rechazar los hechos que dieron origen a la delicada denuncia ante este organismo internacional, reconoció en un mensaje video grabado que no existe investigación contra persona alguna sino para esclarecer hechos, anotando con una perogrullada, que la conducción del proceso electoral es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral.
La respuesta emitida por este funcionario, dependiente de la Presidencia de la República, es de un cinismo monumental y lleva implícita la aceptación de que los señalamientos hechos por los dirigentes del Frente Por México tienen mucho de verdad, porque a pesar de reconocer que no hay ninguna investigación en contra de persona alguna, no desmiente categóricamente que contra Ricardo Anaya no existe ningún delito que perseguir ; por otra parte tenemos, que al filtrarse a los medios de comunicación detalles sobre algunos hechos relativos a la supuesta investigación a la que alude el encargado de despacho, donde se siembra el nombre del candidato de la coalición Al Frente Por México, no tendría más intención que la de manchar su reputación, por lo tanto es evidente que una investigación que debería llevarse en secrecía fue utilizada para impactar en el ánimo de los ciudadanos e influir en el proceso electoral.
Al violentar con este suceso el principio de reserva de los actos de investigación y la de garantizar eficientemente el acceso a la justicia, los funcionarios de la Procuraduría General de la República faltaron al código de conducta de esa institución y sobre todo a la Constitución General de la República, por tanto deberían de ser sancionados pues es de su absoluta responsabilidad resguardar los expedientes y el contenido de las investigaciones a su cargo.
Un ejemplo de este tipo de conductas y consecuencias, es el caso del ex Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, que fue cesado luego de presumir que sus actuaciones habían violentado la secrecía de las investigaciones en esa fiscalía, el propio Alberto Elías Beltrán, explicó en esa ocasión que la reserva en las investigaciones tienen la finalidad de garantizar que una persona no sea incriminada mediáticamente cuando es inocente.
Lo ocurrido con Ricardo Anaya no tan sólo sería una omisión en los deberes de funcionarios de la Procuraduría, se trata de un linchamiento mediático, una acción deliberada para perjudicar a un aspirante a la Presidencia de la República con grandes posibilidades de obtener el triunfo.
Por si existieran dudas, este montaje escénico activó una campaña masiva de desprestigio contra el candidato de la Coalición Al Frente Por México en medios de comunicación, redes sociales y diversos foros de opinión, más aún, estos argumentos falsos y dolosos han sido retomados por el propio candidato oficial José Antonio Meade, el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza y con los que su vocero estelar Javier Lozano llena su enorme bocaza.
En efecto el INE es quien conduce el proceso electoral, supervisa las campañas y el conteo de los votos, pero también es una gran verdad que estamos ante un régimen que genera condiciones adversas para sus contrincantes, controla los programas de gobierno y utilizando las instituciones incide en la voluntad popular de forma descarada y cínica.
JORGE MARIN BARRAGÁN Orizaba, Ver. A 22 de marzo de 2019. |
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