Bajo el cobijo de López Obrador y con fuertes acusaciones de haber pactado con los protagonistas del episodio sexenal más turbio que ha vivido Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, resultó ganador de la elección a gobernador en el 2018, con más de millón y medio de votos logró vencer con comoda ventaja a los Yunes de Boca del Río.
En una entidad sumida en una grave crisis económica y de seguridad, producto de una pésima administración señalada por multiples actos de corrupción y desvío de miles de millones de pesos, precedida por otra de dos años con sed de venganza, con quienes la rijosidad y la estridencia mediatica sustituyó la correcta aplicación de la ley, asumió el poder entre divisiones partidistas, un fiscal intruso y unas finanzas seriamente comprometidas.
Al complejo escenario y las dificultades existentes, se sumaría la conformación de un gabinete sin experiencia, en algunos casos con integrantes de perfil inadecuado y otros más con un pasado cuestionado, por si eso no bastará la soberbia y frivolidad han permeado en los nuevos funcionarios, que no se han dado cuenta que la gente votó por López Obrador y no por ellos.
El primer signo del desorden y la falta de liderazgo se dio en la legislatura, tan fuerte fue el encontronazo entre los diferentes grupos internos, que iniciaron sus trabajos con dos bancadas legislativas de un mismo partido, pareciera que van a replicar la versión de las tribus que existieron alguna vez en el PRD, su partido de origen. Tal desorden inicial se remedio hasta que desde el poder federal vino la orden tajante de unificarse a como diera lugar.
Las finanzas públicas serán una cuesta muy difícil de remontar y no se van a resolver imitando a raja tabla, tienen que entender que son responsabilidades diferentes y una mala copia del ejecutivo federal podría poner en serios aprietos la viabilidad del estado. Los programas de austeridad y la reducción de salarios deben ser medidas debidamente analizadas y acorde con las necesidades prevalecientes, sin engaños en viaticos y sobresueldos y, con justicia para quien desempeñe su trabajo con eficacia, pulcritud y lealtad, pero sobre todo, lo verdaderamente necesario es la transparencia y rendición de cuentas en el origen, uso y destino de los recursos públicos.
La gobernabilidad ha tenido episodios verdaderamente lamentables, el frustrado basurero propuesto en Chinameca exhibió a un gobernador sin información y sin colaboradores con destreza política, lo que ocasionó que quedara a merced de un pueblo que se dio el lujo de retenerlo el tiempo que quiso y lo obligara a expresar de viva voz su desistimiento de esa obra.
Ese mal ejemplo a permeado en la entidad como una muestra de debilidad, lo cuál es muy delicado, el episodio más reciente de rebeldía, por más justificado que sea el motivo, lo han protagonizado alcaldes del PRD al hacer pública una presunta propuesta, que contemplaba aceptar solo el 50 % del dinero que el gobierno de Javier Duarte había retenido indebidamente y que Yunes Linares tampoco pudo reembolsar a sus ayuntamientos. Tal escandalo no quedó como un desencuentro, ha dado motivo para la presentación de solicitud de juicio político contra el Gobernador y su Secretario de Gobierno, que aún que no procediera por la mayoría que tienen en la legislatura, es otro golpe más que mina la credibilidad de la nueva administración.
Golpe tras golpe ha recibido la administración de Cuitláhuac García, los más duros y delicados, todo parece apuntar, vienen de sus correligionarios, así queda evidenciado con la filtración de audios donde se escucha la estrategia que tiene en marcha para destituir al Fiscal del Estado y que solo alguien de adentro pudo grabar, la publicación de Reforma donde se dieron a conocer agrava la disputa con los grupos comandados por Rocío Nalhe y Ladrón de Guevara.
El pleito principal es con el Fiscal del Estado y es el que más afecta a la entidad. Jorge Winckler, es un hombre de todas las confianzas del ex gobernador Yunes Linares, fue ubicado por él en ese estrategico cargo para tener el control de la fiscalia aún después de dejar de ser gobernador, este es el motivo por el cuál el nuevo gobernante no lo acepta, así de simple. Lo que ocurre en el fondo es la lucha por el control de la fiscalia para premiar o castigar según sea el caso, un pleito que nada tiene que ver con la seguridad y la busqueda de la justicia. Es un tema que puede durar muchos meses y que combinado con las pifias del nuevo gobierno y su confrontación interna, seguirán teniendo a Veracruz sumido entre la anarquía y la violencia.
¿Que hacer con el Fiscal?, reestructurar el consejo estatal de seguridad, ampliando lo más posible los lugares de la sociedad y los diferentes colectivos, sesionar y
coordinarse con la fiscalía y exigirle cuentas puntuales de sus quehaceres y resultados, trabajo y más trabajo, esa es la clave.
JORGE MARÍN BARRAGÁN.
Orizaba, Ver. A 26 de enero de 2019. |
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