El 30 de abril se venció el plazo para que todos los sujetos obligado, desde ayuntamientos hasta dependencias estatales, federales, Poder Judicial y legislativo, así como organismos autónomos, actualicen sus obligaciones comunes y específicas de transparencia.
Se trata de un catálogo de al menos 60 obligaciones que ya deben estar publicadas en los portales de cada ente y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en archivo descargable de Excel (así lo establecen los lineamientos generales y locales). Un formato que, desde mi punto de vista, no le gusta a la ciudadanía y que se utiliza en tareas financieras y contables, con fórmulas y un lenguaje de programación.
Aunque a muchos no nos gusta esa hoja de cálculo, todas y cada una de las fracciones del artículo 15 y 16 (para las dependencias estatales) o 17 (para el Poder Legislativo) deben estar disponibles en esa aplicación, según los ordenamientos en la materia.
Las obligaciones de transparencia se actualizan, en su mayoría, de manera trimestral; otras semestrales y, las menos, de forma anual. Se trata de información relativa al directorio de funcionarios, su información curricular con soporte documental (es decir, imagen del título o cédula profesional), los salarios y prestaciones desglosado por gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos y estímulos; los gastos de representación y viáticos, el número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto; las contrataciones de servicios profesionales por honorarios o asimilados; concesiones y resultados de adjudicación directa, entre otros.
¿Cómo se consulta esa información? Revise en cada portal oficial el apartado que dice “transparencia”, de ahí ingrese al botón “obligaciones” y/o “Ley 875”, donde le saldrán otros dos pestañas: Artículo 15 o Comunes y Artículo 16 o Específicas. En ese momento se debe desplegar un listado con ese catalogo y al ingresar a cada una de ellas podrá descargar el formato Excel.
En este caso, la información que se debió actualizar en abril abarca datos o informes de los tres primeros meses del año. Hay resistencias de las áreas responsables de cargar esa información; las plataformas digitales, sobre todo la federal, ha dado fallas al subir los formatos; la autoridad no difunde que esta disponible y la ciudadanía desconoce dónde buscar o cuáles son las competencias y atribuciones de cada organismo.
Las obligaciones de transparencia no son la panacea para atender el problema de la corrupción en Veracruz y en México, pero algo sí le digo: obliga a las áreas administrativas y operativas a mantener sus procedimientos en orden y a reportar gran parte de su actuación.
Los ordenamientos en transparencia van emparejados con otras leyes como la de contabilidad gubernamental o las que crean y regulan el Sistema Nacional Anticorrupción. Y es solo el primer paso para transitar a la transparencia proactiva, la participación y colaboración ciudadana para llegar al “Gobierno Abierto”. ¿Qué falta? La sistematización
de esa información, darle una utilidad a esas bases de datos públicas y aplicaciones o herramientas para acercar los trámites y servicio a la población.
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