Cuando los morenistas bloquearon el Congreso de Veracruz pensé: Los que deberíamos tomar el Poder Legislativo somos los ciudadanos, pero no nos organizamos. Con tantas omisiones y colusiones en la Legislatura que terminó, en lo que menos pensaron los ex diputados locales es en el bienestar de los veracruzanos.
El vocablo latino collusio es el origen de la palabra colusión, que puede definirse como un “convenio a través del cual se pretende alcanzar cierto provecho a costa de un tercero, valiéndose de medios fraudulentos”, dice Wikipedia.
Como delito la ley señala que “se concreta bajo el acuerdo clandestino alcanzado entre dos o más personas para perjudicar a un tercero”. Y en este caso, los diputados salientes –igual que la anterior legislatura- perjudicaron al pueblo veracruzano.
Con la caída del PRI en Veracruz hace dos años y la llegada de un panista, aquellos que fueron gobierno se vieron obligados a ser oposición.
Supuso una transformación en los Poderes Legislativo y Judicial. Y lo que se esperaba era que tuvieran una mayor independencia y autonomía, pero no fue así. Siguieron como aliados e incluso en sumisión al Poder Ejecutivo.
Muchos crearon grandes expectativas en la legislatura que terminó funciones el 4 de noviembre por tener mayor pluralidad y menos presencia del PRI. Yo tenía mis reservas, como ahora las tengo con las y los nuevos diputados.
Los legisladores que salieron nos quedaron a deber en varios temas: primero en la reforma del Código Penal para aumentar las casuales del aborto. Lo disponía la segunda alerta de género por discriminación normativa, pero solo su “soberanía” mandó. Después un juez federal concedió un amparo a diferentes asociaciones que denunciaron al Congreso por omisión, tampoco les importó.
De manera sistemática, en la LXIV se negó a cumplir sentencias de amparo. También recibieron una orden judicial para que analizaran una solicitud de juicio político en contra de magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pero no lo hicieron.
La Jornada, este jueves 8 de noviembre, publica en la portada con información de Jair García que “El Congreso desdeñó al Orfis en el perdón de las irregularidades”. Ya en la nota se señala que el órgano auditor no tuvo ninguna participación en los acuerdos tomados entre los ex diputados locales que aprobaron la cuenta pública 2017 y la solventación que realizaron algunos ex funcionarios públicos, fue de manera exclusiva ante los ex legisladores.
Otro tema que genera muchas dudas y suspicacias fue la administración y ejercicio de los recursos públicos del Congreso, tan sólo en este 2018 el presupuesto fue de 732 millones de pesos y en el 2017 fue de 679 millones y en 2016 de 616 millones. Si según ellos no aumentaron personal y, me dicen, por el contrario recortaron o despidieron, en qué utilizaron los recursos.
A eso hay que sumarle la imposición en los nombramientos: primero en el IVAI (dejando a un asesor de los propios diputados) para terminar con el fiscal anticorrupción carnal, un abogado de la actual FGE, gente de todas las confianzas de Jorge Winckler.
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Ninguna madre debería pasar por el dolor de perder un hijo de manera violenta como le ocurrió a la diputada federal por el distrito de Minatitlán, Carmen Medel… en unos segundos le arrebataron todo y su sufrimiento es el rostro de muchas personas en Veracruz.
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