Valiéndose de su “autonomía” constitucional, algunos ayuntamientos veracruzanos se han servido con la “cuchara grande”, como se dice coloquialmente, asignándose monumentales salarios, que superan las percepciones oficiales del gobernador de Veracruz.
Electos por la voluntad popular, sin importar colores, los nuevos ediles se han impuesto percepciones, en el caso de los más altos, van desde los 100 hasta 160 mil pesos; aunque debo decir que el promedio está entre 40 y 70 mil pesos.
En un ejercicio de transparencia, requerí a más de 50 ayuntamientos la información de los salarios y prestaciones que tienen los integrantes de los cabildos. No todos han dado respuesta y algunos proporcionaron más información que otros, clara y precisa.
Actualmente solo 111 ayuntamientos veracruzanos cuentan con recursos para tener un portal de transparencia, el resto deben dar a conocer su información pública a través de mesa o tablero en las instalaciones del ayuntamiento.
Hasta 160 mil pesos mensuales de salario bruto se ha asignado uno de los alcaldes (el de Poza Rica); el de Martínez –por ejemplo- tiene una percepción de 130 mil pesos y en este caso lo que me llama la atención es la disparidad de lo que percibe la síndica y los regidores, todos con casi 60 mil pesos.
Entre los mejores salarios en ayuntamientos veracruzanos se encuentra también el del cabildo de La Antigua, Cuitláhuac y Cacahualco, los cuales van desde 88 hasta 100 mil pesos mensuales. Otros como Atzacan, un municipio pequeño de las altas montañas, con 20 mil habitantes y un sueldo neto de 75 mil pesos.
Las autoridades de dichos ayuntamientos son emanadas de diferentes partidos políticos, entre ellos: PAN-PRD, PRI-PVEM y Morena, cuatro de ellos son presidentes municipales hombres y una mujer.
En cuanto a su hacienda, los municipios pueden administrar los recursos libremente y se integra por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones de los ciudadanos como el pago del predial, agua y saneamiento, además de permisos comerciales; incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados.
¿Cuánto debería ganar un alcalde?, es una pregunta difícil de contestar. Es cierto que realizan labores importantes y vitales para el funcionamiento de una ciudad, además de que son el primer contacto con la ciudadanía; pero vivimos momentos de precariedad económica como sociedad, en los que debería imperar el buen juicio y responsabilidad social.
Estoy a favor de un salario digno, muy digno, de acuerdo a sus responsabilidades y el grado de dificultad para cumplirlas, pero son muchas variables que podrían considerarse como densidad poblacional – no es lo mismo un ayuntamiento con más de medio millón de habitantes que uno con 12 mil habitantes-, el nivel de marginación y pobreza, las condiciones territoriales y socio-económicas, su capacidad administrativa y financiera; pero no de los excesos ni el derroche.
En cuanto a las respuestas de transparencia que recibí, es de reconocer la disposición del algunos ayuntamientos para informar, sobre todo los más pequeños, rurales y hasta marginados como Ixmatlahuacan, Zongolica y Tehuipango…En algunos casos presentaron hasta el recibo de nómina y la transferencia bancaria como Fortín y Chinameca.
En cambio, los grandes como Boca del Río, Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos no informaron de forma detallada ni accesible.
Otros, como es costumbre entre muchos sujetos obligados, optan por la discrecionalidad y la confusión. En sus reportes no aclaran si la cantidad proporcionada es mensual o quincenal, si esta desglosado el ISR o si gozan de otras prestaciones, o envían links que no llegan a ninguna parte.
P. S. El 28 de abril se cumplen seis años del asesinato de Regina Martínez, Corresponsal de Proceso. No hubo esclarecimiento de su crimen y solo se logró la detención y condena de una persona.
La impunidad y el desprecio hacia el ejercicio periodístico deja en condiciones de vulnerabilidad a quienes realizan esta labor.
P.S. El Senado de la República, sin escuchar a la ciudadanía y sin tomar en cuenta estándares internacionales de derechos humanos, aprobó la Ley Chayote, que mantiene el sistema de discrecionalidad, no pone límite a los montos a ser otorgados y no establece controles externos o sociales como contrapesos, sostuvo el Alto Comisionado de la ONU.
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