Hace dos años se leía el siguiente titular en un medio nacional: “Yunes Linares pide la intervención de Peña Nieto en Veracruz”. Y en el resumen explicaba que el entonces gobernador electo advertía que Javier Duarte pretendía blindar su salida al nombrar al Fiscal Anticorrupción así como a los integrantes del Tribunal especializado en la materia, además del Contralor.
Efectivamente, Duarte, acusado de desviar miles de millones de pesos de las arcas públicas y de delitos de lesa humanidad, trató de blindarse imponiendo gente a modo en la estructura del Sistema Anticorrupción.
También lo pretendía hacer dejando de comisionado del IVAI a Gabriel Deantes. El proceso logró detenerse minutos antes de la sesión legislativa en la que saldría votado y designado (con una mayoría priísta en ese momento).
Unos días antes, Javier Duarte había conseguido la mayoría calificada, haciendo uso hasta de suplentes, para designar a tres nuevos magistrados en el Poder Judicial por un período de 10 años. Se trató de Patricia Montelongo Guerrero, Lizbeth Hernández Ribbón y Francisco Portilla Bonilla.
En ese momento de intransigencia, la bancada del PAN en el Congreso local se alzó como una fuerza opositora, digna, que recibió el respaldo de muchos ciudadanos, incluidos periodistas que vimos con buenos ojos que intentaran impedir ese blindaje.
Gracias a la presión social y mediática, llegó la transición política en el poder. Miguel Ángel Yunes abanderado por el PAN y el PRD se alzó con el triunfo en las urnas después de 86 años de hegemonía del PRI. Muchos avizoraban un cambio, tenían grandes esperanzas en un nuevo gobierno y en un Congreso plural e incluyente.
La transición era necesaria en Veracruz, de otra forma tal vez no habría llegado la detención del ex gobernador y algunos miembros de su camarilla.
Sin embargo, en solo año y medio de ese nuevo gobierno y congreso se repitieron los errores: la imposición en el IVAI (aunque solo pudieron hacerlo con un “comisionado provisional”) y personas cercanas a dos de los poderes en Veracruz fueron asignados como integrantes del nuevo Tribunal anticorrupción nada menos que por diez años.
Ahora quieren seguir la misma tónica con el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, que será inamovible por cinco años; así como con la designación de magistrados en el Poder Judicial, pero ahora no serán tres sino 12.
Como señala el Artículo 59 de la Constitución de Veracruz, los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus integrantes. Eso no está a discusión, sólo se pide congruencia. Si como gobernador electo pidió que no se asignara a gente cercana a Duarte en “puestos claves”, como gobernador en funciones debe aplicar la misma fórmula.
Como en aquel momento histórico para el estado, hoy es necesaria la alternancia en el poder para poder llegar a la rendición de cuentas.
“Hay que escuchar la voz popular. No se nieguen a hacerlo”, señaló Yunes Linares el 27 de junio de 2016. Coincido con las palabras que expresó hace dos años el gobernador panista.
La ciudadanía debe estar por encima de intereses de grupo, cotos de poder y visos de autoritarismo.
Twitter @ydlan Transparencia3.0@hotmail.com |
|
