El pasado de 20 de agosto, después de dos años de haber solicitado los convenios de publicidad oficial del gobierno de Javier Duarte, fueron entregadas copias de algunos documentos emitidos en los dos últimos años de su sexenio con los medios de comunicación estatales y nacionales.
Fue un largo camino, por la vía administrativa y judicial. Hasta que se ganó el amparo federal –en marzo de este año-, el IVAI impuso amonestaciones y multas a la Coordinación General de Comunicación Social. Ni el Gobierno de Veracruz ni el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información actuaron de forma responsable, por el contrario fueron omisos y negligentes.
Se trata de convenios abiertos, que carecen de la cantidad que destinaron a esas empresas, información que incumple la resolución emitida desde noviembre de 2016 por el órgano garante en la que se advirtió que debía proporcionarse la información derivada de los mismos “los medios contratados y los montos pagados a cada uno de ellos por dichos servicios”.
En aquella resolución, la comisionada ponente, Yolli García, advertía que era necesario “transparentar la rendición de cuentas y actuar de los entes ante la sociedad, bajo el principio de máxima publicidad”.
La misma información se solicitó en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y en la pasada administración, cuando estaba al frente de la dependencia Gina Domínguez, hoy en la cárcel acusada de enriquecimiento ilícito por el pago de jugosos convenios a empresas de su propiedad o en las que se encontraba como socia.
A casi dos años de que dejó el “poder” Javier Duarte, la opacidad persiste en la publicidad oficial de Veracruz. En noviembre de 2017, Elías Assad, le declaró al corresponsal de Proceso que el ex gobernante “agasajó” con 13 mil millones de pesos a empresas periodísticas y que algunas nacionales eran sus consentidas.
En la cuenta pública de 2016, el ORFIS señaló que desde la Coordinación de Comunicación Social se desviaron 2 mil millones de pesos y casi la mitad sería a empresas fantasmas, sin registro público y otras que compartían dirección en viviendas o locales cerrados en el estado de Puebla.
Lo raro es que esos nombres ni algunos otros que era del conocimiento público que tenían convenio con gobierno, no aparecen ahora en las 2 mil 140 copias simples entregadas y que representan contratos con cerca de 150 medios de comunicación establecidos entre 2015 y 2016.
Lo que sí queda claro en esos convenios es la forma en que dispersaban el recurso público para pago de publicidad oficial, los proveedores debían endosar las facturas a nombre de distintas dependencias estatales, según la indicación que se les diera.
Además establecieron en ellos una clausula de confidencialidad para que el prestador de servicios no divulgara los resultados y las condiciones del documento, ni la información que se les proporcionara para el cumplimiento.
El acceso a la información no es una concesión ni dadiva, es un derecho. Sin embargo, los funcionarios en turno no entienden que el poder es efímero, que hay consecuencias legales de su actuar y que deben estar bajo el escrutinio de la ciudadanía.
Es indudable que los medios de comunicación pueden establecer convenios completamente lícitos con la federación, gobiernos estatales o municipales; sin embargo, quienes ejercemos el periodismo debemos promover un piso parejo, igualdad de condiciones para acceder a los recursos públicos y transparencia en su asignación.
Comprender la historia reciente, y por eso la insistencia de transparentar el quehacer gubernamental, nos puede ayudar a evitar los errores del pasado: el desvío de recursos a empresas “fachada”, la designación de contratos millonarios a un puñado de medios e inequidades en la contratación de publicidad oficial.
Ojo: No se vende la dignidad ni la línea editorial; se vende publicidad y espacios, nada más.
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