En política, la conveniencia y no el bien común, es lo que impera. Veamos algunas vicisitudes de la partidocracia veracruzana.
Visión PAN
Correcto: Que alcaldes, diputados y dirigentes de ese partido tomen la sede del Poder Ejecutivo y la Casa Veracruz en octubre de 2016 para exigir a las autoridades estatales el pago de participaciones federales.
Incorrecto: Que diputados locales y simpatizantes de Morena tomen el Congreso de Veracruz –el pasado 07 de agosto- para tratar de “impedir” supuestamente el nombramiento de 12 magistrados del Poder Judicial estatal a propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Visión PRI
Correcto: Hacer alianza con el PAN para nombrar a tres de los cuatro magistrados Anticorrupción a modo. Se trata del ex secretario particular del gobernador Miguel Ángel Yunes, la ex secretaria de acuerdos en la Sala Penal con Edel Álvarez, hoy Presidente del Poder Judicial, y el ex director Jurídico en la administración municipal de Américo Zúñiga.
Incorrecto: Que la bancada de Acción Nacional acuerde con PRD y Nueva Alianza el nombramiento irregular (con solo 29 votos cuando se requería la mayoría calificada) al Fiscal Anticorrupción, gente cercana a Jorge Winckler, actual fiscal General.
Visión Morena
Correcto: Nombrar a un cercano de la familia García Guzmán -aliada en este bienio al gobernador panista- como comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el cual además era asesor del propio Congreso.
Incorrecto: Que el abogado de la familia Yunes continúe en el cargo de Fiscal General del Estado en la administración que está por iniciar Cuitláhuac García Jiménez debido a sus nexos y cercanía con el todavía gobernante.
Sin duda, todos –PRI, PAN, Morena, Nueva Alianza, PRD- actúan por conveniencia, ya sea para atender intereses personales o de grupo. Parece una actuación sistemática de partidos políticos y personas que ostentan el “poder”.
Mientras los ciudadanos “siervos”, como define Capella, sigan cediendo su autoridad a los políticos, los partidos tendrán secuestradas a las instituciones públicas y a los organismos autónomos.
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