Por: Alejandro Bustos.
Al grito de “No son privilegios, son nuestros derechos” o “somos abogados, no somos acarreados” junto con muchas consignas más, se lanzaron a las calles miles de profesionistas del Poder Judicial de la Federación, en todo el país, para protestar ante el atropello más grande y abuso de autoridad por parte del Poder Ejecutivo, en contra de otro poder, en lo que va de este siglo.
Indiferencia no ha sido precisamente la reacción que ha generado en el resto de la ciudadanía. A todos nos ha tocado atestiguar, ya sea por parte de amigos o familiares que laboran en esas dependencias y que desafortunadamente están siendo afectados, cómo se han organizado para defenderse. Una de las características que más me ha llamado la atención de este creciente movimiento, es que al ejercer su legítimo derecho de manifestación, los trabajadores del Poder Judicial en ningún momento han afectado la circulación de las ciudades por lo que naturalmente no han generado caos vial. Incluso, cuando vemos los miles de videos o stories en las redes sociales, nos podemos percatar del apoyo unánime de la ciudadanía que les respaldan pitando a favor como gesto de aprobación.
De momento, es una batalla que lleva ganada el presidente López Obrador junto con sus secuaces del Poder Legislativo. Antier, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se reforman artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para desaparecer 13 de sus 14 fideicomisos, cuyos montos ascienden a 15,000 millones de pesos y que, presuntamente, serían destinados a becas para menores.
El Gobierno Federal sostiene ante la opinión pública que el recurso que por decreto regresará a las arcas a la Tesorería de la Nación está justificado puesto que son “privilegios”, omitiendo que los fideicomisos se conforman con aportaciones de los trabajadores, y que son mecanismos ideados y conservados para fondear contingencias con la finalidad de que no dependan del Presupuesto de Egresos de la Federación, según definía el propio Ministro Laynez en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
Por lo que es seguro asumir que López Obrador está equivocado y mal informa cuando afirma que los trabajadores están siendo manipulados para manifestarse en su contra. Aunque tampoco es de sorprender puesto que él le habla a su base de seguidores, le importa poco lo que los funcionarios del PJF opinen de él o ganarse sus simpatías, ya que es una lucha que, de antemano, considera perdida. Su única prioridad es la operación política electoral del año entrante y busca de dónde conseguir recursos para financiarla; sin embargo, no será tan fácil.
Crucial separación de poderes.
Es innegable que el Poder Legislativo hoy en día es una mera oficialía de partes del Poder Ejecutivo y todo gracias a los serviles legisladores de Morena y aliados. La oposición tiene las manos atadas ya que la fracción oficialista cuenta con la mayoría simple para aprobar el dictamen, sin quitarle una sola coma, por lo que intentar frenarla se convierte en un esfuerzo fútil. Llegados a este punto cabe la pregunta ¿y qué hacer?
Afortunadamente, y como advierten diversos juristas especializados en el tema, todavía queda esperanza en que la Suprema Corte lo pueda revertir. Así como lo ha hecho al frenar el infame ‘Plan B’ o la iniciativa que ordenaba que las obras de gobierno se les considerara asuntos de seguridad nacional para imponer la opacidad, se espera que en esta ocasión se repita el mismo camino ya que López Obrador no cuenta con la mayoría de simpatías en la Corte.
Es previsible que, una vez discutida y aprobada por ambas Cámaras, de inmediato sea impugnada por las fracciones parlamentarias de la oposición, mismas que podrían promover una controversia constitucional. Por otra parte, los propios trabajadores también han manifestado que ya sea en lo general o en lo particular, y ejerciendo sus derechos ciudadanos, recurrirían al amparo; por lo que ya sea por una u otra vía terminaría en la SCJ y, una vez en las manos de los ministros, sería revertida de inmediato.
El problema aquí es tener que llegar a este punto, por no hablar de los 30 mil trámites que se calculan quedarán detenidos a causa del paro. Desde que el famoso Ministro Mascota (como lo bautizaron en las redes sociales) Arturo Zaldívar dejara de ser presidente de la Corte, López Obrador no ha hecho más que arremeter en cualquier oportunidad que ha tenido en contra del Poder Judicial, específicamente en contra de su titular, la Ministra Presidenta, Norma Piña. El propio AMLO, que ya advierte que es un escenario más que posible, dijo en una de sus mañaneras que, de hacerlo, la Corte estaría generando una “ruptura al orden constitucional”; en otras palabras, lo que le molesta es que no estén sometidos a su voluntad.
López Obrador se ha caracterizado por detestar la independencia de poderes y organismos públicos que no sean abyectos a sus ocurrencias. De momento, el último pilar de la democracia agonizante de este país recae en el Poder Judicial de la Federación, concentrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se vienen días intensos de movilización en todo el país y según se prevé la gran mayoría de los 55 mil trabajadores que pertenecen al PJF podrían salir a las calles este fin de semana a manifestar su rechazo en contra de esta resolución. Lo que no puede pasar desapercibido es que de esos 55 mil trabajadores afectados, si se toman en cuenta 10 o 20 adultos más que sean sus amigos o familiares, se podría llegar a traducir en casi un millón de votos que están en juego en contra de Morena.
AMLO ha garantizado que no se les va a afectar en nada, pero me da la impresión de que su palabra ya no tiene validez. Después de todo, prometió que no habría desabasto de medicamentos (entre muchas otras cosas) o si no “se cambiaba el nombre”. De momento, que sepamos, se sigue llamando Andrés Manuel López Obrador.
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