Diana Karina Barreras es “dato protegido”, una mujer que usó el poder que tiene su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el en la Cámara de Diputados para humillar a otra mujer, a Karla Estrella, una ciudadana que se atrevió a acusar el influyentismo del marido en el PT para colocar a la señora sin méritos políticos, como candidata a diputada en Sonora. Desde el órgano electoral se obligó a Karla Estrella a disculparse de Diana Karina Barreras por el famoso delito de “violencia política de género”; un mes de disculpas diarias le impuso. Pues en las redes sociales, donde se debe disculpar Karla Estrella, lo que le ha llovido a Karina Barreras y a Sergio Gutiérrez Luna son insultos, repudio y vituperio. Se han organizado en redes para que todos los días del mes de sentencia se le recuerde a la pareja “real” que son unos abusadores, prepotentes, o en palabras del genial cómico de carpa, Jesús Martínez “Palillo”, unos “malditos políticos abusivos, rateros, lacras, pulpos chupeteadores, pocalucha, debería darles vergüenza robarle a los infelices, que escasa madre tienen, nacieron en incubadora, descastados…”. El tiro le salió por la culata a la esposa de Gutiérrez Luna que dice estar defendiendo el derecho de las mujeres. Pero como le mandó a decir Salvador García Soto: “Usted diputada no defendió ningún derecho de las mujeres, defendió su privilegio político e hizo mal uso se una ley para abusar de su poder humillando a una ciudadana”. Faltan más de 25 días de disculpas, 25 días de insultos, repudio y vituperio a “dato protegido”, Diana Karina Barreras, una mujer abusiva.
Ante el escándalo de la esposa de Gutiérrez Luna, en el país se vuelve famosa Mara Chama, otra que se aprovecha del delito de “violencia política de género”
Repudiada hasta dos veces por los teocelanos, que no la quieren ni como reina de la feria del pueblo, Mara Chama se dio a conocer a nivel nacional por aprovecharse del presunto delito de “violencia política de género” para censurar a la prensa de Veracruz. Señala la revista Proceso sobre ese caso: “En mayo de 2024 Chama Villa era candidata plurinominal a la diputación federal por el PVEM y presentó una queja para señalar que desde su participación en el proceso electoral ordinario 2020-2021 –en que fue candidata a la presidenta municipal– hasta el pasado proceso electoral federal 2023-2024 sufrió violencia política en razón de género por la publicación de notas periodísticas. La Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que los periodistas incurrieron en violencia política contra las mujeres al publicar contenidos que reforzaron estereotipos de género y minimizaron la trayectoria política de la denunciante”. Mara, hija de Mario Chama, exalcalde de Teocelo, quien pretendió ser alcalde también de Colipa, fue calificada como “la niña verde”. Al padre se le acusó de querer “heredarle el cargo a la hija de papi”, o de “cumplirle el caprichito”. Pues la hicieron candidata en dos ocasiones y en esas dos ocasiones la rechazaron. El tribunal electoral, en su estulticia, consideró que las expresiones vertidas por los periodistas, eran “formas de violencia simbólica, mediática, verbal, digital, psicológica, análoga e interpósita persona”.
Ese esperpento llamado Layda Sansores. Arremete en contra de periodista de Campeche. Una jueza le puso censor; no puede publicar nada sobre ella y todo debe ser revisado
¿Qué se puede esperar de semejante esperpento que gobierna Campeche? Layda Sansores ha demostrado que un gobernador puede ir cada día más bajo y más bajo. La señora gobernadora de Campeche Avergüenza a sus paisanos y persigue a sus críticos. En un grave atentado contra la libertad de expresión, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha intensificado su persecución judicial contra el periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna. A pesar de que González Valdez, de 72 años, se jubiló en 2017 y no tiene control editorial sobre el medio, una jueza de control, Ana Maribel de Atocha Huitz May, le prohibió mencionar o publicar contenido sobre Sansores, imponiendo un censor judicial que debe aprobar previamente cualquier nota, comentario o programa de Tribuna. Esta medida, calificada como “ley mordaza” por defensores de derechos humanos, se suma a una previa vinculación a proceso por presunta “incitación al odio”, que incluyó una multa de dos millones de pesos y la prohibición de ejercer el periodismo por dos años, aunque esta última fue revertida por un tribunal federal por considerarla desproporcionada. La ofensiva de Sansores, respaldada por recursos estatales, revela un uso autoritario del poder para acallar críticas, en un contexto donde otros medios locales han cerrado bajo presión. Este caso, que ha generado indignación nacional, pone en evidencia la fragilidad de la libertad de prensa en México y el abuso de figuras legales para proteger el ego de funcionarios en lugar de garantizar derechos fundamentales.
Armando Ortiz Twitter: @aortiz52 @lbajopalabra
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