Gilberto Aguirre, exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, fue sentenciado a 17 años de prisión por alterar pruebas y obstruir las investigaciones en el caso de la desaparición de un expolicía. Aguirre ocupó un cargo clave durante el gobierno de Javier Duarte, en una etapa marcada por graves señalamientos de irregularidades en peritajes y manejo de escenas del crimen en Veracruz. Ahora, un juez lo encontró culpable de manipular evidencia en un caso de desaparición. Resulta que este es el mismo sujeto que acusó de tortura a Jorge Winckler, exfiscal de Veracruz. Esa denuncia es precisamente la que mantiene a Winckler en prisión preventiva desde hace meses, tras ser vinculado a proceso por ese delito. Resulta paradójico (por no decir preocupante) que una persona condenada por alterar un caso de desaparición haya logrado que su acusación de tortura sea el sustento principal para mantener privado de la libertad a Jorge Winckler. Esta situación genera dudas razonables sobre la solidez y la imparcialidad de las pruebas que sustentan la prisión de Winckler. El caso pone de manifiesto, una vez más, las complejidades y posibles contradicciones en el sistema de justicia veracruzano, donde testigos o denunciantes con credibilidad judicialmente cuestionada pueden influir de manera determinante en procesos de alto perfil. Queda claro además que la prisión de Jorge Winckler no es un caso de justicia, sino una venganza de Éric Cisnero, “Bola 8” y Cuitláhuac García. Que Rocío Nahle permita que Winckler siga en prisión, eso la hace partícipe de esta injusticia.
¿Cómo le hace una mujer, que gana 38 mil pesos mensuales, para pagar autos de lujo y casas al contado, amén de una fiesta de 40 millones? Ya la investiga Pemex
Los nuevos ricos de la 4T en Tabasco no se miden. Como nuevos ricos, a los que no les costó ganarse el dinero con el sudor de su frente, no tienen empacho en presumir lo malhabido. Es por ello que una fiesta de XV años, que, según cálculos, pudo haber costado 40 millones de pesos, no iba a pasar desapercibida sobre todo en una familia cuya primera casa era de interés social, comprada por medio de un crédito hipotecario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Ahora, gracias al periódico El Universal, nos enteramos que la señora Virginia Guillén Ávalos, esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario de Tabasco y contratista de Pemex, tiene suficientes recursos en efectivo como para comprar casas, terrenos y autos al contado; como diría López Obrador, en “cash”. Lo curioso es que esta mujer sólo gana 38 mil pesos en Pemex, donde labora como Auxiliar Técnico B en Pemex Exploración y Producción (PEP). La Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la paraestatal informó que ya se abrió una denuncia para investigar cómo le hace esta empleada para agenciarse tanto efectivo. A lo mejor la señora hace tandas, vende Avón o Tupperware. Aunque, siendo tanto dinero en efectivo, es muy probable que la señora se dedique a la “lavandería”, es decir, al lavado de dinero.
¿Qué esperaba usted? Ernestina Godoy, fiscal de la República, dice que el descarrilamiento del interoceánico no fue por causa de la obra de López Obrador
En el lugar del accidente del Tren Interoceánico, que cobró la vida de 13 personas el pasado diciembre, algunos de los pasajeros tomaron videos y fotografías de las vías en el tramo del accidente. Los durmientes de esas vías eran de madera, madera añeja en un tramo que supuestamente se había reconstruido. Los expertos aseguran que las malas condiciones en que se encontraban las vías fue la razón por la que el tren descarriló. Sinn embargo, la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, contradice todas estas pruebas al
asegurar que la obra del Tren Interoceánico está en buenas condiciones, por lo que la obra no es la razón del descarrilamiento. Señala la señora Godoy: “Después de una minuciosa inspección y toma de muestras con el que se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balastro cumplen con la norma. Resultado de indagatorias, los ministerios públicos, luego de integrar cuatro carpetas de investigación, acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, razón por la cual la investigación se llevó ante un juez oportunamente con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo”. Como dice el dicho, “al perro más flaco le van a echar las pulgas”. Al conductor, Felipe de Jesús Díaz, y el despachador del tren Ricardo Mendoza, se les responsabiliza por homicidio y lesiones culposas.
Armando Ortiz Twitter: @aortiz52 @lbajopalabra |
|
