Andi Uriel Hernández Sánchez
Hasta el censo decimal del año 2020, el INEGI reportó que en México habían poco más de 35 millones 200 mil familias, de las cuales nueve millones carecían de una vivienda digna y decorosa, a pesar de que es un derecho social establecido en el artículo 4to de la Constitución de la República. La cifra es escandalosa porque demuestra que la carencia de vivienda afecta a 25.56% de la población del país, o sea más de 50 millones de mexicanos.
A pesar de que la vivienda es un derecho universal, en los hechos todos los gobiernos federales del último siglo, sin importar el color partidario, se han ido desentendiendo paulatinamente de garantizarlo, como parte de la política neoliberal de recortar el gasto social y destinar cada vez menos recursos públicos a mejorar la vida de los sectores más vulnerables de la población.
La política seguida hasta el momento ha sido la de entregar a la iniciativa privada, a las implacables leyes del mercado, la facultad de generar centros habitacionales, fraccionamientos y vecindades en donde pueden vivir solo aquellos que pueden pagar por ello, convirtiendo en un anhelo imposible para millones de familias tener un lugar en donde vivir.
La dificultad económica es casi insuperable. Para 2024 el precio promedio de una vivienda formal en el país ascendió a 1.7 millones de pesos, mientras que el salario promedio trimestral de los trabajadores mexicanos apenas fue de 24 mil 414 pesos, lo que significa que para comprar una casa cada trabajador tendría que destinar hasta 62 veces su ingreso trimestral para garantizar. Una locura.
Y no se crea que la situación mejoró con la llegada de los gobiernos de la supuesta “transformación”, por el contrario, se volvió aún más difícil. A partir del año 2018, por ejemplo, la construcción de viviendas de interés social cayó en 63%, se trata de un tipo de vivienda más accesible que puede ser costeada por los trabajadores mediante créditos a largo plazo o a través de instituciones como el Infonavit u otras similares.
Además, dentro de todo el cúmulo de programas sociales de transferencias monetarias instrumentadas por el gobierno de la 4T, únicamente quedaron siete dedicados a la vivienda, menos del 6% de los 122 programas existentes. Como la gente sabe bien, fueron eliminados, con el falso pretexto de que había corrupción, los programas destinados a la construcción de viviendas de concreto, los pisos y techos firmes, los baños y cocinas ecológicas, etc. y no se propuso nada mejor en su lugar.
Por la gravedad del problema, pudiera parecer alentador a simple vista la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir hasta 1 millón de viviendas durante todo lo que resta de su sexenio, a razón de poco más de 200 mil cada año con una inversión total de 500 mil millones de pesos. Sin embargo, no debemos caer fácilmente en la ilusión.
En esta tónica, el pasado mes de diciembre fueron aprobadas por el Congreso de la Unión diversas reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores (Infonavit) con la finalidad de echar manotazos a los más de 2.4 billones de pesos que administra este organismo y que son los ahorros de millones de trabajadores formales.
Con este dinero y asegurándose la dirección total del Infonavit, el gobierno ha dicho que formará una Constructora del Bienestar para construir 500 mil viviendas, que podrán ser adquiridas por los trabajadores formales, nótese bien esto: a través de créditos o bien mediante arrendamientos de hasta 30 años con la posibilidad de adquirir dicha vivienda una vez trascurrido ese plazo y una vez que obviamente esté deteriorada.
Debemos seguir muy bien el desarrollo de esta medida, porque diversos analistas económicos, lo mismo que los dirigentes de la mayoría de las centrales obreras y algunos centros de investigación advierten del peligro de que el gobierno se robe el dinero ahorrado por los trabajadores y los utilice con fines muy distintos para el fin anunciado. Existe la experiencia del dinero de los fideicomisos y también el robo de las afores de los trabajadores que murieron sin cobrarlo.
Además, tampoco es buena señal que se utilice el rimbombante nombre de “Constructora del Bienestar”, porque casi todo lo que ha tenido un nombre similar fracasó rotundamente: el Gas del Bienestar, más caro que el comercial; los Bancos del Bienestar, con miles de sucursales aún sin operar y a medio construir; las Universidades del Bienestar que siguen funcionando en espacios prestados o bajo los árboles, etc.
Incluso suponiendo que las viviendas sí se construyan, nada garantiza que cumplan con las necesidades de una familia en cuanto a servicios básicos como el drenaje y el agua potable suficiente, espacios dignos y cómodos, medidas de seguridad e higiene; tampoco se dijo nada sobre si las nuevas unidades habitacionales tendrán acceso a centros de salud, escuelas de calidad, áreas verdes, servicio de transporte público cercano y barato, espacios para hacer deporte, etc.
En suma, no existe garantía de que estas nuevas viviendas de verdad garanticen una vida digna y decorosa a sus habitantes o si serán como muchas de las actuales “viviendas de interés social”: verdaderos centros de hacinamiento con pésimos servicios, alejados de los centros de trabajo y abandonados a su suerte. No es casual que en todo el país existan más de cinco millones de viviendas de este tipo deshabitadas y/o totalmente vandalizadas.
Hay que recordar que la presidenta Sheinbaum prometió construir 1 millón de viviendas, sin embargo, con el dinero del Infonavit únicamente construirán 500 mil, ¿el resto quién las edificará? Ni más ni menos que la iniciativa privada, que para nada renunciará a su necesidad de ganancia y afán de lucro en aras de satisfacer una demanda social abandonada por los gobiernos, simplemente porque va contra la lógica de funcionamiento del sistema capitalista. Por tanto, es muy probable que dichas viviendas sean sumamente caras e inaccesibles para la mayoría de la población.
En Veracruz durante el sexenio del Ing. Cuitláhuac García Jiménez fue abandonada totalmente la política de vivienda social, al grado de no se creó ninguna nueva reserva territorial para fundar colonias populares en las cuales las familias humildes reciban un lote para construir una vivienda modesta y con el tiempo accedan a los servicios básicos a través de la lucha organizada. Más aún, se dejó en el abandono el proceso de regularización de miles de lotes, que la gente pagó, pero a las que no les entregaron sus escrituras, lo que ha generado muchos problemas de invasiones de predios y violencia.
Sería una buena señal de la nueva administración estatal poner orden en las áreas involucradas como la Dirección de Patrimonio del Estado e Invivienda, así como retomar la formación de reservas territoriales porque en seis años la demanda creció exponencialmente y cientos de miles de veracruzanos se quedaron sin la posibilidad de construir un patrimonio o cuando menos un lugar seguro en dónde construir una vivienda.
Pues bien, ninguna de las dulces promesas del gobierno federal o de cualquier gobierno estatal en materia de vivienda se harán realidad si la gente que lo necesita no se organiza y exige que se cumplan. Sin vigilancia ni movilización de las clases trabajadoras, todo quedará en dulces promesas. |
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