Andi Uriel Hernández Sánchez
Apenas 10 días después de que la oposición frenó la reforma energética en la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador envió una nueva propuesta de reforma constitucional en materia electoral. Llevaba varios meses anunciando que lo haría y finalmente este 27 de abril presentó su propuesta. A juicio de diversos analistas políticos y comentaristas de prestigio, dicha reforma ha nacido muerta, pues para ser aprobada también se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados federales (poco más de 300) y es evidente que los partidos de oposición la rechazarán pues supondría la eliminación del INE y, por tanto, de la democracia en el país y sería igualmente un suicidio para ellos. ¿Por qué entonces AMLO envió su proyecto de reforma a la Cámara de Diputados? Veamos
La reforma que presentó el presidente López Obrador en su mañanera, propone reformar 18 artículos de la Constitución de la República y agregar 7 transitorios. Algunos de los cambios suponen eliminar el actual Instituto Nacional Electoral para crear en su lugar un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que estaría integrado, no por especialistas, sino por siete consejeros “electos por el pueblo”, entre candidatos previamente elegidos por los tres poderes de la Unión. Busca también eliminar diputados pluris y senadores de lista; acotar regidores, reducir diputados locales, y quitar a los partidos los recursos anuales para su operación, pues plantea que, para sus actividades ordinarias, éstos podrán recibir aportaciones de personas físicas “en la forma y límites dispuestos en la Constitución”, de tal manera que solo durante las campañas electorales recibirán financiamiento del Estado.
Si bien algunas de esas propuestas podrían ser analizadas con mayor profundidad lo cierto es que el objetivo principal del presidente López Obrador y su partido es sustituir al INE por un consejo electoral afín ideológica y organizativamente a ellos. Pues someter a elección popular a los consejeros electorales haría necesario que los candidatos realizaran campaña por todo el país, algo que, además de costoso, solo podría ser llevado a cabo por los partidos políticos nacionales, que son los únicos organismos que cuentan con los recursos y la estructura para hacerlo. Tal como están actualmente las cosas es probable que Morena se hiciera con el control del organismo electoral y, por tanto, con las elecciones. Volveríamos a los oscuros años de dominación del partido único y de la “dictadura perfecta”. Algo desafortunado, pues han sido las luchas de los sectores progresistas del país los que dieron forma al actual modelo democrático que ha permitido la alternancia en el poder, cuando menos tres veces en los últimos 30 años.
Algo que es muy poco probable que los partidos de oposición avalen. Ya los dirigentes de las diferentes bancadas de diputados en la Cámara y los líderes nacionales de los partidos políticos se han encargado de dejarlo claro. Sin embargo, se alcanza a ver que no es ese el fin que persigue el presidente que sabe de antemano el resultado.
Tal como ocurrió con la reforma energética y seguramente pasará con la reforma de la Guardia Nacional, lo que pretende Morena y el presidente es utilizar a la reforma electoral como un instrumento de propaganda a su favor, como una bola de humo, un distractor para manipular la conciencia de los ciudadanos y para hacer campaña electoral anticipada de cara a las elecciones de 2023 (gubernaturas de Coahuila y Edo Mex) y a la sucesión presidencial de 2024. El presidente lo sabe, pues envió la iniciativa justo cuando la Cámara de Diputados está en receso y no regresarán hasta septiembre. Durante estos meses utilizarán el asunto para golpear al INE y para seguir con su discurso que tilda a la oposición como “traidores a la patria”.
El expresidente consejero del IFE (hoy INE), Luis Carlos Ugalde, en entrevista sostuvo que las metas inmediatas del presidente con su reforma electoral son, fundamentalmente 5: Hacer propaganda, alimentar el discurso contra el INE, justificar su rechazo a los resultados en el 2024 en caso de que le sean desfavorables, dominar o reventar el nombramiento de 4 consejeros del INE en marzo del 2023, y justificar el estrangulamiento financiero del Instituto en noviembre de este año.
Para lograrlo, seguramente los morenistas realizarán foros “abiertos”, en los que puede que inviten a la oposición para tener un diálogo de sordos, pues como con la energética no escucharán ninguna propuesta y no le cambiarán ni un punto a la iniciativa presidencial; seguramente también habrá propaganda en las calles y los medios de comunicación, los servidores de la Nación visitarán a los beneficiarios de los programas sociales para explicarles “las bondades” de la reforma electoral y muchos otros actos proselitistas, pagados indudablemente con recursos del erario público. Sin importar, como hasta ahora, que en el país existen asuntos mucho más importantes y urgentes de atender, como la creciente pobreza, la desigualdad, la violencia desbordada, el sistema de salud sin funcionar, escuelas sin funcionar, precios altísimos, un campo abandonado y un larguísimo etcétera.
Utilizarán como argumento central que la reforma persigue poner en práctica los principios de la austeridad republicana en el sistema electoral. Pero no nos dejemos engañar, ya sabemos que cuando el presidente y su partido prometen ahorrar recursos con su política de austeridad y darnos algo mejor, nos han mentido con todos los dientes.
Argumentaron que se iba a ahorrar con el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Se canceló el de Texcoco y se construyó uno baratito de 170 mil millones de pesos que, sumados a los 400 mil que costó el eliminado, sumó una pérdida de casi 600 mil millones. Con el mismo propósito se quitó el Seguro Popular, dejando fuera de acceso a los servicios médicos a millones de mexicanos. Por “ahorrar” se acabó con las estancias infantiles y se dejó a 350 mil madres y padres sin cuidar a sus hijos mientras van a trabajar. También para “gastar menos” fue cancelado el sistema público de adquisición de medicinas, generando una crisis de desabasto, sin precedentes en la historia reciente de México (entre la gente afectada gravemente están los niños con cáncer), etc.
Todo ha sido pura propaganda, vil mentira, que busca distraer a la opinión pública y que pretende ocultar la falta de resultados de la 4T en el combate a los verdaderos males que atraviesa el país que ciertamente ya existían, pero que se han agravado durante el presente sexenio. Pues mientras el pueblo trabajador se debate entre la carestía, la pobreza, las enfermedades, el atraso educativo y la violencia, nuestros gobernantes están más concentrados en armar cortinas de humo, en el pan y el circo. No nos dejemos engañar y exijamos con energía la atención de los problemas reales que vivimos. Organicémonos en torno a un nuevo proyecto de nación, uno que proponga un reparto más equitativo de la riqueza social, porque es la única manera de lograr un México mejor, lo demás es puro cuento presidencial.REFORMA ELECTORAL: PURA PROPAGANDA Y MANIPULACIÓN
Andi Uriel Hernández Sánchez
Apenas 10 días después de que la oposición frenó la reforma energética en la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador envió una nueva propuesta de reforma constitucional en materia electoral. Llevaba varios meses anunciando que lo haría y finalmente este 27 de abril presentó su propuesta. A juicio de diversos analistas políticos y comentaristas de prestigio, dicha reforma ha nacido muerta, pues para ser aprobada también se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados federales (poco más de 300) y es evidente que los partidos de oposición la rechazarán pues supondría la eliminación del INE y, por tanto, de la democracia en el país y sería igualmente un suicidio para ellos. ¿Por qué entonces AMLO envió su proyecto de reforma a la Cámara de Diputados? Veamos
La reforma que presentó el presidente López Obrador en su mañanera, propone reformar 18 artículos de la Constitución de la República y agregar 7 transitorios. Algunos de los cambios suponen eliminar el actual Instituto Nacional Electoral para crear en su lugar un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que estaría integrado, no por especialistas, sino por siete consejeros “electos por el pueblo”, entre candidatos previamente elegidos por los tres poderes de la Unión. Busca también eliminar diputados pluris y senadores de lista; acotar regidores, reducir diputados locales, y quitar a los partidos los recursos anuales para su operación, pues plantea que, para sus actividades ordinarias, éstos podrán recibir aportaciones de personas físicas “en la forma y límites dispuestos en la Constitución”, de tal manera que solo durante las campañas electorales recibirán financiamiento del Estado.
Si bien algunas de esas propuestas podrían ser analizadas con mayor profundidad lo cierto es que el objetivo principal del presidente López Obrador y su partido es sustituir al INE por un consejo electoral afín ideológica y organizativamente a ellos. Pues someter a elección popular a los consejeros electorales haría necesario que los candidatos realizaran campaña por todo el país, algo que, además de costoso, solo podría ser llevado a cabo por los partidos políticos nacionales, que son los únicos organismos que cuentan con los recursos y la estructura para hacerlo. Tal como están actualmente las cosas es probable que Morena se hiciera con el control del organismo electoral y, por tanto, con las elecciones. Volveríamos a los oscuros años de dominación del partido único y de la “dictadura perfecta”. Algo desafortunado, pues han sido las luchas de los sectores progresistas del país los que dieron forma al actual modelo democrático que ha permitido la alternancia en el poder, cuando menos tres veces en los últimos 30 años.
Algo que es muy poco probable que los partidos de oposición avalen. Ya los dirigentes de las diferentes bancadas de diputados en la Cámara y los líderes nacionales de los partidos políticos se han encargado de dejarlo claro. Sin embargo, se alcanza a ver que no es ese el fin que persigue el presidente que sabe de antemano el resultado.
Tal como ocurrió con la reforma energética y seguramente pasará con la reforma de la Guardia Nacional, lo que pretende Morena y el presidente es utilizar a la reforma electoral como un instrumento de propaganda a su favor, como una bola de humo, un distractor para manipular la conciencia de los ciudadanos y para hacer campaña electoral anticipada de cara a las elecciones de 2023 (gubernaturas de Coahuila y Edo Mex) y a la sucesión presidencial de 2024. El presidente lo sabe, pues envió la iniciativa justo cuando la Cámara de Diputados está en receso y no regresarán hasta septiembre. Durante estos meses utilizarán el asunto para golpear al INE y para seguir con su discurso que tilda a la oposición como “traidores a la patria”.
El expresidente consejero del IFE (hoy INE), Luis Carlos Ugalde, en entrevista sostuvo que las metas inmediatas del presidente con su reforma electoral son, fundamentalmente 5: Hacer propaganda, alimentar el discurso contra el INE, justificar su rechazo a los resultados en el 2024 en caso de que le sean desfavorables, dominar o reventar el nombramiento de 4 consejeros del INE en marzo del 2023, y justificar el estrangulamiento financiero del Instituto en noviembre de este año.
Para lograrlo, seguramente los morenistas realizarán foros “abiertos”, en los que puede que inviten a la oposición para tener un diálogo de sordos, pues como con la energética no escucharán ninguna propuesta y no le cambiarán ni un punto a la iniciativa presidencial; seguramente también habrá propaganda en las calles y los medios de comunicación, los servidores de la Nación visitarán a los beneficiarios de los programas sociales para explicarles “las bondades” de la reforma electoral y muchos otros actos proselitistas, pagados indudablemente con recursos del erario público. Sin importar, como hasta ahora, que en el país existen asuntos mucho más importantes y urgentes de atender, como la creciente pobreza, la desigualdad, la violencia desbordada, el sistema de salud sin funcionar, escuelas sin funcionar, precios altísimos, un campo abandonado y un larguísimo etcétera.
Utilizarán como argumento central que la reforma persigue poner en práctica los principios de la austeridad republicana en el sistema electoral. Pero no nos dejemos engañar, ya sabemos que cuando el presidente y su partido prometen ahorrar recursos con su política de austeridad y darnos algo mejor, nos han mentido con todos los dientes.
Argumentaron que se iba a ahorrar con el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Se canceló el de Texcoco y se construyó uno baratito de 170 mil millones de pesos que, sumados a los 400 mil que costó el eliminado, sumó una pérdida de casi 600 mil millones. Con el mismo propósito se quitó el Seguro Popular, dejando fuera de acceso a los servicios médicos a millones de mexicanos. Por “ahorrar” se acabó con las estancias infantiles y se dejó a 350 mil madres y padres sin cuidar a sus hijos mientras van a trabajar. También para “gastar menos” fue cancelado el sistema público de adquisición de medicinas, generando una crisis de desabasto, sin precedentes en la historia reciente de México (entre la gente afectada gravemente están los niños con cáncer), etc.
Todo ha sido pura propaganda, vil mentira, que busca distraer a la opinión pública y que pretende ocultar la falta de resultados de la 4T en el combate a los verdaderos males que atraviesa el país que ciertamente ya existían, pero que se han agravado durante el presente sexenio. Pues mientras el pueblo trabajador se debate entre la carestía, la pobreza, las enfermedades, el atraso educativo y la violencia, nuestros gobernantes están más concentrados en armar cortinas de humo, en el pan y el circo. No nos dejemos engañar y exijamos con energía la atención de los problemas reales que vivimos. Organicémonos en torno a un nuevo proyecto de nación, uno que proponga un reparto más equitativo de la riqueza social, porque es la única manera de lograr un México mejor, lo demás es puro cuento presidencial. |
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