La educación mexicana acaba de recibir otro golpe disfrazado de “progreso”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió validar el acuerdo de la SEP que prácticamente convierte la reprobación en una especie de pecado político, como si exigir disciplina, asistencia y esfuerzo fuera un acto de discriminación y no la base mínima de cualquier sistema educativo serio.
El mensaje que envían desde el poder es brutal: en México ya no importa aprender, importa simular que todos avanzan aunque el conocimiento se esté desplomando.
La decisión no es menor. Es un retrato perfecto del país que están construyendo quienes gobiernan: uno donde la mediocridad se institucionaliza y donde el fracaso se maquilla con discursos de “inclusión”. Porque eso es exactamente lo que hicieron.
En lugar de resolver las verdaderas causas del abandono escolar, optaron por la salida más fácil: bajar la vara hasta el piso para que todos puedan brincar encima de ella sin esfuerzo.
El problema no es solamente educativo. Es profundamente político.
La llamada Nueva Escuela Mexicana se está convirtiendo en un laboratorio ideológico donde el mérito estorba y la exigencia incomoda. Bajo el argumento de proteger a los niños, están destruyendo el incentivo más elemental del aprendizaje: la responsabilidad.
Resulta indignante escuchar a ministros de la Corte hablar de “evaluaciones integrales” mientras millones de estudiantes apenas pueden comprender un texto simple o resolver operaciones básicas. México no enfrenta un exceso de exigencia académica; enfrenta una catástrofe educativa desde hace años. Y la respuesta del gobierno fue decidir que ya no importa si el alumno aprende o no.
El discurso oficial insiste en que las calificaciones y las asistencias son “criterios reduccionistas”. Pero la realidad es mucho más cruda: un sistema sin consecuencias termina produciendo generaciones sin compromiso.
Cuando el Estado le dice a un estudiante que puede faltar, reprobar materias y aun así pasar de grado, lo que en realidad le está enseñando es que el esfuerzo es opcional.
Es imposible no ver detrás de esta decisión el ADN político de la llamada Cuarta Transformación: maquillar cifras antes que resolver problemas.
Así como desaparecen homicidios moviéndolos de categoría o presumen crecimiento mientras el bolsillo se vacía, ahora pretenden combatir la deserción escolar eliminando la reprobación. No solucionan el problema; simplemente lo esconden debajo de la alfombra. La SEP habla de empatía social, pero el verdadero abandono es condenar a niños y adolescentes a salir de la escuela sin herramientas reales para competir en la vida. Porque el alumno que hoy pasa sin saber matemáticas será el adulto que mañana enfrente un mercado laboral despiadado sin preparación suficiente.
La Corte intentó justificar la medida comparando el modelo mexicano con sistemas educativos como Finlandia o Dinamarca. La comparación raya en el insulto. En esos países existen condiciones sociales, infraestructura, capacitación docente y niveles de inversión que México ni siquiera se acerca a tener. Pretender copiar superficialmente ciertas reglas sin construir el resto del sistema es como pintar un coche oxidado y venderlo como Ferrari. Y justamente ahí aparece una de las críticas más fuertes y más incómodas para la propia Suprema Corte. El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz advirtió en su columna de este martes algo que deja muy mal parada a la SCJN: la sentencia parece más preocupada por justificar políticamente el acuerdo de la SEP que por construir una interpretación constitucional seria sobre lo que realmente significa la “educación de excelencia”.
Cossío, en términos generales, cuestionó que la Corte llenara su resolución de referencias a Dinamarca, Finlandia, estadísticas y discursos pedagógicos, pero evitara responder la pregunta central: ¿qué entiende exactamente la Constitución mexicana por excelencia educativa? Y esa omisión no es menor. Porque una Corte constitucional no debería limitarse a repetir frases bonitas del artículo tercero; tendría que establecer parámetros claros y sólidos para evaluar si una política pública realmente cumple con la Constitución o simplemente sirve como narrativa política del gobierno en turno.
La observación del exministro es demoledora porque exhibe el enorme vacío argumentativo de la sentencia. Primero se decidió validar el acuerdo de la SEP y después se intentaron acomodar razones para sostenerlo. La resolución terminó descansando más en comparaciones internacionales y discursos ideológicos que en una interpretación profunda del texto constitucional.
Y eso abre un problema todavía más grave: la sensación de que la Suprema Corte ya no está funcionando como un auténtico contrapeso del poder, sino como una institución cada vez más dispuesta a legitimar cualquier política impulsada desde el gobierno federal. La crítica de Cossío también golpea otro punto delicadísimo: la Corte jamás definió concretamente qué significa “excelencia educativa”.
Los ministros simplemente asumieron que flexibilizar evaluaciones, eliminar requisitos de asistencia y reducir el peso de las calificaciones automáticamente fortalece el derecho a la educación. Pero nunca demostraron jurídicamente por qué eso equivale a excelencia académica.
No es casualidad que este tema ya esté generando fuertes debates en distintos espacios de análisis político y jurídico. Incluso en la emisión número 528 del programa La Conjura en el Portal Sociedad 3.0, se abordó directamente el tema bajo la discusión “no reprobación en educación básica, dice la Corte”, reflejando la enorme preocupación que existe sobre el rumbo que está tomando la educación pública mexicana y el mensaje que las instituciones están enviando al país.
Y esa es precisamente la tragedia de fondo. Porque en el México actual parece que las instituciones ya no analizan las decisiones del poder para ponerles límites; las reinterpretan para acomodarlas políticamente. La Constitución dejó de ser un muro de contención y comenzó a funcionar como plastilina institucional moldeable según las necesidades del gobierno.
La realidad mexicana es otra. Escuelas sin agua, sin internet, sin baños dignos y con maestros rebasados por grupos enormes.
Y aun así, el gobierno quiere convencer al país de que el problema central era que los alumnos sufrían demasiado por reprobar.
El fondo de esta política es todavía más perverso: fabricar estadísticas bonitas para presumir avances inexistentes. Si nadie reprueba, entonces la permanencia escolar mejora artificialmente. Si todos pasan de año, los indicadores lucen mejor en los informes gubernamentales. Es propaganda disfrazada de política pública.
Mientras tanto, los padres responsables quedan completamente desarmados. ¿Cómo exigirle disciplina a un hijo si el propio Estado le dice que asistir ya no es tan importante? ¿Cómo fomentar el estudio cuando desde el gobierno se manda el mensaje de que siempre habrá regularizaciones, flexibilidades y salvavidas administrativos?
Lo más grave es que esta decisión también destruye la autoridad de los maestros.
Durante años se les exigió cumplir metas, preparar clases y evaluar alumnos. Hoy, el sistema les deja claro que su criterio vale menos que la narrativa política de la SEP. El docente queda reducido a un acompañante burocrático incapaz de establecer consecuencias reales.
Y mientras todo esto ocurre, la clase gobernante se llena la boca hablando de “educación de excelencia”. Excelencia sin exigencia. Calidad sin evaluación. Disciplina sin reglas. Una contradicción grotesca que solamente puede sostenerse desde el cinismo político.
La educación pública mexicana no necesitaba menos rigor. Necesitaba más apoyo, más inversión, más infraestructura y mejores programas. Pero eso cuesta dinero, trabajo y capacidad. En cambio, eliminar la reprobación solo requiere una firma y un discurso populista. Lo que acaba de hacer la Corte es institucionalizar una mentira peligrosa: hacer creer que avanzar de grado equivale automáticamente a aprender. Y son millones de niños quienes pagarán el precio de ese engaño.
Detrás del discurso “humanista” existe una enorme cobardía política. Porque gobernar de verdad implica tomar decisiones difíciles, no consentir la irresponsabilidad para evitar críticas. La SEP decidió que era más fácil flexibilizar todo antes que enfrentar el desastre estructural del sistema educativo. La narrativa del gobierno intenta presentar cualquier exigencia académica como una forma de opresión. Pareciera que ahora pedir asistencia, tareas o exámenes ya convierte automáticamente a maestros y escuelas en villanos autoritarios. El absurdo alcanzó niveles alarmantes.
Claro que existen alumnos con contextos familiares complicados. Claro que hay pobreza, violencia y desigualdad. Pero precisamente por eso debería fortalecerse la educación como herramienta de superación, no degradarse hasta convertirla en una simulación burocrática donde todos “aprenden” aunque nadie pueda demostrarlo.
La decisión también evidencia algo profundamente preocupante: la desconexión absoluta de quienes gobiernan con la realidad cotidiana. Los ministros pueden hablar desde oficinas climatizadas sobre “evaluaciones cualitativas”, pero millones de familias saben perfectamente que el conocimiento sí importa cuando llega el momento de buscar trabajo o competir por oportunidades.
Porque fuera de los discursos ideológicos, el mundo real no funciona así. Ninguna empresa contratará por compasión. Ninguna universidad seria regalará títulos porque el estudiante tuvo problemas personales.
La vida adulta exige preparación, disciplina y constancia. Justo lo que el sistema educativo mexicano está dejando de enseñar.
La política educativa actual parece obsesionada con eliminar cualquier experiencia incómoda para los estudiantes, como si frustrarse fuera un trauma irreparable.
Pero aprender también implica equivocarse, esforzarse y asumir consecuencias. Sin eso, no existe formación verdadera.
El mensaje político detrás de esta reforma es devastador: el Estado ya no espera excelencia de sus ciudadanos. Apenas espera presencia simbólica. Basta con existir dentro del sistema para seguir avanzando.
Y mientras tanto, quienes sí estudian, quienes sí se esfuerzan y quienes sí cumplen reglas terminan siendo tratados exactamente igual que quienes no hacen absolutamente nada. La meritocracia desaparece y con ella desaparece también el incentivo para mejorar.
Lo más irónico es que muchos de los funcionarios que defienden estas medidas jamás permitirían este modelo en las escuelas privadas de élite donde estudian sus hijos.
Ahí sí hay disciplina, evaluaciones estrictas, idiomas, tecnología y consecuencias reales. El modelo flexible parece diseñado únicamente para el pueblo.
Esa doble moral exhibe el verdadero desprecio de las élites políticas hacia la educación pública. Predican igualdad mientras reservan la excelencia para unos cuantos privilegiados.
La Corte insiste en que reprobar puede generar exclusión.
Pero lo verdaderamente excluyente es lanzar generaciones enteras al mundo laboral sin preparación suficiente. Eso sí condena vidas completas.
El problema tampoco termina en las aulas. Un país que normaliza la mediocridad educativa termina debilitando toda su estructura social.
Profesionistas menos preparados, menor productividad, menos innovación y más dependencia económica.
Pero eso parece no importarles. Porque el objetivo ya no es formar ciudadanos críticos y competitivos, sino producir estadísticas políticamente útiles. La educación dejó de verse como una herramienta de transformación y se convirtió en un instrumento propagandístico.
La SEP presume un modelo “más humano”, aunque en realidad resulta profundamente cruel. Porque engañar a un niño haciéndole creer que está listo cuando no lo está es condenarlo a futuros fracasos mucho más dolorosos.
La decisión de la SCJN marca además un precedente peligrosísimo: el Estado puede redefinir arbitrariamente el concepto de excelencia hasta vaciarlo completamente de significado.
Hoy eliminan la reprobación. Mañana podrían relativizar conocimientos mínimos, reducir contenidos o convertir las evaluaciones en simples formalidades decorativas. El deterioro ocurre poco a poco, hasta que un día el sistema entero colapsa.
Y lo más preocupante es que millones de padres parecen resignados. Tal vez porque el desgaste económico y social ha sido tan brutal que ya ni siquiera queda energía para indignarse. Pero deberían hacerlo. Porque esto no afecta solamente a los alumnos de hoy; afecta al país de las próximas décadas.
Una nación que deja de exigir preparación termina atrapada en la dependencia y el atraso. Ningún país serio salió adelante premiando la negligencia.
La educación no debe ser un castigo, pero tampoco una mentira institucionalizada. Aprobar sin aprender no es inclusión; es fraude académico avalado por el Estado.
La Corte perdió una oportunidad histórica de defender la calidad educativa y prefirió alinearse con el discurso político del gobierno. Eligió la narrativa antes que la realidad.
Y mientras los funcionarios celebran sus reformas desde el privilegio del poder, millones de niños mexicanos siguen atrapados en escuelas donde cada vez importa menos aprender y más aparentar que todo funciona.
Quizá eso resume perfectamente el momento que vive México: un país donde las instituciones ya no corrigen el desastre… lo legalizan. |
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