En reciente columna no se dejó espacio para la complacencia. Se expuso con crudeza, que los pueblos indígenas de Veracruz siguen sosteniendo su identidad no gracias al Estado, sino a pesar de él, atrapados en una contradicción permanente donde se les celebra en el discurso pero se les abandona en la realidad.
Se evidenció que, aunque existen 14 lenguas originarias vivas en el estado —respaldadas por datos recientes del INEGI—, muchas de ellas se encuentran en una ruta acelerada hacia la desaparición, con comunidades que han visto romperse la transmisión generacional mientras las políticas públicas llegan tarde, mal o simplemente no llegan.
Se dejó claro también que la marginación no es un accidente, sino una estructura que se ha normalizado durante décadas, y que la resistencia de estas comunidades no puede seguir siendo romantizada como si fuera sinónimo de bienestar.
Se señaló que la pérdida de lenguas no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de una exclusión más profunda que atraviesa todos los ámbitos: educativo, económico, social y cultural. Se habló de comunidades que sobreviven entre la migración forzada, la falta de servicios básicos y la indiferencia institucional, mientras el país presume una diversidad que no sabe —o no quiere— sostener.
Se puso sobre la mesa una verdad incómoda: resistir no es vivir con dignidad, y seguir aplaudiendo la resistencia sin transformar las condiciones es, en el fondo, una forma de abandono disfrazado.
Pero si algo exige este momento es dejar de repetir diagnósticos. Porque el problema ya está claro.
Lo que no está claro —o no se ha querido asumir— es qué hacer con él. Y esa es la discusión que verdaderamente importa: cómo pasar de la inercia a la acción, del discurso a la transformación, de la simulación a una política pública que tenga impacto real.
El desarrollo de los pueblos indígenas en Veracruz no puede seguir planteándose como una extensión de programas sociales dispersos que operan bajo una lógica asistencialista. Esa fórmula ha demostrado su agotamiento. Durante años, se han multiplicado los apoyos, los proyectos piloto, las estrategias temporales, pero el resultado sigue siendo el mismo: comunidades que no logran salir del rezago estructural. El problema no es la falta de iniciativas, es la falta de un modelo coherente.
Y en ese vacío institucional, la Secretaría de Cultura aparece como una pieza clave que hasta ahora ha sido subutilizada, reducida a un papel secundario que no corresponde con la magnitud del desafío.
Se le ha asignado una función centrada en la promoción simbólica de la diversidad, cuando en realidad debería ser uno de los ejes estratégicos del desarrollo en regiones indígenas.
Porque hablar de cultura en estos contextos no es hablar de eventos o festivales. Es hablar de lengua, de territorio, de identidad, de conocimiento, de formas de organización comunitaria. Es hablar, en términos concretos, de condiciones de vida. Y eso exige una redefinición profunda.
Lo primero que debe entenderse es que la preservación lingüística no puede seguir tratándose como un proyecto marginal. Debe convertirse en una política de Estado con recursos, con continuidad y con objetivos medibles. No basta con documentar las lenguas en archivos o promover talleres aislados. Se necesita garantizar que las lenguas se hablen, se enseñen y se vivan en todos los espacios posibles.
La dependencia tiene la capacidad de articular este proceso si deja de operar desde la lógica centralista.
Necesita trabajar directamente en las comunidades, formar promotores culturales locales, impulsar redes de hablantes, fortalecer la transmisión intergeneracional.
No como una intervención externa, sino como un proceso construido desde dentro.
Además, es urgente que la lengua deje de ser vista como un obstáculo y se convierta en un activo.
Esto implica generar condiciones para que hablar una lengua indígena tenga valor social, económico y cultural.
La producción de contenidos en lenguas originarias —en radio, televisión, plataformas digitales— no puede seguir siendo marginal.
Debe convertirse en una prioridad.
En el ámbito económico, la Secretaría de Cultura tiene una oportunidad que hasta ahora ha sido desaprovechada: convertir el patrimonio cultural en un motor de desarrollo sin caer en la explotación ni en la folklorización. Las artesanías, la música, las prácticas tradicionales no son productos decorativos, son expresiones de conocimiento que pueden generar ingresos si se integran en cadenas de valor justas.
Pero esto exige una intervención seria. No basta con ferias ocasionales o exposiciones. Se necesita acompañamiento técnico, acceso a mercados, protección de propiedad intelectual, esquemas de comercialización que eviten intermediarios abusivos. La cultura no puede seguir siendo un adorno económico; debe ser un pilar.
Otro punto crítico es la infraestructura cultural. Mientras los centros culturales, museos y espacios de formación se concentran en zonas urbanas, las comunidades indígenas siguen siendo territorios desatendidos.
Se debe romper con esa lógica y llevar presencia institucional permanente a estas regiones.
No se trata de visitas simbólicas, sino de construir espacios donde se pueda enseñar, crear, investigar y preservar. Talleres de lengua, centros de documentación, espacios de producción artística. Lugares donde la cultura no sea un evento, sino una práctica cotidiana.
La coordinación interinstitucional también es fundamental. La Secretaría no puede actuar de manera aislada. Debe vincularse con educación, con desarrollo social, con economía, con medio ambiente, con turismo. Porque los problemas que enfrentan las comunidades son complejos y requieren respuestas integrales.
En educación, por ejemplo, la cultura no puede seguir siendo un complemento. Debe ser un eje.
La enseñanza en lengua indígena, la inclusión de contenidos culturales propios, el reconocimiento de saberes tradicionales. Todo esto requiere una coordinación estrecha que hoy no existe o es insuficiente.
El uso de tecnología representa otra área de oportunidad. La digitalización de lenguas, la creación de aplicaciones educativas, la difusión de contenidos en plataformas digitales. La Secretaría de Cultura puede impulsar una estrategia que combine tradición e innovación, pero hasta ahora ese potencial sigue sin explotarse.
Sin embargo, ninguna de estas acciones será suficiente si no se transforma la relación entre el Estado y las comunidades. Durante demasiado tiempo, las políticas se han diseñado desde el escritorio, sin comprender la realidad local. Ese modelo ha fracasado.
La Secretaría de Cultura debe convertirse en un puente, no en un filtro.
Debe escuchar, dialogar, incorporar las decisiones de las comunidades. No como un gesto simbólico, sino como un principio operativo. Sin participación real, no hay política efectiva.
Esto implica también reconocer que no todas las comunidades son iguales. Las estrategias deben adaptarse a cada contexto, a cada lengua, a cada territorio. La homogeneización es una de las principales causas del fracaso de las políticas públicas.
El financiamiento es otro tema que no puede evadirse. No se puede hablar de transformación sin recursos. La cultura ha sido históricamente uno de los sectores más castigados en términos presupuestales, y eso se refleja en su capacidad limitada de acción. Incluso cuando hay avances, estos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del rezago: este año, por ejemplo, la dependencia pasó de un presupuesto de 205 millones de pesos en 2025 a 460 millones de pesos en 2026, un incremento que, aunque significativo en términos porcentuales, continúa siendo claramente insuficiente para atender de manera integral el desarrollo cultural y lingüístico de los pueblos indígenas de Veracruz.
Si realmente se quiere impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas, la inversión en cultura debe dejar de ser marginal. No como gasto, sino como inversión estratégica. Porque preservar una lengua, fortalecer una comunidad, generar oportunidades locales, tiene un impacto que va mucho más allá del ámbito cultural.
También es necesario cambiar la narrativa pública. Dejar de presentar a los pueblos indígenas como símbolos del pasado o como sectores vulnerables que necesitan asistencia. Son comunidades con conocimiento, con historia, con capacidad de innovación.
Reconocer eso implica también cambiar la forma en que se diseñan las políticas. No se trata de integrar a estas comunidades a un modelo de desarrollo preexistente, sino de construir un modelo que parta de su realidad.
La Secretaría de Cultura puede ser el eje de ese cambio si asume su responsabilidad más allá de lo simbólico. Si deja de administrar la cultura como un catálogo de eventos y empieza a trabajarla como un componente estructural del desarrollo.
Pero esto requiere voluntad política. Requiere romper inercias, redistribuir recursos, asumir costos. No es una tarea sencilla, pero es necesaria.
Porque lo que está en juego no es solo la preservación cultural. Es la posibilidad de construir un estado más justo, más equilibrado, más coherente con su propia identidad.
Veracruz no puede seguir sosteniendo su diversidad sobre la base del abandono. No puede seguir celebrando lo indígena mientras lo empuja a desaparecer en silencio.
El tiempo de los diagnósticos ya pasó. El tiempo de la simulación también.
Lo que sigue es asumir la responsabilidad.
Y eso implica, inevitablemente, pasar de la resistencia a la reconstrucción. |
|
