En Veracruz, la informalidad laboral no es un fenómeno pasajero ni una coyuntura, sino una condición estructural que ha marcado la vida de millones de trabajadores durante décadas. Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) confirman esta realidad con crudeza: al cierre de junio de 2025, al menos 7 de cada 10 empleos en la entidad carecían de prestaciones y antigüedad. Esto significa que más del 70% de la población ocupada vive y trabaja en condiciones de vulnerabilidad.
En apenas un año, la tasa de informalidad laboral pasó de 68.3% en junio de 2024 a 70.1% en junio de 2025. El incremento, aparentemente pequeño, es un recordatorio del fracaso en la generación de empleos formales y del retroceso silencioso que experimenta el mercado laboral veracruzano. Detrás de cada porcentaje hay personas que sobreviven sin seguridad social, sin acceso a crédito y sin un futuro digno.
La paradoja es evidente: mientras la tasa de desocupación en Veracruz se mantiene baja (2.3%), lo que a simple vista podría interpretarse como un éxito, la calidad del empleo se erosiona día tras día. No se trata de que los veracruzanos no encuentren dónde trabajar, sino de que los trabajos que consiguen son precarios, mal pagados y sin ninguna protección.
La informalidad, más que una estadística, es un espejo de las desigualdades sociales. Afecta de manera desproporcionada a las mujeres: el 70.4% de los empleos que desempeñan en la entidad carecen de prestaciones, lo que las condena a un doble círculo de exclusión, laboral y social. En los hombres, la incidencia tampoco es menor: 69.9% de ellos están atrapados en la misma situación.
Este fenómeno no solo precariza al trabajador, también debilita las finanzas públicas. Cada empleo informal representa impuestos que no se recaudan, aportaciones que no llegan al sistema de seguridad social y una productividad promedio más baja para el estado. La informalidad es, en ese sentido, una carga silenciosa que drena las posibilidades de desarrollo.
Veracruz, con 3.4 millones de personas ocupadas, suma 2.4 millones en la informalidad. Mientras tanto, los trabajadores asegurados ante el IMSS suman apenas 761 mil, una cifra que incluso disminuyó respecto al inicio del año. Es decir, en lugar de ampliar la base de empleo formal, la entidad ha perdido plazas registradas, acumulando un retroceso de 18 mil empleos formales hasta julio de 2025.
La situación coloca a Veracruz entre las seis entidades con mayor proporción de informalidad laboral del país, solo detrás de Oaxaca, Guerrero, Colima, Hidalgo y Puebla. La comparación debería encender alarmas: estamos en la misma franja crítica que los estados con mayores rezagos estructurales del país.
Más aún, si se cruza este dato con los niveles de pobreza laboral, el panorama es sombrío. Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en pobreza laboral, con casi la mitad de su población incapaz de adquirir la canasta básica con su ingreso laboral. Así, informalidad y pobreza se convierten en las dos caras de una misma moneda: un sistema laboral que no garantiza bienestar ni movilidad social.
La informalidad laboral en Veracruz no es simplemente una elección individual de trabajadores o empresarios, sino una consecuencia de estructuras productivas débiles, regulaciones ineficaces y una ausencia de políticas públicas coherentes.
Un dato que no se debe perder de vista es la desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Mientras el gobierno presume cifras de crecimiento en empleabilidad femenina o en reducción de la pobreza laboral, lo cierto es que 7 de cada 10 empleos son informales. No puede hablarse de verdadera transformación cuando el grueso de la fuerza laboral sobrevive en condiciones precarias.
El problema es más complejo cuando se observa la dinámica regional. En Coatzacoalcos, por ejemplo, el 33.9% de los trabajadores está en condiciones críticas: largas jornadas con salarios de miseria. En el puerto de Veracruz, la cifra es de 29.7%. Estas realidades regionales demuestran que no basta con mirar el promedio estatal; la precariedad se distribuye de manera desigual y castiga con mayor fuerza a ciertos polos productivos.
Además, la informalidad distorsiona la competencia. Mientras unos cumplen con cargas fiscales y normativas, otros operan en la sombra, creando un terreno desigual que desincentiva la inversión formal. De esta manera, se perpetúa un círculo vicioso donde las empresas formales pierden competitividad y las informales encuentran incentivos para permanecer en la ilegalidad.
El impacto en la productividad es otro punto crítico. La economía veracruzana, que ya arrastra rezagos históricos, ve limitada su capacidad de crecimiento sostenible. Una fuerza laboral atrapada en la informalidad difícilmente puede generar innovación, incrementar el valor agregado de los productos o integrarse a cadenas globales de valor.
La consecuencia final de este modelo es la desigualdad. Los trabajadores informales ganan menos, tienen ingresos más volátiles y están expuestos a mayores riesgos. No pueden ahorrar para el retiro, no acceden a créditos y dependen de redes familiares para sobrevivir ante emergencias. En otras palabras, viven al día, en la cuerda floja, sin la posibilidad de planear su futuro.
Frente a este panorama, el reto no es menor. Reducir la informalidad requiere medidas profundas y sostenidas, que ataquen tanto los incentivos perversos que mantienen a los trabajadores en la informalidad como las carencias estructurales que impiden la expansión del empleo formal.
La informalidad laboral en Veracruz es una herida abierta que no cicatriza con discursos ni estadísticas maquilladas. Sus causas son profundas y sus consecuencias abarcan no solo el presente, sino también el futuro de millones de familias.
Hasta aquí, hemos dibujado el diagnóstico y señalado la gravedad del problema: un mercado laboral que expulsa de la formalidad a siete de cada diez trabajadores, condenándolos a la precariedad y a la incertidumbre.
Pero comprender el problema es apenas el primer paso. El verdadero desafío está en preguntarnos cómo revertir esta tendencia, qué herramientas políticas, económicas y sociales pueden emplearse para desmontar la trampa de la informalidad y transformar el empleo en un auténtico motor de desarrollo.
En la segunda parte de esta reflexión crítica abordaremos las propuestas que podrían marcar la diferencia: medidas que van desde la simplificación administrativa hasta la inclusión con perspectiva de género, pasando por incentivos fiscales, financiamiento productivo y fortalecimiento de la inspección laboral.
La intención no es elaborar un catálogo de buenas intenciones, sino abrir el debate sobre qué tipo de políticas públicas necesita Veracruz para que trabajar deje de ser sinónimo de sobrevivir en la incertidumbre. La informalidad puede ser derrotada, pero solo si se asume como prioridad y se coloca en el centro de la agenda estatal.
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