El Senado de la República aprobó recientemente una reforma a la Ley del INFONAVIT que busca ampliar sus facultades para la construcción de viviendas, pero ha despertado preocupaciones sobre el uso de los recursos de los trabajadores.
El argumento del gobierno federal para impulsar estos cambios se sustenta en combatir la corrupción, garantizar transparencia, mejorar la gestión de los recursos, fomentar la construcción de vivienda social y eliminar privilegios en la administración del INFONAVIT.
No obstante, estas reformas han reavivado el debate sobre si el Instituto debe privilegiar la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores o enfocarse en maximizar la entrega de vivienda social. Desde su creación en 1972, el INFONAVIT ha permitido que millones de trabajadores accedan a créditos para adquirir una casa, pero también ha sido cuestionado por las ineficiencias del sistema.
Con la reforma, el enfoque cambia. Se prioriza el acceso a vivienda social, pero probablemente a costa de menores rendimientos para los ahorros de los trabajadores.
Según los políticos de Morena, el “nuevo” INFONAVIT garantizará que la presidenta cumpla su promesa de construir en su sexenio un millón de viviendas de interés social y mejorar 500 mil más.
Sin embargo, esta meta es limitada, pues el déficit existente en el país, según la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), es de más de 9 millones de unidades. Esto implica que la reforma está lejos de resolver la problemática de vivienda para los trabajadores.
En la década de 2010, con la quiebra de las principales inmobiliarias del país, se acumuló un inventario de 5 millones de viviendas abandonadas debido a su mala calidad y ubicación. Este fenómeno, que contribuyó a la crisis del sector, no se aborda en la actual reforma, que solo representa un retorno parcial al modelo estatal previo a 1992.
Hasta antes de las reformas, el INFONAVIT operaba con una lógica financiera, invirtiendo los fondos de los trabajadores para generar rendimientos. Esto garantizaba seguridad financiera, permitía flexibilidad en el uso del ahorro y sostenía la viabilidad del Instituto. Sin embargo, limitaba el acceso a vivienda social y excluía a trabajadores de bajos ingresos.
Con la reforma, la prioridad es asignar la mayor cantidad de viviendas posibles, incluso si ello implica menores rendimientos en los ahorros. Esto permitirá mayor acceso a vivienda y reactivará el sector construcción, pero puede reducir la rentabilidad de los ahorros y comprometer la solidez financiera del Instituto.
Uno de los principales cuestionamientos es que, aunque la Auditoría Superior de la Federación supervisará a este organismo, su empresa filial podría operar con menor control.
También preocupa la reducción de la Asamblea General y el derecho de veto del director general, lo que centraliza el poder en la administración de los fondos.
En nuestra realidad, la escasez de vivienda para los sectores populares está causada por la falta de empleo estable y bien remunerado, lo que lleva al 55% de la población económicamente activa a la informalidad. Además, el alto costo de la vivienda, incluso la de interés social, sigue siendo un problema. De hecho, el INFONAVIT no financia actualmente unidades al alcance de cerca de 9 millones de sus inscritos, de donde saldrán, en parte, los 2.4 billones de pesos del fondo de cotizantes que la reforma autoriza al Estado a utilizar, con el riesgo de pérdida para los trabajadores.
Resolver el déficit de vivienda popular implica abordar cuestiones más profundas, como la estabilidad laboral, el incremento de los salarios reales y la implementación de subsidios progresivos. También es fundamental controlar el mercado de suelo y los precios de los materiales de construcción. Sin embargo, estas cuestiones estructurales no se abordan en la reforma actual, lo que pone en duda su efectividad a largo plazo.
Es positivo que más trabajadores accedan a vivienda, pero sin comprometer la estabilidad financiera del Instituto ni reducir drásticamente los rendimientos de los ahorros.
El INFONAVIT debe encontrar un punto medio: gestionar eficientemente los fondos sin descuidar su función social.
La vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas serán fundamentales para garantizar que el propósito original del organismo no se vea desvirtuado.
|
|
