En México, los datos más recientes del INEGI dibujan una fotografía alentadora: entre 2018 y 2024 más de 13 millones de personas dejaron la pobreza multidimensional, mientras que en los últimos dos años 8.3 millones lograron mejorar su situación. A simple vista, es un logro histórico, pero la euforia oficial contrasta con un mosaico social lleno de carencias que siguen marcando la vida de millones de mexicanos.
El gobierno ha colocado al salario mínimo y a los programas sociales como motores de este cambio. Y es cierto, los incrementos salariales han tenido un impacto real en los ingresos de los hogares más pobres. Sin embargo, reducir la pobreza por ingresos no significa garantizar bienestar integral: seis de cada diez mexicanos aún padecen al menos una carencia social, y más de 20% enfrentan tres o más.
La fragilidad se hace evidente en el acceso a la salud. Aunque de 2022 a 2024 hubo una ligera mejoría, el porcentaje de población sin cobertura sigue siendo 18 puntos mayor que en 2018. Esto implica que millones de familias podrían caer de nuevo en la pobreza ante un solo evento catastrófico, como una enfermedad grave.
La pobreza no solo se mide en ingresos, sino en la ausencia de derechos. La educación, la salud, la seguridad social, la alimentación y la vivienda adecuada siguen siendo inalcanzables para millones. Mientras los programas sociales funcionan como paliativos, el rezago estructural continúa presente en amplias regiones del país.
Además, los datos que sustentan estos logros generan dudas. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) presenta inconsistencias graves: subregistra las remesas casi 13 veces respecto a lo que reporta el Banco de México y reporta menos recursos de programas sociales de los que Hacienda ejerce. Esto plantea preguntas incómodas sobre la precisión de los números.
La desaparición del Coneval, organismo que durante años evaluó la política social con independencia, agrava la desconfianza. Ahora el INEGI concentra la medición, y aunque tiene prestigio técnico, la falta de contrapesos abre la puerta a que la estadística sea utilizada como propaganda en lugar de herramienta para diseñar políticas.
La experiencia internacional confirma la preocupación: salir de la pobreza estadística no equivale a movilidad social sostenida. Si no hay crecimiento económico robusto, empleo formal, educación de calidad, salud universal y seguridad social, los avances pueden evaporarse en la próxima crisis.
México está frente a un reto mayor: pasar de los números optimistas a una realidad tangible en la vida de las personas. De lo contrario, lo que hoy se presume como un éxito histórico quedará como un espejismo vulnerable.
Veracruz: cifras que engañan
Veracruz ejemplifica esta paradoja. Entre 2022 y 2024, más de 642 mil personas salieron de la pobreza y la pobreza extrema cayó en 364 mil casos, pasando de 1,078,200 a 713,900. Sin embargo, el estado sigue ocupando el cuarto lugar nacional en pobreza multidimensional: el 44.5% de su población, casi uno de cada dos veracruzanos, sigue siendo pobre.
El panorama de carencias es devastador:
● 4.8 millones de personas carecen de seguridad social (60.9%).
● 3.2 millones no tienen acceso a servicios de salud (49.2%).
● 2.09 millones presentan rezago educativo (25.5%).
● 2.3 millones carecen de servicios básicos en la vivienda (37.4%).
● 1.1 millones no tienen acceso garantizado a alimentación nutritiva (21.6%).
Estas cifras muestran que, aunque los ingresos han mejorado, los derechos sociales siguen sin garantizarse. Veracruz depende casi por completo de políticas federales, sin una estrategia local robusta que fomente la inversión o genere empleos formales.
Mientras estados del Bajío y del norte aprovechan el nearshoring, Veracruz permanece estancado. Su ubicación estratégica y recursos naturales no se traducen en desarrollo: el puerto no genera encadenamientos productivos y el campo sigue abandonado.
El discurso oficial presume avances, pero la realidad es que la pobreza en Veracruz no se combate: se administra. Cualquier shock económico o sanitario podría revertir los logros recientes.
La otra cara nacional
El panorama nacional requiere una lectura más profunda que la simple reducción de porcentajes. Sí, la pobreza multidimensional cayó del 41.9% en 2018 al 29.6% en 2024, y la pobreza por ingresos de 49.9% a 35.4%. Esto equivale a más de 15 millones de personas que lograron superar esa línea. Pero la reducción no garantiza derechos sociales ni seguridad de largo plazo.
Más de 81 millones de mexicanos aún tienen al menos una carencia social, y 27 millones enfrentan tres o más. Esto significa que millones pueden salir de la pobreza por ingresos, pero seguir sin acceso a servicios de salud, educación de calidad o seguridad social. En otras palabras, los avances no son blindajes, son apenas respiros.
El rezago educativo es un ejemplo de la lentitud del progreso: apenas 900 mil personas dejaron esa condición en seis años. Las carencias en vivienda y servicios básicos también mejoraron marginalmente, y aunque 4.6 millones lograron superar la falta de alimentación nutritiva, todavía uno de cada cinco mexicanos enfrenta inseguridad alimentaria.
Las desigualdades territoriales agravan la situación. Mientras estados como Baja California o Nuevo León muestran reducciones notables, Chiapas, Guerrero y Oaxaca siguen encabezando la lista de mayor pobreza con más de la mitad de su población afectada. Estas brechas regionales evidencian que no todos los avances se distribuyen de forma equitativa.
El papel del salario mínimo ha sido central: en el decil más pobre, 45.8% de los ingresos provienen del trabajo, mientras que los programas sociales representan apenas 23.9%. Esto demuestra que la mejora proviene más del ingreso laboral que de las transferencias. Sin embargo, la mayoría de esos empleos son informales, sin seguridad social ni prestaciones, lo que perpetúa la vulnerabilidad.
El panorama revela una conclusión incómoda: México puede mover a millones por encima de la línea de pobreza en poco tiempo, pero mientras no se garanticen derechos sociales y no exista crecimiento económico sostenido, cualquier crisis puede devolverlos a la precariedad.
Crecimiento: condición indispensable
Sin crecimiento económico, estos avances son insostenibles. México lleva casi siete años creciendo apenas 0.8% anual. Para 2025, el Banco Mundial estima 0.2%, la OCDE prevé incluso contracción, mientras el gobierno habla de hasta 2.3%.
Los salarios no pueden subir indefinidamente sin ventas, ni los programas sociales ampliarse sin ingresos fiscales. Y la inversión no llegará sin reglas claras y un Estado de derecho confiable.
En lugar de impulsar políticas productivas, el gobierno sigue financiando proyectos simbólicos como Dos Bocas, el Tren Maya o Mexicana de Aviación, mientras Pemex consume recursos desproporcionados. Con un déficit fiscal de entre 3.9% y 5.7% del PIB, y el riesgo de perder el grado de inversión, las finanzas públicas enfrentan un límite peligroso.
Los avances en la reducción de la pobreza entre 2018 y 2024 son innegables, pero las cifras también muestran que persisten carencias estructurales que amenazan con revertir esos logros. Un país donde 62.7 millones de personas carecen de seguridad social, más de 27 millones sufren tres o más carencias y la mitad de su fuerza laboral está en la informalidad, no puede conformarse con mejoras coyunturales.
Por ello, es indispensable diseñar una estrategia que no solo mantenga las tendencias positivas, sino que garantice que la salida de la pobreza sea permanente y acompañada de bienestar integral. Las siguientes propuestas parten de los hallazgos de la medición oficial y buscan atacar las causas de fondo: la desigualdad territorial, la falta de empleo formal, la precariedad en derechos sociales y la vulnerabilidad frente a crisis económicas y de salud.
No se trata únicamente de gastar más en programas sociales, sino de gastar mejor, con transparencia, evaluación constante y una visión de largo plazo. Solo así se podrá transformar una fotografía estadística alentadora en una película de desarrollo sostenido para todos los mexicanos.
Las cifras del INEGI cuentan una historia alentadora: más de 13 millones de mexicanos dejaron la pobreza multidimensional en seis años. Pero los logros, aunque significativos, siguen siendo frágiles. Más de 81 millones de personas aún padecen carencias sociales, lo que significa que la pobreza se mueve en los márgenes, pero no se elimina en el fondo.
El salario mínimo y los programas sociales fueron determinantes, pero no sustituyen un crecimiento económico sólido. Sin empleos formales, educación de calidad y un sistema de salud universal, los avances pueden revertirse rápidamente. La política social, para ser sostenible, necesita una base económica robusta.
Veracruz ilustra la fragilidad del modelo: cifras que mejoran en el papel, pero con millones de personas atrapadas en la falta de seguridad social, salud, vivienda y educación. Un estado con recursos estratégicos que, sin embargo, sigue en el cuarto lugar nacional en pobreza. La misma paradoja se repite a nivel nacional.
Además, la desaparición del Coneval y la concentración de funciones en el INEGI plantea un riesgo en materia de transparencia y confianza. Cuando la estadística se convierte en narrativa política, el peligro es que se use como propaganda en lugar de diagnóstico.
México está en una encrucijada: o consolida una política social basada en crecimiento incluyente, instituciones sólidas y evaluación independiente, o permite que los avances se conviertan en un espejismo estadístico que se diluya en la próxima crisis.
La pobreza, en cualquiera de sus formas, no se derrota con discursos ni con gráficas optimistas. Se combate con crecimiento real, empleo digno y derechos garantizados. Todo lo demás será apenas un paréntesis en una historia que exige un cambio profundo.
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